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(V. Abandonar) s. m. Acción y efecto de abandonar o abandonarse. Se usa en todas las acepciones del verbo abandonar y abandonarse. Desamparo. Descuido, negligencia. Dejadez, desaliño, desaseo. Sencillez, naturalidad.

Abandono

Legisl. Dejación o desamparo ya de personas, ya de cosas, ora de derechos, ora de obligaciones. El abandono se realiza unas veces explícitamente, ó. virtud de acto voluntario, y se supone otras veces por presunción o ficción legal.
l. ABANDONO DE PERSONAS. Es el acto Voluntario por el cual deja de prestar a una persona protección y auxilio otra que natural o civilmente debe prestárselos.
Nuestra legislación patria, así como las legislaciones extranjeras, han señalado sanción penal para este acto, que repugna a todo sentimiento humanitario. El fundamento, de todas las prescripciones legales a él referentes estriba en estos principios: los padres deben amparar a sus hijos: los hijos deben amparar y sostener a los padres: hay circunstancias en que estos deberes son de más necesario cumplimiento.
Por extensión, la obligación de no abandonar trasciende a otras personas.
Los juristas distinguen: Abandono de recién nacidos, que denominan exposición de parto; Abandono de menores de siete años, que llaman abandono de niños;
Abandono de la mujer por el marido que comete adulterio, que se estudia en Divorcio y Bigamia;
Abandono de hombre de la tripulación;
Y abandono de siervos o de esclavos, considerado como Abandono De Cosas.
Il. ABANDONO DE COSAS. Es la dejación de cosas muebles o inmuebles, bien por acto voluntario, bien por presunción de la ley.
En esta sección (y no en la anterior, referente al abandono de peronas) estudian los jurisconsultos el abandono de los esclavos, considerados como cosas; y, además, incluyen en ella la reparación de los daños producidos por animales sueltos, mirados como cosas abandonadas durante el tiempo en que estuvieron sin custodia. Partida 3. (Ley 49, tít. 28.) Si alguno arrojase de sí sus cosas muebles y las tuviese por desamparadas, adquirirá el dominio de ellas el primer ocupante, excepto el caso en que la cosa fuese siervo enfermo, pues entonces el siervo es declarado libre y no propio de quien se apodera de su persona.
Se exceptuan, naturalmente, las cosas que el dueño abandona y desampara, obligado por fuerza mayor, borrasca, ruina o incendio, casos todos en los cuales el dueño no pierde el dominio sobre ellas.
Partida 5. (Ley 26, tít. 12.) Cuando un propietario se ausenta sin encargar expresamente a nadie el cuidado de sus cosas, o bien cuando, sin ausentarse, deja de cuidarlas por negligencia, el primero que las ocupa no las adquiere como propiedad, pero le es lícito administrarlas como mandatario, con la obligación de dar cuentas al dueño. Partida 7." (Ley 22, tít. 15.) Cuando un animal, manso por naturaleza, causare daño sin culpa de su dueño, sea obligado éste a indemnizar el perjuicio causado o a entregar el animal. Exceptuase el caso en que el animal dañase porque alguien lo espantara o azuzara, pues entonces el causante es el obligado a la reparación, noel dueño del animal.
Ley 23, tít. 15, Partida 7. Quien tuviese bestia, naturalmente brava, como león, lobo o pantera, está obligado a tenerla encerrada y sujeta, de suerte que no pueda causar daño, y, de no guardarla, pagará al perjudicado el duplo del daño. Si la bestia, por descuido o negligencia del amo, hiriese a hombre libre, deberá pagar el dueño curación, intereses y principios. Caso de fallecimiento, el dueño de la bestia debía satisfacer cien maravedises de oro a los herederos del muerto, y otros ciento al fisco.
No falleciendo el lesionado, pero quedando inutil de algún miembro, el juez mandará resarcir los perjuicios en proporción a las circunstancias y cuantía del daño.
Ley 24, tít. 15, Partida 7. Si ganado de cualquier especie dañare o destrozare en heredad ajena por culpa del amo o del pastor, deben éstos satisfacer doblado el daño producido; pero, no habiendo culpa, el dueño sólo satisfará el daño o entregará el animal o ganado que lo haya producido. En ningún caso el dueño de la heredad en que esto ocurra está autorizado para maltratar ni lesionar el ganado ajeno.
No son menos explícitas las disposiciones de la Novísima Recopilación. Para el fisco son todos los bienes del que fallece sin testar y no tiene heredero en línea directa o trasversal (Ley l. \’, tít. 22, lib. 10). También se halla esta disposición en el Libro 3 del Fuero Real, ley 13, tit. 5. Toda cosa mostrenca y desamparada debe entregarse a la justicia del lugar, la cual la conservará durante un año, y, transcurrido sin parecer el dueño, la cosa será para el fisco (Ley 2. tít. 22, lib. 10, de la Novísima Recopilación.) Los ganados que se encuentran sin pastor, no han de ser considerados como mostrencos. Quien los hallare debe tenerlos de manifiesto dos meses y hacerlos pregonar en los mercados; y, si parece el dueño, deben serle entregados mediante pago de las costas de la guarda (Ley 5." tít. 22lib. 10.) Cuando alguno encontrare cosa ajena, debe ponerla a disposición y en poder del alcalde elelln17ar; y éste, a su vez, depositarla en persona idonea que la tenga de manifiesto un aiw y dos meses. Durante ese tiempo se pregonará una vez al mes en día de mercado. Si dentro de los 14 meses parece el dueño, se le entregará la cosa inmediatamente, y será de obligación de éste pagar las cuotas ocasionadas por guarda, depósito y pregones. Caso de que el que halló la cosa no hiciese las diligencias prevenidas, perderá el derecho a poseerla como mostrenca y habrá de restituirla como hurto. (Ley 4A, tít. 22, lib. 10). Con posterioridad a estas disposiciones se han dictado otras concernientes a la misma materia, entre las cuales son dignas de estudio la Real Cédula de 28 de febrero de 1768, relativa al abandono de las tierras que se regian con las aguas del Canal Imperial de Aragon y con el Real de Tauste. Conexionada con esa Real Cédula está la Real órden de 26 de junio de 1833. Lo principal de estas disposiciones (prescindiendo de trámites, requisitos y medidas de precaución) es que se consideran como abandonadas las tierras no cultivadas durante dos años. Pero las disposiciones que mantenían juzgados privativos de los Canales de Aragón, de Tauste y de Castilla, han sido derogadas, y hoy al derecho común están sometidas las tierras regadas por estos canales. (Consultese: R. D. de 22 nov. 1836;Ley de 3 ag. 1866, y R. O. de 30 oct. 1869.)
El propietario que no hace diligencias para recobrar la cosa que le pertenece y que otro posee como suya con justo título y buena fe, se presume que la abandona, y pasado cierto número de años pierde el derecho de reclamarla y el poseedor adquiere el dominio por el transcurso del tiempo. El acreedor que deja pasar cierto tiempo sin exigir el pago de una deuda, se supone que la abandona y pierde el derecho de reclamarla.
El poseedor de una finca gravada con una carga real queda libre de la carga, abandonando la finca en favor de aquel que tiene derecho a la carga. El censatario se libra del pago del censo abandonando al censualista la cosa acensuada.
Sobre abandono de bienes embargados debe consultarse la sentencia de 3 dic. de 1870. T. S. El deudor desgraciado y de buena fe que no se halla en la posibilidad de pagar sus deudas, puede abandonar sus bienes en favor de sus acreedores para librarse de las reclamaciones de éstos; lo que si mejora de fortuna, no le exime de pagar lo que los bienes no llegaron a cubrir. Abandono de bienes hipotecados. La ley hipotecaria autoriza al tercer poseedor de bienes hipotecados para desampararlos si vencido el plazo y reclamado el pago por el acreedor no lolas cosas aseguradas; entendiéndose por tal la que disminuya en tres cuartas partes el valor asegurado. Los demás daños se reputan averías.
No procede el abandono si el buque náufrago, varado o inhabilitado pudiera desencallarse, ponerse a flote y repararse para continuar el viaje al puerto de su destino, a no ser que el coste de la reparación exceda de las tres cuartas partes del valor en que estuviere el buque asegurado. Verificada la rehabilitación del buque, sólo responderán los aseguradores de los gastos ocasionados por la encalladura u otro daño que el buque hubiere recibido.
En los casos de naufragio y apresamiento, el asegurado tendrá la obligación de hacer por sí las diligencias que aconsejen las circunstancias, para salvar o recobrar los efectos perdidos y el asegurador habrá de reintegrarle de los gastos legítimos que para el salvamento hiciese.
Si el buque quedare absolutamente inhabilitado para navegar, el asegurado tendrá obligación de dar de ello aviso al asegurador por telegrafo, si es posible, y si no por el primer correo siguiente al recibo de la noticia. Los interesados en la carga o el capitán, en su ausencia, deberán practicar todas las diligencias posibles para conducir el cargamento al puerto de su destino; en este caso correrán por cuenta del asegurado los riesgos y gastos de descarga, almacenaje, reembarque o transbordo, excedente de flete, y todos los demás, hasta que se alijen los efectos asegurados en el punto designado en la póliza. El asegurador gozará del término de seis meses para conducir las mercancías a su destino, si la inhabilitación hubiera ocurrido en los mares que circundan a Europa desde el Estrecho del Suud hasta el Bósfolo, y un año si hubiera ocurrido en otro punto más lejano. El plazo se comenzará a contar desde el día en que el asegurado hubiere dado aviso del siniestro al asegurador. En el caso de que las diligencias practicadas por los interesados en la carga, capitán y aseguradores, para conducir las mercaderías al puerto de su destino fueren infructuosas y no encontraren buque en que verificar el transporte, podrá el asegurado propietario hacer abandono de las mismas.
Si la interrupción del viaje se verificase por embargo o detención forzada del buque, tendrá el asegurado obligación de comunicarla a los aseguradores tan pronto como llegue a su noticia, y no podrá usar de la acción de abandono hasta que hayan transcurrido los plazos de seis meses y un año, antes citados. Estará obligado el asegurado a prestar a los aseguradores cuantos auxilios esten en su mano para conseguir el alzamiento del embargo.
El flete de las mercaderías que se salven se entenderá comprendido en el abandono del buque, aun cuando se hubiere pagado anticipadamente, considerándose pertenencia de los aseguradores, a reserva de los derechos que competan a los demás acreedores.
Se tendrá por recibida la noticia para la prescripción de los plazos de seis meses y un año mencionados, desde que se haga publica, bien por medio de los periódicos, bien por correr como cierta entre los comerciantes de la residencia del asegurado o bien porque pueda probarse a éste que recibió aviso del siniestro porque la pérdida sobrevino después de haber terminado su responsabilidad.
Al tiempo de hacer el abandono deberá declarar el asegurado todos los seguros contratados sobre los efectos que abandona, así como los préstamos tomados a la gruesa sobre los mismos; hasta que haya hecho esta declaración no empezará a correr el plazo en que deberá serle reintegrado del valor de los efectos. Si cometiere fraude en esta declaración, perderá todos los derechos que J e competan por el seguro, sin dejar de responder por el préstamo que hubiere tomado sobre los efectos asegurados, no obstante su pérdida.
En el caso de apresamiento de buque, y no teniendo tiempo el asegurado de proceder de acuerdo con el asegurador, ni de esperar instrucciones suyas, podrá por sí, o el capitán en su defecto, proceder al rescate de las cosas aseguradas, poniéndolo en conocimiento del asegurador en la primera ocasión. Éste podrá aceptar o rechazar el convenio celebrado por el asegurado o el capitán, comunicando su resolución dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del convenio. Si lo aceptase, entregará en el acto la cantidad concertada por el rescate, y quedarán de su cuenta los riesgos ulteriores del viaje, conforme a las condiciones de la póliza. Si no lo aceptase, pagará la cantidad asegurada, perdiendo todo derecho a los efectos rescatados; y si dentro del término prefijado no manifestare su resolución, se entenderá que rechaza el convenio.
Si el asegurado se reintegrara en la posesión de sus efectos, por haberse represado el buque, se reputarán avería todos los gastos y perjuicios causados por la pérdida, siendo de cuenta del asegurador el reintegro; y si por consecuencia de la represa pasaren los efectos asegurados a la posesión de un tercero, el asegurado podrá usar del. derecho de abandono.
Admitido el abandono o declarado admisible en juicio, se trasmite al asegurador la propiedad de las cosas abandonadas, con las mejoras o desperfectos que en ellas sobrevengan desde el momento del abandono; no le exonera del pago la reparación del buque legalmente abandonado. Hecho el abandono, el asegurador deberá pagar el importe del seguro en el plazo fijado en la póliza, y no habiendose expresado término en ella, a los sesenta días de admitido el abandono.
El abandono no será admisible: Si las pérdidas hubieren ocurrido antes de empezar el viaje; si se hiciere de una manera parcial o condicional, sin comprender en él todos los objetos asegurados; si no se pusiere en conocimiento de los aseguradores el propósito de hacerlo, dentro de los cuatro meses siguientes al día en que el asegurado haya recibido la noticia de la pérdida acaecida, y si no se formalizara el abandono dentro de diez, contados de igual manera, en cuanto a los siniestros ocurridos de Europa, en los de Asia y Africa en el Mediterráneo, y en los de América desde los ríos de La Plata a San Lorenzo, y dentro de diez y ocho respecto a los demás; y si no se hiciere por el mismo propietario o persona especialmente autorizada por él, o por el comisionado para contratar el seguro. (Código de verifica el deudor. Si el tercer poseedor no paga carta o telegrama del capitán, del consignata Comercio de 22 de agosto de 1885, arts. 789 o no desampara los bienes afectos al gravamen, es responsable con los suyos propios, además de los hipotecados, de los intereses devengados desde el requerimiento judicial o por notario y de las costas que con su morosidad ocasionare. Desamparados los bienes hipotecados por el tercer poseedor, se consideran en poder del deudor a fin de que pueda dirigirse contra ellos el procedimiento ejecutivo (Ley hipotecaria, arts. 128 y 129).
Abandono de cosas aseguradas. Según el Derecho mercantil, en los seguros marítimos es abandono de las cosas aseguradas la cesión de la propiedad de la cosa hecha por el asegurado al asegurador, en los casos marcados por la ley, exigiéndole la cantidad estipulada en el contrato.
Podrá el asegurado abandonar por cuenta del asegurador las cosas aseguradas: En el caso de naufragio; en el de inhabilitación del buque para navegar por varada, rotura o cualquier otro accidente de mar; en el de apresamiento, embargo o detención por orden del gobierno nacional o extranjero, y en el de pérdida total o de algún corresponsal. Tendrá el asegurado el derecho de hacer abandono después de haber transcurrido un año en los viajes ordinarios y dos en los largos, sin recibir noticia del buque. En tal caso podrá reclamar del asegurador la indemnización, sin estar obligado a justificar la pérdida del buque; pero deberá probar la falta de noticias con certificación del cónsul o autoridad marítima del puerto de donde salió, y otra de los cónsules o autoridades marítimas de los del destino del buque y de su matrícula, que acrediten no haber llegado a ellos durante el plazo fijado.
Se reputan viajes cortos los que se hicieren a la costa de Europa y a las de Asia y África por el Mediterráneo; respecto de América, los que se emprendan a puertos situados más acá de los ríos de La Plata y San Lorenzo, y a las islas intermedias entre las costas de España y los puntos designados.
Abandono de buque. Acto en virtud del cual un armador, naviero o co-propietario de buque desampara la nave, a fin de librarse de la responsabilidad que puede pesar sobre ellos por los actos del capitán. Si la nave estuviese asegurada, este acto se ajustará a las reglas establecidas para el abandono de cosas aseguradas.
El naviero, el dueño y los copropietarios de un buque son responsables civilmente de las indemnizaciones en favor de tercero que ocasionare la conducta dAbandono De Nave o DE BUQUE, al acto del capitán de refugiarse en un bote y desamparar la embarcación, cuando perdiere toda esperanza de poder salvarla. En este caso deberá oír a los oficiales de la tripulación. Abandono de fletamento. V. Fletamento.
Abandono de mina. Puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando el propietario renuncia a la pertenencia o pertenencias que le correspondan, en comunicación dirigida al gobernador civil de la provincia. Es obligación del registrador de una mina rellenar las calicatas y cerrar los pozos que haya abierto, y participar al gobernador su determinación de abandonar la mina, bajo la multa de 250 pesetas. (Ley de Minas de 6 de julio de 1859, reformada por decretos de 4 de marzo y 29 de diciembre de 1868. Artículos 61 y 65 de la Ley y 23 del Decreto de29 diciembre de 1868.) Se supone el abandono, cuando el dueño no satisface el canon, o no cumple las condiciones de la concesión consignadas en el título de propiedad, o no ejecuta las obras de desagüe o fortificación de la mina que los ingenieros propongan y el gobernador apruebe, o no sostiene labores lo menos 183 dias al año o no hace la labor mínima que se le señale cada año. (Artículos 65 a 70 de la Ley de Minas reformada.) A las mismas reglas se ajusta el abandono de escoriales y de terreras o depósitos de minerales no fundidos, y el abandono de las oficinas de beneficio. V. Caducidad De Mina.
Abandono de mercancías. Con arreglo al artículo 687 del Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, los fletadores y cargadores no podrán hacer, para el pago del flete y demás gastos, abandono de las mercaderías averiadas por vicio propio o caso fortuito. Procederá, sin embargo, el abandono si el cargamento consistiese en líquidos y se hubieren derramado, no quedando en los envases sino una cuarta parte de su contenido.
Para los efectos de la Renta de Aduanas el abandono de mercancías es la renuncia de su propiedad hecha por el consignatario. El abandono es expreso cuando el interesado hace la renuncia en escrito dirigido al Administrador de la Aduana: es de hecho cuando consta o se deduce de actos del interesado que no dejen lugar a duelo. Se consideran abandonadas de hecho las mercancías cuando presentado el manifiesto por el capitán y designado en él el consignatario, no se le encuentre o haya fallecido sin dejar quien le sustituya, o renuncie el designado y no quieran admitir la consignación el Cónsul de la nación del cargador o el Presidente de la Junta de Comercio en el caso de ser español; cuando pasen los plazos concedidos para el almacenaje en la Aduana o para el depósito, y dados los avisos oportunos al consignatario no se presente; cuando habiéndose presentado el consignatario a hacer el despacho, verificado éste y liquidados los derechos, no acuda a satisfacerlos después de tres comunicaciones; cuando los viajeros conduzcan mercancías ocultas y no se sometan a la penalidad que se les hubiese impuesto; cuando verificado el pago de derechos no saca el interesado los géneros del almacen de la Aduana al tercer aviso, transcurrido un mes del uno al otro; y en cualquier otro caso no previsto en que la voluntad del dueño pueda inferirse tan claramente como en los cinco citados. Si el interesado acude dentro de los plazos expresados, no puede hacerse la declaración de abandono; pero pagará los derechos de las mercancías, el de los recargos en que pudiera haber incurrido, el de los gastos de almacenaje y otros cualesquiera ocasionados.
La manifestación explícita de abandono puede hacerse en cualquier tiempo desde el momento de presentarse la declaración hasta inmediatamente antes de verificar el pago de derechos. El abandono del género exime al interesado del pago de los derechos, pero no de las multas y recargos en que haya incurrido.
Pueden abandonarse todas las mercancías, excepto las estancadas y aquellas cuya importación está prohibida, respecto de las cuales debe proceder la Administración en la forma prescrita en las Ordenanzas y en las disposiciones especiales que tratan de contrabando y de la defraudación. Las mercancías no se consideran abandonadas sino después de la declaración de Administrador, prévio el oportuno expediente. Declarada definitivamente la procedencia del abandono, el Administrador se incautará de las mercancías a nombre de la Hacienda y procederá a su venta. Del producto de la venta se deducirá relativamente el importe de los derechos, de las multas y de.\\i:.\\:los gustos de almacenaje o depósito, y después cualesquiera otros a que pudieran estar afectas las mercancías. Se dará a las cantidades restantes el destino que previenen las Ordenanzas, y si no lo tuviesen especial ingresarán en el Tesoro como productos de mercancías abandonadas. Cuando se hayan declarado abandonadas las mercancías por no haberse encontrado al consignatario o por haber éste fallecido o por haber transcurrido los plazos concedidos para el almacenaje o depósito, se conservará el sobrante en la caja de Depósitos, a disposición del interesado durante dos años; pasando este período ingresará esta cantidad en el Tesoro Público. (Ordenanzas de Aduanas de 19 de nov. de 1884, arts. 221, 222, 223, 224 y 225 y Apéndice n.o 6.) El Reglamento para la cobranza del Impuesto de Consumos de 16 de junio de 1885, en el artículo l.º, dispone que las especies que permanezcan abandonadas en los depósitos más de un año se tasarán y venderán en publica subasta. Del valor obtenido se deducirán los derechos y recargos, los gastos de almacenaje y los que se cansen en las subastas; el remanente se consignará en las Cajas del Tesoro hasta que sus dueños o herederos se presenten a reclamarlo. Transcurridos cinco años sin que nadie reclame la entrega, se dará ingreso en Tesorería a la cantidad depositada (arts. 109 y l.°.)
III. ABANDONO DE DERECHOS. El menor no puede abandonar sus derechos: al mayor de edad (sui juris) es lícito abandonar sus derechos en lo civil; pero, estando interesada la sociedad en la averiguación y pena de los crimenes, no es permitido al acusador el abandono de la acción intentada, cuando el delito no es de los que sólo se persignen a instancia de parte, ni al acusado el derecho de defensa. (A esto se refieren las leyes 8, ll y 12, tít. 7, Part. 3, y 17 y 18, tít. 1, Part. 7. Consultense: ley 9, tít. 22, Part. 3; ley 6, tít. 4, lib. II, Nov. Recop.) Los funcionarios del Ministerio fiscal ejercitan todas las acciones penales que estimen procedentes, haya o no acusador privado, o en el caso de que el que las ejercita las abandone; se exceptúan los delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte interesada.
Abandono de la instancia. Se conceptúan abandonadas las instancias en toda clase de juicios y caducan de derecho, aun respecto de los menores o incapacitados, si no se insta su curso: dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare en primera instancia; de dos, si estuviere en segunda instancia; de dos, si estuviere pendiente de recurso de casación. Los términos se cuentan siempre desde la ultima notificación que se hubiere hecho a las partes. (Ley de Enjuiciamiento civil de 21 de jun. de 1880, art. 411.) V. Caducidad De La Instancia.
Abandono de apelación o recurso. Es la renuncia expresa o tácita hecha por el litigante del derecho que las leyes de procedimiento le declaran para sostener los recursos legales intentados contra las resoluciones judiciales. El desistimiento es expreso cuando se hace por escrito. Para tener por desistido al recurrente es necesario que su procurador presente poder especial o que el mismo interesado se ratifique en el escrito. Tanto en el procedimiento civil como en el criminal puede hacerse el desistimiento en cualquiera estado del recurso, pero se le condena al que lo haya intentado en las costas ocasionadas con la interposición. Si el asunto es criminal y las partes estuvieren citadas ante el Tribunal supremo para la decisión del recurso, pierde el particular que desista la mitad del depósito, si lo hubiese constituido; si es civil y el desistimiento del recurso por infracción de ley o de doctrina legal se hace antes de ser admitido por la Sala, se devuelve todo el depósito; sólo la mitad cuando se haga después de admitido y antes del señalamiento para la vista. En los recursos por quebrantamiento de forma se devuelve la mitad del depósito, cualquiera que sea el tiempo en que tenga efecto la reparación antes del señalamiento de día para la vista: señalado éste no se verifica la devolución. (Arts. 410 y 1791 de la ley de Enjuiciamiento civil de 3 de feb. de 1881, y 907 de la ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de setiembre de 1882.)
El desistimiento es tácito cuando se dejan transcurrir los términos señalados para preparar, interponer o mejorar cualquier recurso sin haberlos utilizado, o cuando el apelante no se persona en forma ante el Tribunal Supremo dentro del término del emplazamiento: en el primer caso se da por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución judicial a que el recurso se refiere, sin necesidad de declaración expresa; y en el segundo se declara desierta la apelación, sin necesidad de que se acuse la rebeldía, y de derecho queda firme la sentencia o auto apelado, sin ulterior recurso. (Arts. 408 y 840 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 228, 866,878 y 926 de la ley de Enjuiciamiento criminal.)
Abandono de querella. Es el desistimiento de la acción criminal comenzada a ejercer contra alguno en juicio. Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el juez o el tribunal así lo hubiese acordado. También se tendrá por abandonada la querella cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la citación que al efecto se les haga dándoles conocimiento de la querella. (Artículos 275 y 276 de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de set. de 1882.)
Abandono de pleito contencioso o administrativo. Se tiene por abandonado el litigio cuyo curso se detenga un año por culpa de las partes. (Consultense: R. D. de 20 jun. 1858; Sent. del Consejo de Estado de 29 jun. 1862.)

IV. ABANDONO DE OBLIGACIONES.
Abandono militar. Acto de separarse de sus banderas, cuerpo o puestos militares cualquier individuo del ejército o de la armada, sin permiso de sus jefes.
En todo tiempo ha sido considerado como el mayor delito, excepto el de traición, que puede cometer un individuo de la milicia, desde el soldado al general. Ya en tiempo de los egipcios se castigaba con el mayor rigor esta clase de abandono. En la táctica del emperador León se lee: Sea castigado con muerte el que abandonare una ciudad o un fuerte o viéndose obligado por falta de víveres, o el que abandonare su cuerpo o huyere del campo de batalla; y sea diezmada la primera porción de tropa que sin motivo abandonare el campo.Tres clases de abandono castiga el Código Penal Militar de 17 de noviembre de 1884. El que abandonare sus banderas para ir a formar parte del ejército enemigo será castigado con la pena de muerte y degradación militar (Art. 94). El que mandando guardia, patrulla, avanzada o cualquiera fuerza en servicio de armas, al frente del enemigo o rebeldes o sediciosos abandonare su puesto, incurrirá en la pena de muerte. Si el abandono se verificare en campaña o lugar declarado en estado de guerra, y no se hallare comprendido en el caso anterior, será castigado con la pena de reclusión militar temporal. En todos los demás casos se castigará con prisión militar correccional a prisión militar mayor (Art. 129). En las mismas penas, respectivamente señaladas en el art. anterior, incurrirá el centinela que abandonare su puesto (Art. 130). Cualquiera otro militar que abandonare los servicios señalados en el art. 129 será castigado: 1.º con la pena de reclusión militar temporal a muerte, si lo ejecutare al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos. 2.º con la prisión militar mayor cuando el abandono se verificase en campaña o lugar declarado en estado de guerra y no estuviere comprendido en el caso primero. 3.º con la de arresto militar o prisión militar correccional en los demás casos (Art. 131). También comete una especie de delito de abandono militar el desertor, del que se tratar´ en el artículo Deserción.
Con arreglo a las Ordenanzas de la Armada de 1748, hoy vigentes, el que en naufragio, incendio u otro conflicto en que la nave pueda hallarse, faltare al puesto o abandonase el trabajo a que le hayan destinado sus superiores, será sometido a Consejo de Guerra y castigado a proporción de las resultas de su desobediencia; según las circunstancias podrá extenderse hasta la de muerte. El soldado que estando de centinela a bordo abandonare su puesto, será pasado por las baquetas y condenado a cuatro años de destierro al arsenal; pero si el abandono fuere malicioso con el fin de facilitar deserción o desorden, será pasado por las armas.
El sargento, cabo, tambor o soldado que abandonare la compañía o brigada en que se hubiese empeñado, aunque sea para sentar plaza en otra, sin licencia en debida forma del Inspector o superior a quien pertenezca darla, será pasado por las armas. (Arts. 29, 42 y 47 de las Ordenanzas.) La R. O. de 24 de setiembre de 1776 dispone que todo comandante de guardia, sea oficial, sargento o cabo, que en tiempo de guerra abandonare la guardia, sufra la pena de muerte, y en tiempo de paz, privación de empleo, separación del servicio y seis años de presidio; que el soldado que en tiempo de guerra la abandonare, sufra la pena de muerte, en el de paz seis años de presidio, sujetando a esta pena al sargento o cabo que no sean jefes de guardia y cometan este delito.
Las RR. OO. de 14 de agosto de 1817, y 11 de enero de 1868 establecen que todo oficial, de cualquiera graduación que sea, que abandonando sus banderas o destino vaya a la Corte sea privado de su empleo, sin perjuicio de aplicarle la pena a que se haya hecho acreedor según las circunstancias que concurran en el caso. Establecen también que no pueda ser alta definitiva hasta que recaiga real resolución en los procedimientos.
Abandono de destino. Dejación de un empleo sin licencia del jefe o sin previa admisión de renuncia presentada.
El empleado que abandona el destino incurre, por regla general, en responsabilidad exigible ante los tribunales, más o menos grave según las circunstancias.
El Código Penal de 1870 castiga con la pena de suspensión en sus grados medio y máximo al funcionario público que, sin habérselo admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño de la causa publica. Si el abandono de destino se hiciere para no impedir, no perseguir o no castigar los delitos contra la seguridad exterior del Estado o contra la Constitución. se impondrá al culpable la pena de prisión correccional en su grado mínimo al medio, y la de arresto mayor, si tuviere por motivo el no impedir, no perseguir o no castigar cualquiera otra clase de delito (Art. 387). Los empleados que, sin habérselos admitido la renuncia de su cargo, lo abandonaren cuando haya peligro de rebelión o sedición, incurren en la pena de inhabilitación especial temporal (Art. 261). Jurisprudencia.
Es responsable del delito de abandono de destino con daño de la causa publica, el maestro de instrucción primaria que con pretexto de que no se le paga, se ausenta del pueblo sin permiso ni autorización del Alcalde, dejando cerrado el edificio de la escuela. (S. de 7 de mayo de 1874.\’l.\’. S.) Incurre en el delito de abandono de destino el notario que se ausenta del pueblo donde ejerce su cargo, sin autorización competente, con objeto de evitar las penalidades que se le habían impuesto en causa que se le seguía por falsificación de documentos públicos. (S. de 14 de noviembre de 187.6. \’l.\’. S.) Las leyes españolas castigan con más rigor el abandono de destino en tiempo de epidemia que en circunstancias normales. Durante las epidemias que en el presente siglo han azotado a España, han dictado los gobiernos Reales Ordenes y otras disposiciones encaminadas a evitar que los empleados públicos abandonaran sus puestos.
Se adoptaron medidas severas, en particular contra los profesores titulares de medicina. Por la R. O. de 28 de junio de 1834 se prohibe a los empleados ausentarse de los puntos donde se haya manifestado la epidemia, sin mandato de sus jefes y a éstos expedirlo como no sea para objetos interesantes del servicio; y se declara vacante el empleo de cualquiera individuo que solicitare licencia para separarse del pueblo en que lo desempeña, desde el momento en que se haya presentado en él la enfermedad, hasta que por la autoridad se declare su estado de perfecta salud.
La R. O. de 19 de julio de 1855 dispone: que los profesores titulares U.e medicina no podrán abandonar el pueblo de su residencia en caso de epidemia; que no podrán ausentarse los médicos que cobren sueldo del Estado o U.el presupuesto municipal o provincial; que los que abandonen sus puestos perderán esos sueldos, sin prejuício de sufrir las penas que el Código prescribe.
El 4 de agosto de 1855 se dictó una R. O. previniendo a los empleados, dependientes del Ministerio do Gracia y Justicia, que no abandonen las Poblaciones en que tengan fija su residencia si fueren acometidas por el cólera, y encargando a las autoridades municipales que si el Juez de instancia o Promotor fiscal se ausentasen, lo participen al Regente de la Audiencia y en el mismo día eleven parte al Ministerio.
El art. 73 de la ley de sanidad de 28 de noviembre de 1855 dice: Al facultativo titular que en época de epidemia o contagio abandonase el puesto de su residencia, se le privará del ejercicio de su profesión por tiempo determinado, a juicio del Gobierno, con arreglo a las causas atenuantes o agravantes que concurran, oyendo siempre al Consejo de Sanidad.En la R. O. de de abril do 1856 se ordena a los gobernadores de provincia que, para probarlas faltas que cometan los médicos de los pueblos que los abandonen en caso de epidemia, formen expediente en el cual se hagan constar: 1.º La queja que motiva el procedimiento; 2.º El sumario que, sobre el proceso, deberá practicar el alcalde del pueblo en que haya ocurrido; 3.º El dictámen del ayuntamiento acerca del mismo; 4.º La copia testimoniada del contrato celebrado entre la corporación municipal y el facultativo; y 5.º Una declaración prestada por éste en que dé la explicación que estime de su conducta, y presente sus descargos, a la cual acompañen los documentos justificativos que juzgue oportunos. El expediente se remitirá al Gobierno para que dicte la resolución que corresponda, oyendo previamente al Consejo de Sanidad.
Abandono de beneficios eclesiásticos. Es muy complicada la legislación referente al asunto; pero casi toda tiene por objeto señalar los casos en que se presume el abandono. Presúmese por ausencia, por residencia en lugar distinto del en que ha de servirse el beneficio, por desamparo de la cura de almas, por retención a un tiempo de muchos beneficios incompatibles, por resistencia a vestir traje honesto, por contraer matrimonio ó hacerse soldado o cómico juglar….
Todas estas clases de abandono llevan consigo la pérdida del beneficio (según las leyes 16 y 17,tít. 16, part. 1; ley l."y 2.", tít. 15, lib. I, Nov. Rec.; capítulos 1 y 2, sesión 6.; 4 y 5 sesión7. y 1 y 14, sesión 23 del Concilio de Trento, y ley l.", tít. 11, lib. I, de las leyes de Indias.
Consultese el R. D. de 5 ag. de 1869 sobre el abandono de beneficios de los eclesiásticos unidos al levantamiento carlista, y la sentencia del Tribunal Supremo de 26 jul. 1871, apoyada en las leyes 1, 5, 7, 8, 9 y 10, y las notas 4 y 7 del título 8, la 23 y nota 25 del l. 0, de la Nov. Recop.
Abandono al brazo seglar. Es el acto en virtud del cual el juez eclesiástico, después de haber juzgado a un delincuente de su fuero y dictado sentencia con arreglo a las leyes canonicas, hace entrega del reo a la jurisdicción civil, para que ésta le imponga, según los casos, el castigo que la ley común determine.
Decretada en 6 dic. 1868 la unidad de fueros, no es ya posible este abandono al brazo seglar, pues hoy sólo la jurisdicción ordinaria entiende de los crímenes de los eclesiásticos.
Abandono de religión. V. Apostasía.
Abandono de la gracia: Teol. Los libros sagrados contienen algunos pasajes, de los cuales parece deducirse que Dios abandona a pecadores determinados y aun a naciones enteras.
En la interpretación de estos pasajes disienten los teólogos.

s. m. Alistamiento o inscripción de un buque extranjero en la matrícula nacional, aceptando todas las obligaciones y gozando de todos los beneficios de los buques nacionales.
Así, pues, el abanderamiento para los buques viene a ser lo que la naturalización o nacionalidad para las personas; pero ésta no tiene más limitación que la voluntad de los que quieren reclamarla, mientras aquél ha estado limitado por las leyes.

Abanderamiento

Mil. Alistamiento de gente para levantar tropas en defensa de alguna causa.

Abanderamiento

Leg. Dos sistemas han venido luchando en España en materia de abanderamiento: el proteccionista, en favor de la construcción naval española, y el de libre compra, en favor del comercio nacional.
Los buques de propiedad de un extranjero nunca han sido abanderables en España; pero, en cuanto a los comprados por españoles a extranjeros, han regido los dos sistemas: el proteccionista, articulado en 1790 y en la Ordenanza de 1802; y el de la libertad casi completa formulado en el decreto de 22 nov. 1868, después de la revolución de Septiembre.
A poco de autorizarse el abanderamiento por las ordenanzas de matrículas de 1802, se dictaron restricciones que hicieron dificilísima la importación de naves: en 1818 se dispuso que era necesario el real permiso para cada buque construido en el extranjero y la intervención del cónsul español. El 30 de diciembre de 1827 se prohibió en absoluto el abanderamiento.
El Código de comercio de 1829 declaró que era lícita a los españoles la compra de buques construidos en el extranjero, y que podía navegarse en ellos con los mismos derechos y franquicias que si hubieran sido siempre nacionales. El artículo 590 castigaba con la pena de confiscación de la nave la reserva fraudulenta hecha a favor de un extranjero en el contrato de adquisición. La ley de 28 de octubre de 1837 derogó el artículo 590 del Código de comercio, prohibió la compra de buques extranjeros para el servicio del Estado, dispuso que no se admitiese la matrícula de buques mercantes de construcción extranjera y que sólo pudieran abanderarse los construidos en los dominios de España y las presas. Prohibió también que los buques se carenasen en países extranjeros, a no ser en los casos de gruesa avería sufrida en la mar por temporal o abordaje, de varada en costas o puerto extraño y de haber permanecido el barco dentro de un puerto de otra nación cuando menos un año: se necesitaba justificar en todos estos casos, ante el cónsul español, que no era posible regresar a España sin carenar la nave. Se imponían grandes molestias a los propietarios y capitanes para conseguir la carena de buques. Como entonces no había en España fábricas de máquinas de vapor, se permitió que entraran libres de todo derecho las necesarias para los barcos construidos en España.
La Junta de autoridades de Cuba suspendio la ejecución de la ley de 1837, y en la R. O. de 22 de mayo de 1842 se resolvio que, tanto en Cuba como en Puerto Rico, se llevase a efecto la citada ley. Lo mismo se dispuso en la R. O. de 21 de noviembre de 1846.
El cónsul de España abanderó interinamente, habilitándola con pasavante para que se restituyese a su antigua matrícula de la Habana., la fragata Comercio, vendida ilegalmente y llegada a Londres con bandera y patente peruanas; el cónsul consideró el buque como usurpado a la marina española. Con este motivo se dictó la R. O. de 3 de agosto de 1847, en la que se aprobó el abanderamiento y se advirtió a los cónsules que no se hallaban autorizados para habilitar con pasavantes a los buques de construcción extranjera, porque por regla general los buques extranjeros sólo pueden abanderarse con el pabellón español después de haberse matriculado en uno de nuestros puertos, si tienen las circunstancias que previenen las leyes y satisfaciendo los derechos que están establecidos. Por R. O. de 7 de enero de 1848 se permitió el abanderamiento de todo buque de hierro de construcción extranjera, siempre que fuera de vapor; si fuese de vela había de obtenerse permiso especial para cada uno.
A consecuencia de haber consultado el capitán general de Marina del departamento de Cadiz si debería entregarse a su rescatador, libre de todo gasto, una balandra inglesa encontrada sin tripulación en las aguas de Ayamonte, se dictó la R. O. de 4 de mayo de 1848, oída la Sección de Marina del Consejo real, resolviendo que en lo sucesivo se tuvieran presentes las siguientes reglas: l.º Si no pudiese averiguarse la procedencia y nacionalidad del buque se lo debe considerar como español; y 2.º Si se conociese la nación a que pertenece, se entregará al juez conservador de extranjería; pero si el juez conservador no pudiese satisfacer los gastos de que debe responder el buque, porque los verdaderos dueños se desentendiesen o hiciesen abandono, deberá venderse en publica subasta; y si el comprador desea matricularlo y abanderarlo, debe accederse a sus deseos, siempre que pague los derechos de introducción y un tercio más si la nave no excede de 400 toneladas.
La ley de 17 do julio de 1849, reformadora de los aranceles de Aduanas, prohibió la entrada de embarcaciones de madera que midieran menos de 400 toneladas.
La ley de 1837 tuvo muchas excepciones: la ley de Aranceles de 1841 y la ya citada de 1849, prohibían solamente la introducción de embarcaciones de madera que midiesen menos de 400 toneladas, contándose en ellas el local de la maquinaria, según la R. O. de 18 de agosto de 1853, que se hizo extensiva a los vapores de hierro por la de 31 de agosto de 1876. Se concedio por gracia especial el abanderamiento de seis vapores de madera de menos de 400 toneladas; se autorizó el abanderamiento de un bergantín inglés, también de menos de 400 toneladas, y se permitió, como ya queda dicho, la matrícula de todo buque de hierro de construcción extranjera, siendo de vapor.
La R. O. de 30 de marzo de 1848 renovó la prohibición de carenar buques españoles en países extranjeros, y advirtió a los cónsules que si se viesen en la necesidad de permitir la reparación de buques españoles fondeados en puertos extranjeros, que interviniesen en todos los gastos y dieran cuenta para exigir al capitán y dueño del buque mancomunadamente, los derechos que habrían devengado a su introducción en España los artículos empleados en la reparación, y además una multa equivalente al duplo de aquellos derechos y al tercio del coste que hubiese tenido la mano de obra. Esta multa sería repartible entre el cónsul y la Marina, correspondiendo dos partes a ésta y una a aquél. Tan restrictiva disposición se dejó sin efecto por R. O. de 2 de julio de 1849, en la que se dispuso que todo buque español que sin necesidad urgente, declarada por el cónsul, recibiese carena en puerto extranjero p hiciese más obras de reparación o recorrido que las puramente indispensables para regresar sin riesgo a un puerto del Reino, se entendiese que renunciaba al beneficio de bandera.
Con el objeto de facilitar la matrícula y abanderamiento de los buques extranjeros se autorizó a los comandantes de las provincias marítimas para acordar el abanderamiento provincial, en los casos en que no se presentara dificultad, dejando la aprobación definitiva a las Autoridades de los departamentos y apostaderos. En la R. O. de 22 de julio de 1865 en que esto se dispuso, se compendiaron las reglas generales que debían guardarse para el abanderamiento de buques. Podían matricularse las embarcaciones extranjeras de más de 400 toneladas; los vapores de casco de hierro, de cualquiera capacidad; los que a consecuencia de naufragio fuesen comprados en publica subasta por españoles; los que teniendo más de 100 toneladas se hubiesen invertido en carenados mil reales por tonelada; los buques aresados al enemigo o que procedieren de trafico ilícito, adquiridos en remate público; y los encontrados en aguas españolas sin gente y sin que fuera posible averiguar su nacionalidad. Para nacionalizar las embarcaciones extranjeras de madera cuya capacidad excediese de 400 toneladas, y los vapores de casco de hieno, había de hacerse constar: la adquisición por españoles, el pago de derechos de arancel y las dimensiones de arqueo con el detalle de las circunstancias del buque, según certificación del encargado al efecto por la Autoridad de Marina. Si el abanderamiento se verificase en Filipinas, el arqueo había de hacerse precisamente por el constructor del arsenal de Cavite, según R. O. del 27 de marzo de 1848.
En las nacionalizaciones de buques náufragos se había de presentar: testimonio del remate; justificación del motivo o suceso que hubiese producido la pérdida, instruida en el juzgado de marina que conociere del naufragio; acta detallada del justiprecio pericial y certificado del pago de los derechos de introducción.
Para nacionalizar los buques capturados al extranjero y los encontrados sin dueño era suficiente: acreditar la compra en publica subasta y el pago de los derechos de introducción.
En todos los casos se necesitaban justificantes de ciudadanía o de naturalización de los adquirentes, los cuales habían de otorgar, con arreglo a las ordenanzas de matrículas, escritura de fianza con obligación de no volver a enajenar la nave a extranjeros en todo, o en parte con el objeto de evitar la simulación de bandera.
La legislación sobre abanderamiento ha sufrido radical reforma por el Decreto de 22 de noviembre de 1868, elevarlo a Ley poco después. Del antiguo sistema restrictivo para el abanderamiento de buques extranjeros y para la carena de naves españolas en puertos de otras naciones, se pasó al de la más amplia libertad. Dice así la parte dispositiva:
Art. 1.º Se permite la introducción en los dominios españoles de buques de todas clases, tanto de madera como de casco de hierro, mediante el abono de los derechos siguientes: Los de madera hasta la cabida de 100 toneladas de un metro cubico, pagarán por tonelada métrica 130 reales. Los de 101 a 300 toneladas 100 reales por cada una. Los de casco de hierro, de cualquier cabida que sean, 50 rs. por tonelada.
Art. 3.º Todo buque español podrá carenarse y recorrerse libremente en cualquier punto extranjero.
Art. 4.º Los dueños de buques españoles podrán libremente venderlos o hipotecarlos a nacionales o extranjeros.
Art. 13. Los materiales de todas clases que se importen del extranjero para la construcción, carena o reparación de buques de hierro o madera, cualquiera que sea la cabida de éstos, los efectos elaborados necesarios para su armamento y los materiales que se introduzcan para la construcción de las máquinas y calderas de vapor marinas; cualquiera que sea el sistema y fuerza de dichos aparatos, pagarán los derechos, que les señale el Arancel de Aduanas; pero les serán devueltos a los constructores y fabricantes, a petición suya, cuando acrediten la introducción e inversión de dichos materiales y efectos en las referidas construcciones o reparaciones de buques, máquinas o calderas.Tales son las disposiciones relativas de abanderamiento de buques que contiene el Decreto Ley de 22 de noviembre de 1868, el cual se hizo extensivo a Filipinas por disposición del Ministro de Ultramar de 23 de diciembre del mismo alío, y a Cuba y Puerto Rico por decreto de 3 de diciembre de 1869.
El 23 de agosto de 1870 se dictó una disposición sobre el despacho o abanderamiento de buques náufragos. Ha venido a constituir esta disposición el art. 237 de las vigentes Ordenanzas de Aduanas (19 de noviembre de 1884). Después de enumerar los requisitos que ha de cumplir el dueño o adquirente de un buque náufrago, si se propone rehabilitarlo para la navegación, dice: Averiguado el valor del buque, se fijarán los derechos que ha de pagar para ser abanderado por medio de la siguiente proporción: el valor del buque rehabilitado es a los derechos de arancel que le corresponden según su tonelaje, como el valor que tenía antes de rehabilitarse es al cuarto término, que expresará los derechos que deban exigirse. Si la diferencia entre este término y los derechos íntegros de arancel no llega al 10 por 100, se cobrarán íntegros los derechos, y si pasa del 75 por 100 se exigirá el 25 por 100de dicha totalidad. Sobre el modo de practicar los arqueos se dictaron algunas disposiciones que se examinarán al tratar de la palabra ARQUEO.
El arancel vigente de Aduanas de 23 de julio de 1882, señala a la importación de embarcaciones los siguientes derechos por cada tonelada que midan: Embarcaciones de madera hasta la cabida de 50 toneles de arqueo, 40 pesetas. Embarcaciones de la misma clase desde 51 a 300 toneles 26 pesetas. Desde 301 toneles de arqueo en adelante, 14 pesetas. Buques de casco de hierro o acero y de construcción mixta, de cualquier cabida, 12\’50 pesetas (Partidas 227 a 230).
El apéndice 32 de las Ordenanzas de Aduanas vigente contiene la instrucción para justificar la inversión de materiales en construir o reparar buques, calderas y máquinas de vapor marinas, y devolver los derechos de Aduanas satisfechos, como dispone el Decreto-Ley de 22 de noviembre de 1868; y para la exacción de los derechos correspondientes a los materiales invertidos en la reparación de buques en el extranjero, y a las toneladas de cabida que hubieren aumentado. El apéndice 33 dicta en la segunda parte las reglas que han de observarse para el abono a los constructores de buques nacionales de la prima de 40 pesetas por cada tonelada de arqueo, que les corresponde con arreglo a la Ley de 25 de julio de 1880.
El Código de Comercio desenvuelve en el título l.o del libro 3.o la doctrina del Decreto-Ley de 22 de noviembre de 1868. (Consultense los artículos 573 a 585.) Por Decreto de 26 de octubre de 1868, se permitió a los cónsules expedir pasavantes para que los buques adquiridos por españoles en el extranjero pudieran enarbolar provisionalmente bandera española en su viaje a la Península con objeto de abanderarse; pero necesitaban la previa autorización del Ministerio de Marina en cada caso. La R. O. de 5 de febrero de 1870, autorizó a los cónsules de España para expedir pasavantes sin permiso del Ministerio de Marina; pero sólo para un puerto de la Península o de Ultramar, dando cuenta en el acto al Ministerio de Estado, y avisando al mismo tiempo a la autoridad de Marina del punto a donde la nave se dirija.
Es interesantísima la cuestión contencioso administrativa que se debatió ante el Consejo Real, sobre indemnización de buque abanderado y apresado; la resolución del Consejo sienta importantes doctrinas acerca de la materia.. Durante la guerra entre Francia y Rusia se refugió en Cadiz la fragata rusa Luisa: el capitán, por temor de caer en manos de los cruceros franceses, la puso en venta y fue adquirida por el Sr. López Bustamante, a pesar de que el cónsul de Francia había comunicado al comercio de aquella plaza la resolución de su Gobierno de no reconocer la validez de las ventas de buques enemigos realizadas después de comenzar las hostilidades.
El comprador solicitó y obtuvo el abanderamiento de la fragata, la cual se inscribió con el nombre de Valentina. Duró el expediente de matrícula mucho tiempo, a consecuencia de las comunicaciones que mediaron entre los gobiernos de España y Francia, sobre la validez de las ventas de naves rusas efectuadas después del comienzo de la guerra; y, por fin, se resolvio abanderar la fragata. Hizo su primera salida de Cadiz en dirección a Santander, y a las pocas millas de aquella ciudad fue apresada por los cruceros franceses y declarada buena presa por los tribunales de la nación vecina.
El propietario pidió que le indemnizara el Tesoro público español, en vista del fallo del tribunal francés: denegada la reclamación por R. O. de 10 de abril de 1856, recurrió el interesado a la vía contenciosa ante el Consejo Real, el que confirmó la R. O. apoyándose en los siguientes considerandos: Que no hay ley, contrato o disposición administrativa que imponga al Gobierno la obligación de indemnizar.
Que no se ha demostrado que la autorización para la matrícula y abanderamiento de la fragata Valentina lleve, ni a un implícitamente, sobreentendida la obligación en el Gobierno de indemnizar al dueño del buque matriculado, de ningún género de perjuicios que le sobrevengan.
Que la obligación del Gobierno de proteger a todo buque abanderado con su pabellón, como a cualquiera otra propiedad española, obrando o reclamando, según permitan las consideraciones que el mismo ha de apreciar en cada caso para obtener reparación de los agravios que puedan inferírsele, ha sido cumplida y continua cumpliéndose con interés y perseverancia.Se dijo en la R. O. que el interesado podía gestionar ante Francia la indemnización y que el gobierno español apoyaría con eficacia las reclamaciones que hiciera.
Según la resolución del Consejo Real de 24 de julio de 1857, el abanderamiento y matrícula de nave que haya pertenecido a nación que se halle en guerra, no impone al gobierno la obligación de indemnizar al propietario, si la otra nación beligerante no reconoce el cambio de nacionalidad del buque y lo apresa. V. Buque, Arqueo y Cónsul.