Abdicacion

s. f. El acto de renunciar voluntariamente a un puesto o dignidad, o a las comodidades del lujo o de la fortuna.

Abdicación

s. f. Dejación y abandono de un credo político; como cuando se dice: nos uniremos a nuestros afines, pero sin ABDICACIÓN de ninguno de nuestros principios políticos.

Abdicación

Legisl. La acepción jurídica del vocablo abdicación tiene que ser estudiada en dos conceptos generales: l.º En sus relaciones con el derecho civil; 2.º En sus relaciones con el derecho público.

L. De La Abdicación En Sus Relaciones Con El Derecho Civil

Sus casos pueden reducirse a dos grupos: a) Abdicación de la familia (nunca en uso entre nosotros); b) Abdicación del estado civil (prohibida en nuestras leyes);

A) Abdicación De La Familia

En lo antiguo era el acto por el cual un padre separaba a un hijo de sí y de su familia.
El origen de esta clase de abdicación se remonta a la historia de la antigua Grecia. Las causas que la motivaban eran la desobediencia del hijo o su falta de respeto o de consideración para con el padre, o la conducta libre y disipada.
Para la validez legal de esta abdicación eran necesarias ciertas formalidades: el padre había de presentarse a los magistrados y hacer constar ante ellos las causas que le movían a expulsar al hijo del seno de la familia.
Semejante declaración eximía al padre de todas sus obligaciones respecto al hijo abdicado, y podía ya arrojarlo de su casa, despojado de sus vestidos y sin derecho a la herencia. Pero el padre tenía siempre derecho a anular los efectos de su abdicación.
Podía ser temporal la abdicación; tenía ésta por objeto observar el padre si el hijo se corregía de sus vicios y cumplía con sus deberes.
Esta clase de abdicación no estuvo en uso entre los romanos, ni en nuestro país ha sido nunca autorizada; antes bien las leyes han creído que jamás cesan las obligaciones de los padres para con los hijos y su abandono se ha considerado siempre como delito. V. Abandono.

B) Abdicación De Estado

Era en Roma la renuncia que el hombre libre hacía de su condición para pasar a la de esclavo; y la del ciudadano que abdicaba el derecho de ciudadanía y los privilegios que concedían las leyes al que gozaba de ella.
En los países donde no es conocido el estado de esclavitud no existe ni puede existir esta clase de abdicación. Se da algunas veces el caso de que el ciudadano deje de estar en el uso de sus derechos políticos; pero esto sucede solamente cuando por sentencia de los tribunales se impone esa privación.

Ii. De La Abdicación En Sus Relaciones Con El Derecho Público

a) Abdicación de dignidades y cargos públicos.
b) Abdicación de la Corona del Imperio, del Pontificado y de la Presidencia.
c) Abdicación de la patria.

A) Abdicación De Dignidades Y Cargos Públicos

Entre los romanos abdicatio significaba el acto de dimitir un cargo antes de terminar el tiempo señalado para su desempeño. Así, los dictadores, los pretores, los cónsules, y en general los magistrados todos, podían abdicar sus respectivas funciones. La costumbre hizo extensiva esta facultad a toda clase de puestos elevados y a toda especie de dignidades.
Sucedio al principio, y la costumbre le dio como fuerza de ley, que cuando se trataba de destituir a un funcionario elevado, o de privarle de su jurisdicción y autoridad, se anticipaban ellos a deponer sus cargos, con lo que resultaba a salvo su buen nombre y el decoro de su categoría. Habla Cicerón en su libro De Natura Deorum, a este propósito, de un caso muy curioso: habiendo manifestado los augures al Senado que convenía la dimisión de este alto cuerpo, todos los senadores abdicaron.
Esta costumbre de los romanos subsiste vigorosa y arraigada en casi todos los países modernos, donde son muy contados los casos en que se destituye a un funcionario de cierta categoría; porque lo usual es invitarle a que presente su dimisión, que en seguida se le admite.
∞∞b) Abdicación de la Corona, del Imperio, del Pontificado y de la Presidencia∞∞∞Es la dejación voluntaria de la dignidad real y del ejercicio del poder supremo propio del monarca, así como la renuncia del Imperio, del Pontificado, de la dictadura y de la presidencia en las repúblicas.
Si tratándose del simple ciudadano es de derecho natural la facultad inherente en todo funcionario de renunciar a sus cargos y dignidades, en opinión de muchos legistas no es potestativo a los Jefes del Estado llevar a cabo la abdicación del supremo poder.
En opinión de algunos escritores no debe confundirse la abdicación con la renuncia: la primera se refiere al poder supremo que se posee; mientras la segunda se aplica a la dignidad real que se espera, pero que no se posee todavía. Así pues, no quieren considerar como abdicación la renuncia que hizo del trono la reina de Castilla doña Berenguela, al ser llamada a suceder a su hermano D. Enrique, movida por su modestia o por el amor entrañable que profesaba a su hijo el rey de León D. Fernando, cuyas sienes deseaba ver ceñidas con ambas coronas (véase más adelante).
Pero la historia no confirma estas diferencias de acepción. Felipe V de Barbón empleó la palabra renuncia, así refiriéndose a los derechos que creía tener al trono de Francia, que no había ocupado aún, como al poder real de España, del cual se desprendió en favor de su hijo Luís.
Sostienen otros publicistas que la abdicación se diferencia de la renuncia, por sus efectos. Creen que la abdicación no es más que la cesión de un usufructo, o sea el traspaso de la corona durante la vida de la persona en cuyo favor se ha hecho el traspaso; de modo que al abdicante le quedan reservados sus derechos absolutamente, y entre ellos el de la reversión de la corona, en el caso de fallecer o ser depuesto aquel en quien abdicó. La renuncia, por el contrario, implica desapoderamiento absoluto de la cosa renunciada y de sus derechos de reversión próxima o remota.
Esta distinción formulada por Monje en su Tratado histórico sobre renuncias y abdicaciones ni es exacta ni ha tenido jamás realidad. Ni la corona, ni la nación son patrimonio de los reyes. No pueden estar los pueblos a merced de los caprichos de las personas reinantes; si tal doctrina prevaleciera y se admitiese en alguna nación, sería germen de permanentes guerras civiles. La razón, el bien del Estado y el orden público exigen que las abdicaciones sean irrevocables. Además, las constituciones o leyes fundamentales de cada nación establecen las líneas y grados de personas llamadas a suceder en la Corona y el orden de llamamiento. Esto en las monarquías hereditarias, que son la mayor parte; en las electivas, el pueblo recobra la soberanía que había delegado en el monarca o Jefe del Estado y nueva designación de la persona que debe desempeñar tan elevado cargo. No falta quien opine que extinguida la dinastía debe el monarca abdicante ceñirse de nuevo la corona. Más racional es que, llegado este caso, haga el país nueva designación.
Distingue algún publicista la renuncia de la abdicación, en que la primera se refiere a los derechos del que la efectúa y trasciende a toda la dinastía, en tanto que la abdicación se limita en sus efectos a la persona abdicante.
Carecen de fundamento histórico y científico todas estas distinciones. En España se usaron indiferentemente las palabras abdicar y renunciar, tratándose de la corona. El Diccionario de la Academia no establece fundamental diferencia: Abdicar es: Ceder o renunciar voluntariamente el dominio, la propiedad o algún derecho. Usase principal y exclusivamente hablando de las dignidades soberanas.)) Renuncia es: Dimisión o dejación voluntaria de una cosa que se posee, o del derecho a ella.)) La única diferencia que pudiera señalarse es la de que la abdicación es respecto de la renuncia, lo que la especie es respecto del género. De ordinario la abdicación es la renuncia de la dignidad real o de la jefatura del poder supremo: la renuncia es específicamente abdicación.
Más importante es la distinción entre abdicación y resigna o resignación de la corona. La resigna es la renuncia en favor de una persona no llamada a sentarse en el trono por la ley fundamental. A este orden pertenece la renuncia hecha por Fernando VII y su padre Carlos IV en favor de Napoleón. Suelen hacerse estas resignas bajo la presión de la persona en cuyo favor se renuncia y, careciendo de libertad el abdicante, adolece la resigna del vicio de nulidad. Nula es también la resignación, porque en las monarquías hereditarias. la ley hace el llamamiento del sucesor, y el monarca no puede variar la ley fundamental de sucesión en la corona; el derecho hereditario pertenece a toda la dinastía. Menos puede designar sucesor en las monarquías electivas, porque este derecho corresponde a la representación del pueblo.
Puede ser la abdicación expresa o tácita. Es expresa cuando el monarca manifiesta su voluntad de abandonar sus funciones en un documento. Es tácita si el rey la expresa por medio de actos u omisiones que, según la ley, deben entenderse como renuncia del poder supremo.
La abdicación ha de ser de todo el poder del supremo imperante sobre todo el territorio general de la nación, no sobre una parte del territorio.
El Sr. Chao, en la continuación de la Historia de España de Mariana, opina que no es legítima la abdicación de los soberanos que buscan en Dios el origen de su autoridad. "Si reciben su poder de Dios, claro es que sólo Dios puede deponerlos, y despojarse de él por voluntad propia debe ser tan criminal como quitarse la vida."
A estos argumentos contestan Black y Escriche, que de ser la monarquía una institución divina, se sigue que el monarca tiene el deber de hacer todo lo que es necesario para que surta completo y cumplido efecto la misión que Dios le confió, aunque para ello tenga que desaparecer de la escena política cuando juzgue que el interés general exige este sacrificio. Tal sucedería cuando el rey se viera en la imposibilidad de desempeñar su difícil cargo por falta de capacidad, energía, o por no conservar el prestigio necesario entre sus súbditos. En estos casos se presume haber puesto término a la soberanía la misma Providencia, al permitir o suscitar obstáculos que impidan al monarca el perfecto ejercicio de sus funciones. De ninguna autoridad
Entre los grandes publicistas partidarios del derecho divino no ha arraigado la teoría de que los reyes desempeñaran sus funciones por disposición divina; antes bien han afirmado que si bien la autoridad es de origen divino, la persona que ha de ejercerla no viene al mundo designada por Dios, sino que recibe la investidura del poder de manos del pueblo, o se la arrebata a éste por la fuerza. El mismo Aparisi, en su opúsculo La Cuestión Dinástica, hablando del rey absoluto, decía: Que rige (a la sociedad) por la gracia de Dios, pero mediante un día la voluntad del pueblo que, expresa o tácita, consintió en manos de un hombre un cetro, que por virtud de costumbre o de ley fue pasando de generación en generación a los individuos de la privilegiada y augusta familia llamados a reinar. Según este escritor, el rey, aunque se diga absoluto, no puede por sí solo establecer, ni derogar, ni modificar una ley fundamental. Esta doctrina ha prevalecido entre los más distinguidos publicistas partidarios de la teoría del derecho divino y del régimen absoluto. Para ellos el derecho de abdicación no arranca de la omnímoda e ilimitada voluntad del monarca, como pretende un distinguido escritor español, sino del derecho del abdicante, que por ninguna razón puede ser obligado a continuar desempeñando un cargo para el cual en conciencia no se considera apto, y de la conveniencia del pueblo que no debe estar sometido a la dirección de un hombre que ha perdido las condiciones de inteligencia y energía, o que siente repulsión invencible al desempeño de las complicadísimas y difíciles funciones que corresponden al monarca. Cualesquiera que sean las obligaciones que se impongan a un hombre, súbdito o monarca, nunca pueden contrariar las leyes de la naturaleza ni exceder los límites de la energía y de la voluntad.
No partiendo la investidura del rey, la designación de la persona que ha de desempeñar el cargo, de Dios, es indudable que aun dentro de la teoría del derecho di vino puede el rey abdicar la corona. La autoridad, dicen los partidarios de esta teoría., es de origen divino, así en las monarquías como en las repúblicas. Lo divino está en la autoridad, no en la persona que la ejerce; luego el monarca llamado de derecho divino puede abdicar, cuando crea que así lo exige el bien de su persona o el bien de sus vasallos.
Por último, es imposible obligar a reinar a quien no quiere hacerlo. Tanto en el orden ele! derecho como en el terreno de la práctica, es incuestionable el derecho de abdicar. Polonia prohibió a sus reyes terminante y expresamente el derecho de abdicar, y en ningún pueblo fueron más frecuentes las abdicaciones que en aquella desgraciada nación.
En todos los códigos se consignan formalidades para la validez del acto de abdicar, admitido en todos ellos como el ejercicio de un incuestionable derecho. Y aquí se repite lo mismo que al hablar de los monarcas absolutos: ¡quién puede hacer reinar al que no quiera!
Inspiradas las constituciones modernas en un criterio ecléctico, hállase en todas admitido el principio de la abdicación, pero no de un modo tan absoluto que en todas no se consignen condiciones especiales para que el acto tenga validez.
Según ya queda dicho, en los códigos fundamentales de 1869 y 1876 la abdicación ha de ser realizada y formalizada ante las Cortes y aprobada por las mismas.
En la primera parte de este trabajo queda manifestado que la constitución francesa de 1791 y la española de 1812 establecieron la abdicación tácita; mejor dicho, establecieron la pena de deposición si el rey verificaba ciertos actos u omisiones. Los políticos ingleses del siglo xvii entendían que el monarca abdica cuando comete actos que son subversivos del sistema de gobierno de que forma parte. Fundadas en este principio, las dos Cámaras del Parlamento inglés en 1688 decretaron que el rey Jacobo II, habiendo tratado de subvertir la Constitución del reino y violado las leyes fundamentales, había abdicado la corona.
A siete pueden reducirse las conclusiones en que están conformes los más y más distinguidos tratadistas de derecho público:
l.º No debe ser válida una abdicación, no estando hecha con arreglo a las leyes que traten del particular.
2.º En los gobiernos representativos se requiere, para abdicar, la previa autorización de las corporaciones legislativas. En los demás gobiernos es necesaria la intervención de las corporaciones y de las dignidades, cuya importancia política tenga la significación y la influencia suficientes para tomar parte en tal acto.
3.º Antes de la abdicación, el monarca manifestará por escrito su resolución voluntaria de renunciar la corona.
4.º Admitida por las Cortes la renuncia, podrá el monarca abdicar.
5.º A las Cortes toca, y no al rey, llamar al trono al sucesor del monarca abdicante.
6.º Una vez abdicada la corona ante las Cortes, se entiende completamente extinguido el derecho a reinar; y, así, toda acción intentada para recobrar el poder se considerará esencialmente nula y culpable, por lo que, si por circunstancias extraordinarias, las Cortes llevaran nuevamente el abdicante al poder, su nueva elevación no le conferiría las prerrogativas anejas a la majestad real, pues únicamente como medida de orden público obtendría el abdicante la regencia del reino, a nombre de la persona a quien por la ley correspondiera la corona.
7.º No tendrá efecto ninguna. abdicación del poder supremo sobre una parte del territorio: la abdicación ha de ser de todo el poder del supremo imperante sobre todo el patrimonio general de la nación.
Las anteriores conclusiones están de acuerdo con la historia de España, donde los reyes no abdicaron a su antojo, sino sujetándose a las leyes: sólo en el período del absolutismo los monarcas atropellaron las leyes y las costumbres en materia de abdicación. El Sr. Colmeiro en el Curso de derecho político, según la historia de León y Castilla, cap. xxvi, -Renuncia de la corona- dice: No es lícito al rey abdicar con la libertad del que renuncia un mayorazgo o arroja al suelo la carga que oprime sus hombros. La razón no lo consiente, la justicia lo reprueba y tampoco lo autoriza la historia. Y en otro párrafo, hablando del juramento que mutuamente se prestaban el rey y el pueblo: Era por tanto cosa llana y comunmente recibida que los reyes no podían renunciar la corona a su voluntad, a la manera que una persona no puede faltar al contrato sin la vénia de la otra parte con quien su fe la tiene ligada. La doctrina del pacto indisoluble, salvo el caso de avenencia, es el asiento más firme de los tronos, porque la no reciprocidad de los derechos y deberes del príncipe y los súbditos conduce a la peligrosa teoría, que si el primero es libre en descargarse a su capricho del peso del gobierno, los segundos habrán de ser también libres en negarle la obediencia y deponerle de su dignidad. Intervinieron en las renuncias las personas o corporaciones que juraban fidelidad al Rey y al mismo tiempo le exigían juramento de respetar las libertades y fueros. Martinez Marina, en su obra Teoría de las Cortes, reseña la abdicación de Wamba en los siguientes términos: Renunció la corona en el año 680, y a consecuencia de esta renuncia los condes palatinos eligieron por monarca a Ervigio, el cual, para asegurarse en el solio de los príncipes godos, tuvo necesidad de acreditar legalmente ante toda la nación la plena libertad con que Wamba había abdicado la corona y la legitimidad de su elección y elevación al trono. Con este fin convocó un concilio nacional que fue el XII de Toledo, y presentándose con la mayor veneración y humildad al Congreso, le entrego un memorial comprensivo de los puntos que se habían de examinar y resolver, presentando al mismo tiempo varios documentos relativos a la renuncia del rey Wamba: el primero firmado por tres grandes y condes palatinos, que como testigos oculares daban fe de que Wamba había recibido la tonsura y hábito religioso: el segundo firmado por el mismo Wamba, acreditaba la libre renuncia que hizo del reino, y el deseo que en este acto manifestó de que Ervigio le sucediese en la corona. Los vocales desde luego aprobaron estas escrituras, y dieron por legitima la elección de Ervigio y la confirmación. Y a consecuencia de esta resolución, absolvieron al pueblo del juramento de fidelidad hecho a Wamba, y recomendaron a todos la sagrada obligación de respetar y obedecer al nuevo príncipe. Después de la invasión de España por los árabes, el primer caso de abdicación es el del rey de Asturias Bermuclo I el Diácono, que renunció la corona en favor de Alfonso II el Casto. Los próceres y magnates daban entonces la corona y ellos fueron los que legitimaron con su voto la abdicación y la elevación al trono de Alfonso. Año de 797.
D. Alfonso III el Magno abdicó la corona en su hijo D. García: abdicación a que se vió obligado, después de 44 años de reinado glorioso, porque su hijo D. García, unido a muchos grandes del reino, se levantó en armas contra su padre. Los antiguos cronicones guardan silencio sobre un punto tan importante como os el consentimiento o aprobación de la nobleza. Se verificó la renuncia el alto 910.
D. Alfonso IV, llamado el Monje, renunció la corona de León en su hermano D. Ramiro II, con acuerdo de los grandes de León y Galicia reunidos en Zamora. Sentidos los asturianos de no haber sido convocados a Zamora como lo fueron los leoneses y los gallegos, tomaron por rey a otro D. Alfonso, hijo de Fruela II. Año 933.
Doña Berenguela fue proclamada a la muerte ele su hermano D. Enrique, reina de Castilla en las Cortes de Valladolid en 1217. Se resistió con tenacidad a aceptar la corona, porque sus deseos de vivir retirada del mundo le hacían creerse poco idónea para el trono y renunció sus derechos en su hijo el infante D. Fernando, con aprobación de las Cortes. Así fue proclamado rey Fernando III el año 1217.
Juan I de Castilla consultó a los de su Consejo sobre la renuncia de la corona de León y Castilla, reservándose ciertas rentas y los señoríos de Sevilla y Córdoba. Proponíase coronarse rey de Portugal por los derechos que correspondían a su mujer doña Beatriz. Los del Consejo, en un largo dictamen nutrido de buena doctrina, le disuadieron, y aun le requirieron que no hiciese cosa tan en de servicio suyo y daño del reino. Año 1390.
El año 1556 el emperador Carlos V, I de España, estando en Bruselas abdicó, ante los Estados de Flandes y Brabante, en su inmediato sucesor, Felipe II, sus Estados de los Países Bajos. No hizo lo mismo con España: se limitó a renunciar en escritura pública, sin el concurso de las Cortes, sus dominios de Aragón y Castilla. En tierra extranjera abdicó Carlos y en tierra extranjera aceptó Felipe II. En las cláusulas de la escritura palpitan las tendencias de la época a convertir los pueblos en patrimonio de los reyes: se inspiró Carlos en el absolutismo a que había aspirado toda su vida. Más parece que so trate en este documento un asunto de familia que de trasmitir un cetro. Dice: Vos cedemos, renunciamos y refutamos… los nuestros reinos de Castilla y León, Granada, Navarra, Indias… para que los administréis, hayáis y tengáis en propiedad, posesión y señorío pleno de la forma y manera que Nos los hemos tenido… y os damos poder y facultad tan cumplido como de derecho se requiere… para que os llaméis e intituléis rey de Castilla y de León… La cual (carta de renuncia), como rey y señor que en lo temporal no reconoce superior, queremos que sea habida, tenida y guardada por todos, como si por Nos fuese fecha en Cortes a pedimento y suplicación de los procuradores de las ciudades, villas y lugares de los dichos nuestros reinos, etc. No se hallan conformes los historiadores en apreciar las causas que determinaron la abdicación del emperador. Espontáneo cual pocos de la misma índole apareció este acto, y, sin embargo se cuenta que, como el cardenal Granvela dijese en cierta ocasión a Felipe II: Hoy hace un año que abdicó vuestro padre, Felipe II replicó: Hoy hace un año que empezó a arrepentirse de haberlo hecho.
Fatigado de los negocios, resolvió Felipe V abdicar la corona en su hijo Luis I, que subió al trono en 1724. No fue más escrupuloso con las prácticas españolas que Carlos I: no pidió consejo ni acuerdo a las Cortes, y al extender el documento que acredita la abdicación, hizo copiar a la letra las cláusulas contenidas en la ya transcrita carta de Bruselas. Las gentes murmuraron de este alarde de autoridad, pero al fin fue proclamado rey Luis I. Más extraña es esta conducta de Felipe, porque para confirmar la renuncia a sus derechos eventuales de Francia, convocó Cortes en Madrid el año 1712.
Muerto sin sucesión Luis, testó en favor de su padre. El Consejo real procuró que no se instalase la regencia nombrada por Felipe en la previsión de una minoridad, e intentó convencer al retirado rey que él era aun señor natural y propietario del reino, y tenía, en justicia y en conciencia, obligación de ceñir de nuevo la corona. De la misma opinión eran la reina y la corte. En esta situación, consultó Felipe el caso con una junta de teólogos, y aunque no por unanimidad, prevaleció el dictamen favorable a la relajación del voto. Comunicado el acuerdo al Consejo, insistió en las razones ya expuestas, y añadió que de adoptar otra resolución que la suplicada, faltaría el rey al recíproco contrato que por el mismo hecho de haber jurado los reinos celebró con ellos, sin cuyo asenso y voluntad comunicada en las Cortes, no podía hacer acto que destruyese semejante sociedad. En vista de este dictamen, empeñó Felipe de nuevo las riendas del gobierno.
La abdicación de Carlos IV, verificada el 19 de marzo de 1808, es una de las más excepcionales que registra la historia. A consecuencia de una sublevación organizada y dispuesta por Fernando VII contra sus padres Carlos IV y María Luísa de Saboya, el rey abdicó en Aranjuez a favor de su hijo Fernando VII. Carlos IV se arrepintió muy pronto de tal abdicación, y en verdad que con fundado motivo, por tener su origen en un motín erizado de circunstancias agravantes. Surgió, pues, un grave conflicto de derecho público que Napoleón, constituido abusivamente en árbitro entre padreé hijo, resolvió autocráticamente, obligando a Fernando VII a renunciar sus derechos en su padre Carlos IV el día 6 de mayo de 1808, y este había antes renunciado la corona en favor de José Bonaparte, hermano del mismo Napoleón.
Isabel II abdicó en su hijo Alfonso la corona de España. Hizo la renuncia de la corona en París el año 1870, en manifiesto dirigido a los españoles. Sabed, dice, que en virtud de un acta solemne, extendida en mi residencia de París, y en presencia de los miembros de mi familia, de los grandes, dignidades, generales y hombres públicos que enumera el acta misma, he abdicado de mi real autoridad, y de todos mis derechos políticos sin género alguno de violencia, y sólo por mi espontánea y libérrima voluntad, trasmitiéndolos, con todos los que corresponden a la corona de España, a mi muy amado hijo D. Alfonso, Príncipe de Astúrias. La última abdicación en la historia de España es la de Amadeo I de Saboya, efectuada el día 11 de febrero de 1873 en documento dirigido a las Cortes, renunciando a la corona de España por mí y por mis sucesores. Leído el documento, las Cortes aceptaron la abdicación y dirigieron al rey abdicante un afectuoso mensaje.
De reyes españoles son también las abdicaciones de Fortún, rey de Navarra (año 905); la de Sancho II Abarca de Navarra en su hijo García III el Temblador (994); la de Ramiro II de Aragón en su hija Petronila (1137); y la de Petronila en su hijo Alfonso II (1162).

Abastos

s. m. pl. La provisión de los artículos de primera necesidad.

Abastos

Hist. y Leg. Llamábase ABASTOS, en acepción limitada o restringida, la provisión de los articulas de consumo público propios en general para el sustento, cuyo comercio era en los pueblos objeto de estanco y monopolio, y cuyo acopio y venta arrendaban los ayuntamientos.
Estos abastos comprendían: los comestibles; como el pan, las carnes, el pescado, las aves, los huevos, la leche, las legumbres, las verduras, las frutas y los condimentos; las bebidas; como el vino, el aguardiente, los licores, la cerveza, la sidra; los combustibles; como el aceite, las velas, el carbón… También se comprendía el jabón… Y todos se incluían en la denominación común de articulas de comer, beber y arder. V. Abastecedores y Abacería. Aunque la mayor parte de lo legislado en materia de abastecimientos, abastecedores y abastos sólo tiene hoy carácter meramente histórico, conserva grandísimo interés economico cuanto se relaciona con tan importante materia, porque esa especial legislación contiene el desenvolvimiento de las ideas comerciales en nuestro país. El estudio debe clasificarse en tres grandes grupos: Leyes de la Novísima Recopilación; Disposiciones posteriores; Leyes de Indias.
l. LOS ABASTOS EN LA NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. Cada cual compre y venda libremente los mantenimientos que necesitare y nadie ponga estancos ni vedamientos, bajo las penas con que castigan las leyes del reino a los que imponen y llevan nuevas contribuciones. (Ley primera, tít. 21, lib. 6. Pragmática de los Reyes Católicos en 1492: Petición séptima de las Cortes de Segovia, 1532. Don Carlos y doña Juana reproducen la pragmática de 1492 en 1532.) Según esta pragmática era libre en España el tráfico interior, sin intervención ninguna por parte de la administración publica, provincial ni municipal; pero a poco se manifestó en España la tendencia de confiar al Estado toda clase de funciones, hasta las que por su naturaleza corresponden a la actividad individual, y esto origino la ley 6.ª, tít. 5, del lib. IV, de 30 enero 1608 (que después completa un auto del Consejo de 31 oct. 1729), como sigue:Tendrá cuidado el Consejo que no haya falta en estos reinos en la provisión del pan y de otros bastimentas, especialmente en esta corte, y lo mismo se procurará por las otras partes. Indudablemente de hecho, aunque no fuera de derecho, se habían ya estancado en muchos municipios los artículos de comer, beber y arder, cuando apareció la ley 8, tít. 16 del lib. 7, de 13oct. de 1749, que los supone:Debe cuidarse que los abastos públicos se hagan a la mayor comodidad y menor precio que sea posible, sin ligas ni monopolios de dentro o fuera de los ayuntamientos. A este fin nombrarán los pueblos todos los años dos de sus individuos para que, con su procurador, síndico general y teniente asesor, intervengan y asistan, en el lugar público acostumbrado, a hacer los remates de los referidos abastos, después de pregonados por treinta días, etc.(Con esta ley de 1749, se relacionan el auto acordado de 5 de mayo de 1766, ley l.ª, tít. 18 del lib. 7.º, y la instrucción del Consejo, fecha 26 jun. 17 66, ley 2.ª.) El monopolio y estanco de los artículos de comer, beber y así como los abusos de los abastecedores darían lugar a frecuentes motines, y de aquí la ley 13, tít. 17 del lib. 7.
Decláranse nulas e invalidas las bajas que se hicieren en los abastos por los ayuntamientos y magistrados de los pueblos, compelidos por fuerza y violencia; y por ineficaces los indultos o perdones que por ellos se concedieran a los perpetradores, auxiliares o motores de dichas asonadas y violencias.
En 16 de jun. de 1767, bajo el reinado de Carlos III, volvió a intentarse la libertad del tráfico, en virtud de la Cédula de 16 de junio de 1767 (Ley 14, tít. 17, lib. 7.): Cesen en todos los pueblos las licencias y posturas y la exacción de derechos y déjese en total libertad la contratación y comercio; haciéndose saber en todos los lugares por medio de bando público para que a todos conste y no continue el abuso. Como se negaran muchos vendedores a satisfacer toda clase de impuestos, apoyándose en la Cédula transcrita, el Consejo manifestó, en Provisión de 5 de octubre de 1767 (Ley 15, tít. 17, lib. 7):
Que se habían declarado libres los géneros comestibles del pago de licencia y posturas para las ventas; pero no de los arbitrios o impuestos que estuviesen cargados sobre ellos con legítimos títulos a favor de los propios y caudales públicos.Surgieron dudas acerca de la Cédula de junio de 1767, y el Consejo declaró, en Provisión de9 de agosto de 1768 (Ley 16, tít. 17, lib. 7):Que las especies que devengan y adeudan millones, como son: carne, tocino, aceite, vino, vinagre, pescado salado, velas y jabón, deben tener precio fijo vendidas por menor; y en ningún modo por mayor, reduciéndose el cuidado de la policía municipal de todos los pueblos a celar que sean arreglados los pesos y medidas y a fijar la; horas de mercado más cómodas para los trajinantes. Quejáronse algunos pueblos de que habían subido los precios de los géneros libres de posturas y lograron que la Cédula de 16 de junio quedase derogada en 11\’ de mayo de 1772. Se sujetaron de nuevo a posturas todos los géneros que lo estaban antes de publicarse la mencionada ley 14, tít. 17, lib. 7.
(Leyes 18, 19 y 20, tít. 17, lib. 7 de la Novísima Recopilación.) 11. Los ABASTOS EN DISPOSICIONES POSTERIORES. Decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813.
ART. 8.º Así en las primeras ventas como en las ulteriores, ningún fruto ni producción de la tierra, ni los ganados ni sus esquilmos, ni los productos de la caza y pesca, ni las obras del trabajo y de la industria estarán sujetas a tasa ni postura, sin embargo de cualesquiera leyes generales o municipales. Todo se podrá vender y revender al precio y en la manera que más acomode a sus dueños, con tal que no perjudiquen a la salud publica; y ninguna persona, corporación o establecimiento tendrá privilegio de preferencia en las compras; pero se continuará observando la prohibición de extraer a países extranjeros aquellas cosas que actualmente no se pueden exportar, y las reglas establecidas en cuanto al modo de exportarse las cosas que pueden serlo.Se ve, pues, que las Cortes de Cádiz restablecieron la libertad de tráfico, instituida más de tres siglos antes, en 1492, por la pragmática de los Reyes Católicos; pero bien poco hubo de durar la franquicia; pues al regreso del rey Fernando VII, se volvió (en 16 abr. 1816) a las exclusivas en el arrendamiento de los ramos de abastos. El _ 80 del cap. 8 del Real Decreto de esta fecha decía: Ningun otro sujeto que el abastecedor ha de vender por menor las especies comprendidas en el abasto, ni las podrá introducir ni comprar por mayor para consumo en el pueblo, etc. Pero los inconvenientes se tocaban ya tanto, y las doctrinas promulgadas por las Cortes gaditanas en 1813 habían penetrado de tal modo en la opinión, que en 26 dic. 1818 quedaron reducidos a cinco solamente los artículos estancables:ART. 3.º Los puestos públicos o abacerías de los pueblos se compondrán solamente de cinco artículos, a saber: vino, vinagre, aguardiente, aceite y carne. ART. 4.º Los pueblos serán árbitros de poner o no puestos públicos, e igualmente de reducir a menor número el estanco por menor de las cinco especies expresadas. Los artículos 8 y 9 son notables:La venta por mayor de las especies de vino vinagre, aguardiente, aceite y carne, cuyo estanco por menor se permite en los puestos públicos o abacerías, se ejecutará con absoluta libertad y sin ninguna restricción. Pero el artículo 12 venía a hacer casi imposible el desestanco, pues ligaba a los fondos generales de la nación los productos de los cinco géneros sujetos a postura: ART. 12. El producto del estanco por menor de las cinco especies referidas….. se aplicará…. al pago de la masa de contribución cargada a cada pueblo, sin que pueda distraerse a otros fines, etc. Las Cortes de 1823 no se atrevieron a llevar a la práctica el decreto de las de Cádiz de 1813, antes bien transigieron con el decreto de 1818.
Artículo 15 de la ley de 3 feb. de 1823: Cuidarán los ayuntamientos…. de que los pueblos estén surtidos abundantemente de comestibles de buena calidad. ART. 99. Las reclamaciones y dudas que ocurran sobre los ramos de abastos se dirigirán a las diputaciones provinciales para que las resuelvan sin ulterior recurso, etc. En 20 de enero de 1834 se dictó un Real decreto que volvía a intentar la libertad del tráfico interior en los dos siguientes artículos: ART. L1.0 Se declaran libres en todos los pueblos del reino el tráfico, comercio y venta de los objetos de comer, beber y arder, pagando los traficantes en ellos los derechos reales y municipales a que respectivamente están sujetos. ART. 2.º En consecuencia, ninguno de dichos artículos de abastos, excepto el pan, estará sujeto a postura, tasa o arancel de ninguna especie, etc.
Pero el artículo 5.º de dicho Real decreto de 20 de enero de 1834 anulaba de hecho a los dos primeros citados, porque en él se ordenaba la continuación de los estancos donde sus productos estaban afectos al pago de contribuciones o a cargas municipales, y ya se ha visto que lo estaban en todas partes por virtud de la Real orden de 1818. Además, el pan estaba sujeto a estanco y a gremios (á postura, tasa o arancel). Sólo hubo de hecho libertad cuando en 30 de agosto de 1836 fue restablecido el decreto de las Cortes de Cádiz de 8 junio 1813. Pero, con escandalosa infracción del decreto, continuaron en muchos pueblos arrendados los puestos públicos, con la consiguiente exclusiva de la venta al por menor, en beneficio y provecho de los abastecedores. Había para ello un pretexto formidablemente especioso; y era que en los pueblos pequeños la nueva libertad de tráfico no provocaba la concurrencia, antes por el contrario, no habiendo monopolio, no existían seductores incentivos de lucros y ganancias para los abastecedores; y por consecuencia desaparecía el surtido, hasta el extremo a veces de rayar en desesperante carestía. .
En 1845 el nuevo sistema tributario estableció contribución sobre el consumo del vino, sidra, chacolí, cerveza, aguardiente, licores, aceite, jabón i carne, y el sistema de recaudación concluyo con el antiguo orden de puestos públicos y de venta exclusiva en ellos al por menor de determinados artículos. Hubo sin embargo todavía muchas reclamaciones en favor de los estancos; y por R. O. de 5 de marzo de 1847 se autorizó el restablecimiento de la exclusiva en los pueblos que no pasaran de 3 000 vecinos y no fueran capitales de provincia ni puertos habilitados.
Las RR. OO. de 24 de feb. de 1853, 19 de abril de 1853 y 19 de abril de 1856 prohibieron en absoluto a los ayuntamientos que establezcan restricciones a la libre fabricación y venta del pan.
Por el R. D. e Instrucción del 5 de dic. de 1856se autorizó a los ayuntamientos para que pudieran establecer puestos públicos para la venta al por menor de vino, aguardiente, aceite y carnes en los pueblos de menos de 500 vecinos, y para la venta de carnes en los pueblos de 1000 vecinos abajo. Por la ley de presupuestos de 25 de junio de 1864 e Instrucción de l. o de julio del mismo año se permitió a los pueblos que, para hacer efectivos sus encabezamientos generales, recurrieran a los medios de administración, encabezamientos parciales o gremiales, arriendo a venta libre de todas o de algunas especies, arriendo con exclusiva y repartimientos.
La revolución de septiembre estableció la más completa libertad en la compra y venta de los artículos de comer, beber y arder.
La ley de 31 de julio de 1876 autorizó el establecimiento de la exclusiva en los pueblos de menos de 5 000 habitantes. Y con arreglo a la ley de 16 de junio de 1885 y al reglamento para la ejecución de la misma, los ayuntamientos de Poblaciones que no tengan más de 1000 habitantes dentro de su término municipal podrán establecer puestos públicos para la venta exclusiva al por menor de vinos, aguardientes, aceites y carnes frescas o saladas. Se entiende por ventas al por menor, para los efectos del reglamento, las que no lleguen a 6 kg o litros. Cierto es que se permite a los cosecheros y fabricantes de la misma población vender al por menor los productos de sus cosechas y fábricas, siempre que cada uno lo verifique en un solo local; pero esto no quita a la anterior disposición administrativa el carácter restrictivo de la libertad de tráfico.
Para establecer la exclusiva en la venta al pormenor de los artículos expresados, es necesario que el ayuntamiento lo acuerde asociado con un número de contribuyentes doble que el de concejales. El acuerdo se elevará a la Administración provincial de Hacienda, acompañado de una solicitud en que se expresen los motivos que hubiese para considerar conveniente la concesión. La administración concederá o negará la exclusiva en el término de un mes, y su decisión causará estado sin ulterior recurso. Si la Administración no resuelve dentro de este término, se entenderá concedida la exclusiva. (Arts. 147 al 153 del reglamento para la ejecución de la ley de Consumos de 16 de junio de 1885.) La ley municipal de 2 de oct. de 1877 declara en su art. 72 de la exclusiva competencia de los ayuntamientos el gobierno y dirección de….. A.RTS. 136 y 137. Los ingresos serán impuestos sobre artículos de comer, beber y arder, etc. 4.0 Se autoriza la creación de arbitrios sobre la venta de bebidas espirituosas o fermentadas, etc.
5.0 Los derechos de mataderos se acumularán a los de consumos (cuando los hubiere) y no podrán en junto exceder de 25 por %, etc. Donde no hubiere sobre carnes derechos de consumo, sólo se impondrá por derechos de matanza una cantidad que jamas excederá del 10 por % del valor de la res.De los alcaldes es la presidencia de las subastas para ventas, arriendos y servicios municipales (num. 10 del art. 114).
A. las autoridades locales corresponde lo relativo a la instalación y limpieza de los mercados, a la vigilancia sobre la calidad y estado de los alimentos, a la verificación de pesos y medidas, al reconocimiento de géneros y todo cuanto constituye la policía urbana. Es un deber de las autoridades municipales velar por la salud publica y cuidar del aseo de las Poblaciones, empezando por los mercados. Pero las medidas de policía urbana que adopten no deben cohibir la libertad de tráfico consignada en las leyes vigentes.
El decreto de Cortes de 8 de junio de 1813, después de establecer la más completa libertad de tráfico, declaró en el art. 8.º que todo se podrá vender y revender al precio y en la manera que más acomode a sus daños a la sanidad publica. En el num. 9 del R. D. de 20 de enero de 1834 se dispuso que en los pueblos cuyo numeroso vecindario y demás circunstancias locales lo permitiesen, se señalarán uno o más parajes para mercado o plaza publica de dichos surtidos, distinguiendo los sitios donde concurren los trajineros o vecinos vendedores por mayor de los que vendan a la menuda; todo sin ocasionar otra exacción o gastos que la ligera contribución que se creyese necesario señalar por reglamento de policía urbana para el aseo y comodidad del puesto en el mercado mismo. Muchas otras disposiciones encomendaron a los ayuntamientos la instalación de mercados y el que adoptasen medidas acerca de la salubridad de los alimentos. La R. O. de 13 de enero de1876 dice: Que es de las facultades privativas de los ayuntamientos la instalación de los mercados y la fijación de arbitrios sobre puestos públicos; que tanto por razón de higiene, como por ser uno de los medios de coadyuvar a levantar las cargas del municipio, puedan dichas corporaciones impedir la venta de ciertos artículos alimenticios fuera de los sitios públicos de contratación, aunque revistan sus acuerdos las apariencias de monopolio; que en nada se opone semejante restricción a las leyes y disposiciones que han proclamado la libertad del tráfico, cuando a tal medida presida el interés general de la salubridad publica; que dada la necesidad de los mercados, los ayuntamientos deben usar con gran parsimonia de las facultades para la nueva construcción y reglamentación de los mismos y para la imposición de arbitrios, y que mientras rijan las leyes orgánicas vigentes hay que respetar las atribuciones de las corporaciones municipales tal como las autorizaron las Cortes. En la R. O. de 16 de junio de 1875 se establece que el Ayuntamiento de Reus obró dentro de sus atribuciones al prohibir la venta de carnes fuera del local de las carnicerías, teniendo en cuenta la ley municipal, las disposiciones de carácter general y las de policía urbana.
El reconocimiento de alimentos debe hacerse por los profesores de medicina y de farmacia y por los veterinarios. La R. O. de 23 de febrero de 1885 determina los casos en que el reconocimiento de sustancias alimenticias corresponde a los veterinarios y los en que debe ser practicado por los médicos y farmacéuticos. Dice así: 1.0 El reconocimiento de los animales de sangre caliente, así como de sus embutidos y conservas, en vivo y en muerto, debe seguirse practicando unica y exclusivamente por los veterinarios. 2.0 El reconocimiento e inspección de todas las demás sustancias alimenticias que se expenden en los mercados, inclusos los animales de sangre fría, pueden atribuirse y confiarse a los profesores de Medicina y a los de Farmacia indistintamente. El Código Penal de 1870 castiga con las penas de arresto mayor en su grado máximo a prisión correccional en su grado mínimo y multa de 125á 1250 pesetas, al que con cualquiera mezcla nociva a la salud altere las bebidas o comestibles destinados al consumo público, o venda géneros corrompidos, o fabrique o venda objetos cuyo uso sea necesariamente pe1judicial a la salud. Los géneros alterados y los objetos nocivos serán siempre inutilizados. En el art. 595 se castiga con la pena de cinco a quince días de arresto y multa de 25 a 75 pesetas a los dueños o encargados de fondas, confiterías, panaderías u otros establecimientos análogos que expendan o sirvan bebidas o comestibles adulterados o alterados, perjudiciales a la salud; o no observen en el uso y conservación de las vasijas, medidas y titiles destinados al servicio, las reglas establecidas o las precauciones de costumbre. Las bebidas y comestibles adulterados, perjudiciales a la salud, deberán caer siempre en comiso.
Del texto de los dos arts. citados no se deduce cuándo la venta o fabricación de los objetos adulterados constituye delito y en qué casos debe reputarse falta, lo cual puede ser ocasión de arbitrariedad y de injusticia. Ya que el Código no distingue terminantemente la falta del delito y castiga con penas distintas hechos del todo idénticos, debe calificarse la venta, fabricación o expendición de bebidas o comestibles adulterados por su extensión o por sus efectos: será falta si de la expendición no ha resultado perjuicio a la salud del comprador; y por el contrario, será delito si por efecto del alimento o bebida adulterado se ha seguido daño a la salud del consumidor.
También señala el Código pena a los vendedores que defrauden al comprador con medidas 0 pesos escasos. El art. 592 castiga con las penas de uno a diez días de arresto o multa de 5 a 50 pesetas, a los traficantes o vendedores que tengan medidas o pesos dispuestos con artificio para defraudar, o de cualquier modo infrinjan las reglas establecidas sobre contraste para el gremio a que pertenezcan; a los que defrauden al público en la venta de sustancias, ya sea en cantidad, ya en calidad, por cualquier medio no penado directamente; y a los vendedores a quienesse les aprehendan sustancias alimenticias que no tengan el peso o medida que corresponda.
El art. 593 castiga con las penas de 5 a 15 días de arresto y multa de 25 a 75 pesetas, a los que infrinjan las reglas de policía dirigidas a asegurar el abastecimiento de las Poblaciones, yá los propaladores de falsos rumores para alterar el precio natural de las cosas.
No se considera adulterado el aceite de olivo con la mezcla del de algodón. Examinados los informes emitidos por el Real Consejo de Sanidad, Real Academia de Medicina y Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, sobre si debe prohibirse la venta al público de aceite de oliva mezclado con aceite de algodón, y en vista de que la ciencia y la experiencia enseñan de consuno que el uso del aceite del algodonero no causa daño a la salud, se ha dictado la R. O. de 15 de junio de 1880, en la que se resuelve; que se permita la venta del aceite de oliva mezclado con el de algodón, con tal que el vendedor lo anuncie así públicamente.
Ill. Los ABASTOS EN LAS LEYES DE INDIAS. Prevalece el principio de la libertad de tráfico. Ley 6.ª, tit. 18, lib. IV. Se prohibe a los virreyes y justicias de las Indias que pongan o permitan poner tasa a los mercaderes españoles que vendan por mayor o menor vinos, harinas y otros mantenimientos y mercaderías. Pero se concede a los gobernadores y justicias facultad para poner tasa a los regatones (revendedores). Ley 8.ª, tít. 18, lib. IV. Es nuestra voluntad que los mantenimientos, bastimentes y viandas se puedan comerciar y traginar libremente por todas las provincias de las Indias, y que las justicias, consejos y personas particulares no lo impidan, ni se hagan sobre esto ningunas ordenanzas, pena de la nuestra merced y perdimiento de bienes en que condenamos a los transgresores.Mas, sin duda, el sistema establecido en la metrópoli de estancar los artículos de comer, beber y arder, se extendio a las Indias con todos sus abusos, como se deduce de la ley 10, tít. 8, lib. 4:En ninguna ciudad, villa o lugar se admita ni reciba postura para abasto de las carnicerías a clérigos, conventos ni religiosos, sino a personas legas y llanas que puedan ser apremiadas a su cumplimiento; y sea por un año, o el tiempo que pareciese conveniente al que gobernare la provincia. Ya en la ley 27 se decía:Porque en algunas ciudades de nuestras Indias conocen los alcaldes ordinarios… de todas las causas que pertenecen al abasto y provisión de mantenimientos, y ponen los precios, de que se siguen muchos inconvenientes, porque los regidores y sus deudos son dueños de muchas chacras y heredades de los contornos, y, proveyendo a las ciudades de mantenimientos, los ponen a excesivos precios, y crece este perjuicio por el mucho número de esclavos y regatones puestos por mano de persona poderosa, de que se siguen muchos fraudes y engaños, etc., etc.

Abandono Continuacion

IV. ABANDONO DE OBLIGACIONES.
Abandono militar. Acto de separarse de sus banderas, cuerpo o puestos militares cualquier individuo del ejército o de la armada, sin permiso de sus jefes.
En todo tiempo ha sido considerado como el mayor delito, excepto el de traición, que puede cometer un individuo de la milicia, desde el soldado al general. Ya en tiempo de los egipcios se castigaba con el mayor rigor esta clase de abandono. En la táctica del emperador León se lee: Sea castigado con muerte el que abandonare una ciudad o un fuerte o viéndose obligado por falta de víveres, o el que abandonare su cuerpo o huyere del campo de batalla; y sea diezmada la primera porción de tropa que sin motivo abandonare el campo.Tres clases de abandono castiga el Código Penal Militar de 17 de noviembre de 1884. El que abandonare sus banderas para ir a formar parte del ejército enemigo será castigado con la pena de muerte y degradación militar (Art. 94). El que mandando guardia, patrulla, avanzada o cualquiera fuerza en servicio de armas, al frente del enemigo o rebeldes o sediciosos abandonare su puesto, incurrirá en la pena de muerte. Si el abandono se verificare en campaña o lugar declarado en estado de guerra, y no se hallare comprendido en el caso anterior, será castigado con la pena de reclusión militar temporal. En todos los demás casos se castigará con prisión militar correccional a prisión militar mayor (Art. 129). En las mismas penas, respectivamente señaladas en el art. anterior, incurrirá el centinela que abandonare su puesto (Art. 130). Cualquiera otro militar que abandonare los servicios señalados en el art. 129 será castigado: 1.º con la pena de reclusión militar temporal a muerte, si lo ejecutare al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos. 2.º con la prisión militar mayor cuando el abandono se verificase en campaña o lugar declarado en estado de guerra y no estuviere comprendido en el caso primero. 3.º con la de arresto militar o prisión militar correccional en los demás casos (Art. 131). También comete una especie de delito de abandono militar el desertor, del que se tratar´ en el artículo Deserción.
Con arreglo a las Ordenanzas de la Armada de 1748, hoy vigentes, el que en naufragio, incendio u otro conflicto en que la nave pueda hallarse, faltare al puesto o abandonase el trabajo a que le hayan destinado sus superiores, será sometido a Consejo de Guerra y castigado a proporción de las resultas de su desobediencia; según las circunstancias podrá extenderse hasta la de muerte. El soldado que estando de centinela a bordo abandonare su puesto, será pasado por las baquetas y condenado a cuatro años de destierro al arsenal; pero si el abandono fuere malicioso con el fin de facilitar deserción o desorden, será pasado por las armas.
El sargento, cabo, tambor o soldado que abandonare la compañía o brigada en que se hubiese empeñado, aunque sea para sentar plaza en otra, sin licencia en debida forma del Inspector o superior a quien pertenezca darla, será pasado por las armas. (Arts. 29, 42 y 47 de las Ordenanzas.) La R. O. de 24 de setiembre de 1776 dispone que todo comandante de guardia, sea oficial, sargento o cabo, que en tiempo de guerra abandonare la guardia, sufra la pena de muerte, y en tiempo de paz, privación de empleo, separación del servicio y seis años de presidio; que el soldado que en tiempo de guerra la abandonare, sufra la pena de muerte, en el de paz seis años de presidio, sujetando a esta pena al sargento o cabo que no sean jefes de guardia y cometan este delito.
Las RR. OO. de 14 de agosto de 1817, y 11 de enero de 1868 establecen que todo oficial, de cualquiera graduación que sea, que abandonando sus banderas o destino vaya a la Corte sea privado de su empleo, sin perjuicio de aplicarle la pena a que se haya hecho acreedor según las circunstancias que concurran en el caso. Establecen también que no pueda ser alta definitiva hasta que recaiga real resolución en los procedimientos.
Abandono de destino. Dejación de un empleo sin licencia del jefe o sin previa admisión de renuncia presentada.
El empleado que abandona el destino incurre, por regla general, en responsabilidad exigible ante los tribunales, más o menos grave según las circunstancias.
El Código Penal de 1870 castiga con la pena de suspensión en sus grados medio y máximo al funcionario público que, sin habérselo admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño de la causa publica. Si el abandono de destino se hiciere para no impedir, no perseguir o no castigar los delitos contra la seguridad exterior del Estado o contra la Constitución. se impondrá al culpable la pena de prisión correccional en su grado mínimo al medio, y la de arresto mayor, si tuviere por motivo el no impedir, no perseguir o no castigar cualquiera otra clase de delito (Art. 387). Los empleados que, sin habérselos admitido la renuncia de su cargo, lo abandonaren cuando haya peligro de rebelión o sedición, incurren en la pena de inhabilitación especial temporal (Art. 261). Jurisprudencia.
Es responsable del delito de abandono de destino con daño de la causa publica, el maestro de instrucción primaria que con pretexto de que no se le paga, se ausenta del pueblo sin permiso ni autorización del Alcalde, dejando cerrado el edificio de la escuela. (S. de 7 de mayo de 1874.\’l.\’. S.) Incurre en el delito de abandono de destino el notario que se ausenta del pueblo donde ejerce su cargo, sin autorización competente, con objeto de evitar las penalidades que se le habían impuesto en causa que se le seguía por falsificación de documentos públicos. (S. de 14 de noviembre de 187.6. \’l.\’. S.) Las leyes españolas castigan con más rigor el abandono de destino en tiempo de epidemia que en circunstancias normales. Durante las epidemias que en el presente siglo han azotado a España, han dictado los gobiernos Reales Ordenes y otras disposiciones encaminadas a evitar que los empleados públicos abandonaran sus puestos.
Se adoptaron medidas severas, en particular contra los profesores titulares de medicina. Por la R. O. de 28 de junio de 1834 se prohibe a los empleados ausentarse de los puntos donde se haya manifestado la epidemia, sin mandato de sus jefes y a éstos expedirlo como no sea para objetos interesantes del servicio; y se declara vacante el empleo de cualquiera individuo que solicitare licencia para separarse del pueblo en que lo desempeña, desde el momento en que se haya presentado en él la enfermedad, hasta que por la autoridad se declare su estado de perfecta salud.
La R. O. de 19 de julio de 1855 dispone: que los profesores titulares U.e medicina no podrán abandonar el pueblo de su residencia en caso de epidemia; que no podrán ausentarse los médicos que cobren sueldo del Estado o U.el presupuesto municipal o provincial; que los que abandonen sus puestos perderán esos sueldos, sin prejuício de sufrir las penas que el Código prescribe.
El 4 de agosto de 1855 se dictó una R. O. previniendo a los empleados, dependientes del Ministerio do Gracia y Justicia, que no abandonen las Poblaciones en que tengan fija su residencia si fueren acometidas por el cólera, y encargando a las autoridades municipales que si el Juez de instancia o Promotor fiscal se ausentasen, lo participen al Regente de la Audiencia y en el mismo día eleven parte al Ministerio.
El art. 73 de la ley de sanidad de 28 de noviembre de 1855 dice: Al facultativo titular que en época de epidemia o contagio abandonase el puesto de su residencia, se le privará del ejercicio de su profesión por tiempo determinado, a juicio del Gobierno, con arreglo a las causas atenuantes o agravantes que concurran, oyendo siempre al Consejo de Sanidad.En la R. O. de de abril do 1856 se ordena a los gobernadores de provincia que, para probarlas faltas que cometan los médicos de los pueblos que los abandonen en caso de epidemia, formen expediente en el cual se hagan constar: 1.º La queja que motiva el procedimiento; 2.º El sumario que, sobre el proceso, deberá practicar el alcalde del pueblo en que haya ocurrido; 3.º El dictámen del ayuntamiento acerca del mismo; 4.º La copia testimoniada del contrato celebrado entre la corporación municipal y el facultativo; y 5.º Una declaración prestada por éste en que dé la explicación que estime de su conducta, y presente sus descargos, a la cual acompañen los documentos justificativos que juzgue oportunos. El expediente se remitirá al Gobierno para que dicte la resolución que corresponda, oyendo previamente al Consejo de Sanidad.
Abandono de beneficios eclesiásticos. Es muy complicada la legislación referente al asunto; pero casi toda tiene por objeto señalar los casos en que se presume el abandono. Presúmese por ausencia, por residencia en lugar distinto del en que ha de servirse el beneficio, por desamparo de la cura de almas, por retención a un tiempo de muchos beneficios incompatibles, por resistencia a vestir traje honesto, por contraer matrimonio ó hacerse soldado o cómico juglar….
Todas estas clases de abandono llevan consigo la pérdida del beneficio (según las leyes 16 y 17,tít. 16, part. 1; ley l."y 2.", tít. 15, lib. I, Nov. Rec.; capítulos 1 y 2, sesión 6.; 4 y 5 sesión7. y 1 y 14, sesión 23 del Concilio de Trento, y ley l.", tít. 11, lib. I, de las leyes de Indias.
Consultese el R. D. de 5 ag. de 1869 sobre el abandono de beneficios de los eclesiásticos unidos al levantamiento carlista, y la sentencia del Tribunal Supremo de 26 jul. 1871, apoyada en las leyes 1, 5, 7, 8, 9 y 10, y las notas 4 y 7 del título 8, la 23 y nota 25 del l. 0, de la Nov. Recop.
Abandono al brazo seglar. Es el acto en virtud del cual el juez eclesiástico, después de haber juzgado a un delincuente de su fuero y dictado sentencia con arreglo a las leyes canonicas, hace entrega del reo a la jurisdicción civil, para que ésta le imponga, según los casos, el castigo que la ley común determine.
Decretada en 6 dic. 1868 la unidad de fueros, no es ya posible este abandono al brazo seglar, pues hoy sólo la jurisdicción ordinaria entiende de los crímenes de los eclesiásticos.
Abandono de religión. V. Apostasía.
Abandono de la gracia: Teol. Los libros sagrados contienen algunos pasajes, de los cuales parece deducirse que Dios abandona a pecadores determinados y aun a naciones enteras.
En la interpretación de estos pasajes disienten los teólogos.

Abanderamiento

s. m. Alistamiento o inscripción de un buque extranjero en la matrícula nacional, aceptando todas las obligaciones y gozando de todos los beneficios de los buques nacionales.
Así, pues, el abanderamiento para los buques viene a ser lo que la naturalización o nacionalidad para las personas; pero ésta no tiene más limitación que la voluntad de los que quieren reclamarla, mientras aquél ha estado limitado por las leyes.

Abanderamiento

Mil. Alistamiento de gente para levantar tropas en defensa de alguna causa.

Abanderamiento

Leg. Dos sistemas han venido luchando en España en materia de abanderamiento: el proteccionista, en favor de la construcción naval española, y el de libre compra, en favor del comercio nacional.
Los buques de propiedad de un extranjero nunca han sido abanderables en España; pero, en cuanto a los comprados por españoles a extranjeros, han regido los dos sistemas: el proteccionista, articulado en 1790 y en la Ordenanza de 1802; y el de la libertad casi completa formulado en el decreto de 22 nov. 1868, después de la revolución de Septiembre.
A poco de autorizarse el abanderamiento por las ordenanzas de matrículas de 1802, se dictaron restricciones que hicieron dificilísima la importación de naves: en 1818 se dispuso que era necesario el real permiso para cada buque construido en el extranjero y la intervención del cónsul español. El 30 de diciembre de 1827 se prohibió en absoluto el abanderamiento.
El Código de comercio de 1829 declaró que era lícita a los españoles la compra de buques construidos en el extranjero, y que podía navegarse en ellos con los mismos derechos y franquicias que si hubieran sido siempre nacionales. El artículo 590 castigaba con la pena de confiscación de la nave la reserva fraudulenta hecha a favor de un extranjero en el contrato de adquisición. La ley de 28 de octubre de 1837 derogó el artículo 590 del Código de comercio, prohibió la compra de buques extranjeros para el servicio del Estado, dispuso que no se admitiese la matrícula de buques mercantes de construcción extranjera y que sólo pudieran abanderarse los construidos en los dominios de España y las presas. Prohibió también que los buques se carenasen en países extranjeros, a no ser en los casos de gruesa avería sufrida en la mar por temporal o abordaje, de varada en costas o puerto extraño y de haber permanecido el barco dentro de un puerto de otra nación cuando menos un año: se necesitaba justificar en todos estos casos, ante el cónsul español, que no era posible regresar a España sin carenar la nave. Se imponían grandes molestias a los propietarios y capitanes para conseguir la carena de buques. Como entonces no había en España fábricas de máquinas de vapor, se permitió que entraran libres de todo derecho las necesarias para los barcos construidos en España.
La Junta de autoridades de Cuba suspendio la ejecución de la ley de 1837, y en la R. O. de 22 de mayo de 1842 se resolvio que, tanto en Cuba como en Puerto Rico, se llevase a efecto la citada ley. Lo mismo se dispuso en la R. O. de 21 de noviembre de 1846.
El cónsul de España abanderó interinamente, habilitándola con pasavante para que se restituyese a su antigua matrícula de la Habana., la fragata Comercio, vendida ilegalmente y llegada a Londres con bandera y patente peruanas; el cónsul consideró el buque como usurpado a la marina española. Con este motivo se dictó la R. O. de 3 de agosto de 1847, en la que se aprobó el abanderamiento y se advirtió a los cónsules que no se hallaban autorizados para habilitar con pasavantes a los buques de construcción extranjera, porque por regla general los buques extranjeros sólo pueden abanderarse con el pabellón español después de haberse matriculado en uno de nuestros puertos, si tienen las circunstancias que previenen las leyes y satisfaciendo los derechos que están establecidos. Por R. O. de 7 de enero de 1848 se permitió el abanderamiento de todo buque de hierro de construcción extranjera, siempre que fuera de vapor; si fuese de vela había de obtenerse permiso especial para cada uno.
A consecuencia de haber consultado el capitán general de Marina del departamento de Cadiz si debería entregarse a su rescatador, libre de todo gasto, una balandra inglesa encontrada sin tripulación en las aguas de Ayamonte, se dictó la R. O. de 4 de mayo de 1848, oída la Sección de Marina del Consejo real, resolviendo que en lo sucesivo se tuvieran presentes las siguientes reglas: l.º Si no pudiese averiguarse la procedencia y nacionalidad del buque se lo debe considerar como español; y 2.º Si se conociese la nación a que pertenece, se entregará al juez conservador de extranjería; pero si el juez conservador no pudiese satisfacer los gastos de que debe responder el buque, porque los verdaderos dueños se desentendiesen o hiciesen abandono, deberá venderse en publica subasta; y si el comprador desea matricularlo y abanderarlo, debe accederse a sus deseos, siempre que pague los derechos de introducción y un tercio más si la nave no excede de 400 toneladas.
La ley de 17 do julio de 1849, reformadora de los aranceles de Aduanas, prohibió la entrada de embarcaciones de madera que midieran menos de 400 toneladas.
La ley de 1837 tuvo muchas excepciones: la ley de Aranceles de 1841 y la ya citada de 1849, prohibían solamente la introducción de embarcaciones de madera que midiesen menos de 400 toneladas, contándose en ellas el local de la maquinaria, según la R. O. de 18 de agosto de 1853, que se hizo extensiva a los vapores de hierro por la de 31 de agosto de 1876. Se concedio por gracia especial el abanderamiento de seis vapores de madera de menos de 400 toneladas; se autorizó el abanderamiento de un bergantín inglés, también de menos de 400 toneladas, y se permitió, como ya queda dicho, la matrícula de todo buque de hierro de construcción extranjera, siendo de vapor.
La R. O. de 30 de marzo de 1848 renovó la prohibición de carenar buques españoles en países extranjeros, y advirtió a los cónsules que si se viesen en la necesidad de permitir la reparación de buques españoles fondeados en puertos extranjeros, que interviniesen en todos los gastos y dieran cuenta para exigir al capitán y dueño del buque mancomunadamente, los derechos que habrían devengado a su introducción en España los artículos empleados en la reparación, y además una multa equivalente al duplo de aquellos derechos y al tercio del coste que hubiese tenido la mano de obra. Esta multa sería repartible entre el cónsul y la Marina, correspondiendo dos partes a ésta y una a aquél. Tan restrictiva disposición se dejó sin efecto por R. O. de 2 de julio de 1849, en la que se dispuso que todo buque español que sin necesidad urgente, declarada por el cónsul, recibiese carena en puerto extranjero p hiciese más obras de reparación o recorrido que las puramente indispensables para regresar sin riesgo a un puerto del Reino, se entendiese que renunciaba al beneficio de bandera.
Con el objeto de facilitar la matrícula y abanderamiento de los buques extranjeros se autorizó a los comandantes de las provincias marítimas para acordar el abanderamiento provincial, en los casos en que no se presentara dificultad, dejando la aprobación definitiva a las Autoridades de los departamentos y apostaderos. En la R. O. de 22 de julio de 1865 en que esto se dispuso, se compendiaron las reglas generales que debían guardarse para el abanderamiento de buques. Podían matricularse las embarcaciones extranjeras de más de 400 toneladas; los vapores de casco de hierro, de cualquiera capacidad; los que a consecuencia de naufragio fuesen comprados en publica subasta por españoles; los que teniendo más de 100 toneladas se hubiesen invertido en carenados mil reales por tonelada; los buques aresados al enemigo o que procedieren de trafico ilícito, adquiridos en remate público; y los encontrados en aguas españolas sin gente y sin que fuera posible averiguar su nacionalidad. Para nacionalizar las embarcaciones extranjeras de madera cuya capacidad excediese de 400 toneladas, y los vapores de casco de hieno, había de hacerse constar: la adquisición por españoles, el pago de derechos de arancel y las dimensiones de arqueo con el detalle de las circunstancias del buque, según certificación del encargado al efecto por la Autoridad de Marina. Si el abanderamiento se verificase en Filipinas, el arqueo había de hacerse precisamente por el constructor del arsenal de Cavite, según R. O. del 27 de marzo de 1848.
En las nacionalizaciones de buques náufragos se había de presentar: testimonio del remate; justificación del motivo o suceso que hubiese producido la pérdida, instruida en el juzgado de marina que conociere del naufragio; acta detallada del justiprecio pericial y certificado del pago de los derechos de introducción.
Para nacionalizar los buques capturados al extranjero y los encontrados sin dueño era suficiente: acreditar la compra en publica subasta y el pago de los derechos de introducción.
En todos los casos se necesitaban justificantes de ciudadanía o de naturalización de los adquirentes, los cuales habían de otorgar, con arreglo a las ordenanzas de matrículas, escritura de fianza con obligación de no volver a enajenar la nave a extranjeros en todo, o en parte con el objeto de evitar la simulación de bandera.
La legislación sobre abanderamiento ha sufrido radical reforma por el Decreto de 22 de noviembre de 1868, elevarlo a Ley poco después. Del antiguo sistema restrictivo para el abanderamiento de buques extranjeros y para la carena de naves españolas en puertos de otras naciones, se pasó al de la más amplia libertad. Dice así la parte dispositiva:
Art. 1.º Se permite la introducción en los dominios españoles de buques de todas clases, tanto de madera como de casco de hierro, mediante el abono de los derechos siguientes: Los de madera hasta la cabida de 100 toneladas de un metro cubico, pagarán por tonelada métrica 130 reales. Los de 101 a 300 toneladas 100 reales por cada una. Los de casco de hierro, de cualquier cabida que sean, 50 rs. por tonelada.
Art. 3.º Todo buque español podrá carenarse y recorrerse libremente en cualquier punto extranjero.
Art. 4.º Los dueños de buques españoles podrán libremente venderlos o hipotecarlos a nacionales o extranjeros.
Art. 13. Los materiales de todas clases que se importen del extranjero para la construcción, carena o reparación de buques de hierro o madera, cualquiera que sea la cabida de éstos, los efectos elaborados necesarios para su armamento y los materiales que se introduzcan para la construcción de las máquinas y calderas de vapor marinas; cualquiera que sea el sistema y fuerza de dichos aparatos, pagarán los derechos, que les señale el Arancel de Aduanas; pero les serán devueltos a los constructores y fabricantes, a petición suya, cuando acrediten la introducción e inversión de dichos materiales y efectos en las referidas construcciones o reparaciones de buques, máquinas o calderas.Tales son las disposiciones relativas de abanderamiento de buques que contiene el Decreto Ley de 22 de noviembre de 1868, el cual se hizo extensivo a Filipinas por disposición del Ministro de Ultramar de 23 de diciembre del mismo alío, y a Cuba y Puerto Rico por decreto de 3 de diciembre de 1869.
El 23 de agosto de 1870 se dictó una disposición sobre el despacho o abanderamiento de buques náufragos. Ha venido a constituir esta disposición el art. 237 de las vigentes Ordenanzas de Aduanas (19 de noviembre de 1884). Después de enumerar los requisitos que ha de cumplir el dueño o adquirente de un buque náufrago, si se propone rehabilitarlo para la navegación, dice: Averiguado el valor del buque, se fijarán los derechos que ha de pagar para ser abanderado por medio de la siguiente proporción: el valor del buque rehabilitado es a los derechos de arancel que le corresponden según su tonelaje, como el valor que tenía antes de rehabilitarse es al cuarto término, que expresará los derechos que deban exigirse. Si la diferencia entre este término y los derechos íntegros de arancel no llega al 10 por 100, se cobrarán íntegros los derechos, y si pasa del 75 por 100 se exigirá el 25 por 100de dicha totalidad. Sobre el modo de practicar los arqueos se dictaron algunas disposiciones que se examinarán al tratar de la palabra ARQUEO.
El arancel vigente de Aduanas de 23 de julio de 1882, señala a la importación de embarcaciones los siguientes derechos por cada tonelada que midan: Embarcaciones de madera hasta la cabida de 50 toneles de arqueo, 40 pesetas. Embarcaciones de la misma clase desde 51 a 300 toneles 26 pesetas. Desde 301 toneles de arqueo en adelante, 14 pesetas. Buques de casco de hierro o acero y de construcción mixta, de cualquier cabida, 12\’50 pesetas (Partidas 227 a 230).
El apéndice 32 de las Ordenanzas de Aduanas vigente contiene la instrucción para justificar la inversión de materiales en construir o reparar buques, calderas y máquinas de vapor marinas, y devolver los derechos de Aduanas satisfechos, como dispone el Decreto-Ley de 22 de noviembre de 1868; y para la exacción de los derechos correspondientes a los materiales invertidos en la reparación de buques en el extranjero, y a las toneladas de cabida que hubieren aumentado. El apéndice 33 dicta en la segunda parte las reglas que han de observarse para el abono a los constructores de buques nacionales de la prima de 40 pesetas por cada tonelada de arqueo, que les corresponde con arreglo a la Ley de 25 de julio de 1880.
El Código de Comercio desenvuelve en el título l.o del libro 3.o la doctrina del Decreto-Ley de 22 de noviembre de 1868. (Consultense los artículos 573 a 585.) Por Decreto de 26 de octubre de 1868, se permitió a los cónsules expedir pasavantes para que los buques adquiridos por españoles en el extranjero pudieran enarbolar provisionalmente bandera española en su viaje a la Península con objeto de abanderarse; pero necesitaban la previa autorización del Ministerio de Marina en cada caso. La R. O. de 5 de febrero de 1870, autorizó a los cónsules de España para expedir pasavantes sin permiso del Ministerio de Marina; pero sólo para un puerto de la Península o de Ultramar, dando cuenta en el acto al Ministerio de Estado, y avisando al mismo tiempo a la autoridad de Marina del punto a donde la nave se dirija.
Es interesantísima la cuestión contencioso administrativa que se debatió ante el Consejo Real, sobre indemnización de buque abanderado y apresado; la resolución del Consejo sienta importantes doctrinas acerca de la materia.. Durante la guerra entre Francia y Rusia se refugió en Cadiz la fragata rusa Luisa: el capitán, por temor de caer en manos de los cruceros franceses, la puso en venta y fue adquirida por el Sr. López Bustamante, a pesar de que el cónsul de Francia había comunicado al comercio de aquella plaza la resolución de su Gobierno de no reconocer la validez de las ventas de buques enemigos realizadas después de comenzar las hostilidades.
El comprador solicitó y obtuvo el abanderamiento de la fragata, la cual se inscribió con el nombre de Valentina. Duró el expediente de matrícula mucho tiempo, a consecuencia de las comunicaciones que mediaron entre los gobiernos de España y Francia, sobre la validez de las ventas de naves rusas efectuadas después del comienzo de la guerra; y, por fin, se resolvio abanderar la fragata. Hizo su primera salida de Cadiz en dirección a Santander, y a las pocas millas de aquella ciudad fue apresada por los cruceros franceses y declarada buena presa por los tribunales de la nación vecina.
El propietario pidió que le indemnizara el Tesoro público español, en vista del fallo del tribunal francés: denegada la reclamación por R. O. de 10 de abril de 1856, recurrió el interesado a la vía contenciosa ante el Consejo Real, el que confirmó la R. O. apoyándose en los siguientes considerandos: Que no hay ley, contrato o disposición administrativa que imponga al Gobierno la obligación de indemnizar.
Que no se ha demostrado que la autorización para la matrícula y abanderamiento de la fragata Valentina lleve, ni a un implícitamente, sobreentendida la obligación en el Gobierno de indemnizar al dueño del buque matriculado, de ningún género de perjuicios que le sobrevengan.
Que la obligación del Gobierno de proteger a todo buque abanderado con su pabellón, como a cualquiera otra propiedad española, obrando o reclamando, según permitan las consideraciones que el mismo ha de apreciar en cada caso para obtener reparación de los agravios que puedan inferírsele, ha sido cumplida y continua cumpliéndose con interés y perseverancia.Se dijo en la R. O. que el interesado podía gestionar ante Francia la indemnización y que el gobierno español apoyaría con eficacia las reclamaciones que hiciera.
Según la resolución del Consejo Real de 24 de julio de 1857, el abanderamiento y matrícula de nave que haya pertenecido a nación que se halle en guerra, no impone al gobierno la obligación de indemnizar al propietario, si la otra nación beligerante no reconoce el cambio de nacionalidad del buque y lo apresa. V. Buque, Arqueo y Cónsul.

Abaca

(Musa textilis de Linneo) (del tagalo) s. m. Variedad de banano que se cría en Filipinas: la corola de su flor solo tiene dos pétalos, y el fruto, en forma de baya larga de tres ángulos, encierra multitud de semillas. De esta planta textil se saca un filamento útil para cordelería y toda clase de tejidos (en fr. chanvre de Manille; en al. Afanilahanf; ingl. Manilla hemp o plantain fibre, cáñamo de Manila).
Filamento de esta planta después de preparado para su aplicación industrial.
Tejido hecho con la hilaza de este filamento. (Acad.)
– Descripción. Especie de banano, cuya flor tiene el labio inferior de la corola casi sin escotaduras; cinco estambres, sin rudimento del sexto ; fruto no comestible ; las hojas de dos metros de largo y treinta centímetros de ancho, y el tallo de cuatro metros de alto, y un decímetro de grueso. El peciolo contiene muchos vasos espirales, y da filamentos de 1,80 m., los cuales son fuertes, sedosos. y fáciles de teñir, corren en el comercio en la forma de fibras blanco-amarillentas, o amarillo-pardas, de 1,30 m., término medio, de longitud, y sirven para fabricar cuerdas, y para trama, en el damasco destinado a la tapicería de lujo.
Esta planta se cría en las Indias orientales, China y Filipinas, donde alimenta un vasto tráfico exterior. El cultiYo la ha extendido considerablemente, ya en las provincias de Batangas, Camarines, Panaí, y Marín-duque de las Islas Filipinas, ya fuera de su área nativa por medio de pruebas y ensayos, y finalmente, en los parques y jardines, plantada, según los climas, ora al aire libre, ora en tepidario, y aun en costosos caldearios.
Rival del cáñamo, la blancura, flexibilidad y brillo del abacá vencen al formio tan vasto como tenaz, al yute tan difícil de trabajar, y aun al fino y delicado ramío.
Macerando el abacá quedan las telas y cuerdas mucho más fuertes, aunque de todos modos lo son bastante. Hasta ahora lo sacaban a mano los indios, por medio de una cuchilla atada a una caña, que le sirve de resorte, pero ya se van inventando máquinas que producen doble, triple y aun cuádruple cantidad que por el trabajo manual.
Los datos publicados por D. Nicolás Valdés, en su Manual del Ingeniero y Arquitecto, son de mucha estima, y merecen ser consultados por los que hayan de emplear las cuerdas de abacá.
Estas se hacen generalmente de la. variedad musa textilis, musa trogloditantm, textoria, según el P. Blanco en su flora de Filipinas, planta que se cultiva con gran esmero en Canarias, y de la cual se hacen, además de los cables, tejidos de una finura extraordinaria. Para aplicarla como materia textil, se corta el tronco por el pié y por el extremo superior cuando está próximo a dar fruto, y se le despoja de las hojas. Los peciolos se quitan uno a uno; se les hace una incisión por la parte interna y de través con un cuchillo, y se los descorteza por la parte inferior; después se hacen tiras de dos dedos de anchura, y con herramientas análogas a las empleadas para el cáñamo y el lino se obtiene la fibra textil, que las mujeres separan y clasifican con gran destreza, aunque sea sin luz y solo por el tacto.
En las islas Filipinas, que es donde la jarcia y tejidos de abacá han adquirido mayor importancia, se exportó en 1875 en jarcia por valor de 139.300 pesos, y en tejidos y otras formas 3.400.000 pesos. En 1876 se presentaron en una Exposición celebrada en Palma de Mallorca notables muestras de cordelería de abacá, fabricadas en el país, y en la última exposición minera que se celebró en Madrid en 1883, jarcias de abacá de primera y segunda clase por la Cordelera Española y la Industria Mallorquina, de las islas Baleares, de excelente calidad; también en la misma exposición presentó muy buena jarcia de abacá M. Roberts Hudson, de Inglaterra.
El peso que resiste una cuerda de abacá es de 500 km por centímetro cuadrado: puede soportar con seguridad 250.
El hilo de abacá que se destina a tejidos se lía en forma de grandes ovillos que se golpean en un mortero de madera, para darle flexibilidad. El tejido se hace como el del algodón, y si el hilo que se ha de tejer es demasiado fino, hay que trabajarlo en una habitación, para que el viento no lo rompa.
Tinte del abacá: Ind. El abacá se tiñe fácilmente de azul y de encarnado, empleando al efecto las hojas de una planta que en Camarines llaman payanguit y aringuit. Para teñirlo de encarnado, se usa el cocimiento de la raíz de la morinda, con un poco de cal o de alumbre: otros prefieren teñirlo con lejía y aceite de ajonjolí.
Las cortezas de las bayas de abacá secas y quemadas dan gran cantidad de cenizas que las mujeres usan para teñir con el banendo o nino.
Vinagre de abacá: del agua que sacan los indios cortando el tallo junto a la raíz y dejándolo destilar sobre una excavación que hacen al pie, se forma un vinagre, con el cual bañan la yesca, que de este modo arde muy fácilmente.

Abacá

Comer. Constituye el abacá uno de los principales elementos de riqueza de Filipinas, y de los que más contribuyen a su comercio. Ha tomado el nombre de Abacá del de la planta así llamada. Los habitantes de esta pequeña población se dedican con preferencia a recoger oro, valiéndose para ello del lavado de las arenas.

Ábaco

(que en griego significa tablero, tabla, regularmente de forma cuadrangular; de donde, en general, rectángulo, cuadro, baldosa, casilla de un tablero, como los de damas; y, por extensión, plato, disco, el disco del sol: italiano abcabo,francés abaque): s. m. En general, ábaco significaba tablero o plancha rectangular de madera, tierra cocida, mármol o piedra de cualquier clase.
Para aprender a escribir usaban los griegos un tablero liso, o una mesa bien plana con rebordes marginales, entre los cuales se extendía una ligera tonga de arena fina. Con un estilo se grababan las letras en esta tonga. También se delineaban en ella las figuras de geometría.
Dícese que del uso primitivo de este tablero salió su nombre ábax, derivado de las tres primeras letras del alfabeto griego. De este ábax, cubierto de arena, proceden las expresiones latinas mensa pythagorica y pulvis eruditus.

Ábaco

Arquit. La parte superior, en forma de tablero, que corona el capitel de una columna.
Los antiguos constructores colocaban encima de las columnas de madera un tablero rectangular, a fin de darles más espacioso asiento, y, por lo tanto, mayor apoyo a las vigas sostenidas por dichas columnas. Primitivamente, el ábaco constiuía el capitel todo entero. En los órdenes dórico, toscano y jónico, se manifiesta bien, por la sencillez de su forma cuadrada y plana, la significación griega de su nombre. En el orden corintio y en el compuesto, el ábaco se aleja de esta forma, se reviste de ornamentos y se enriquece con molduras. Reducido a su primitivo estado durante el período románico, presenta generalmente en el período ojival la forma de un octágono. En el orden corintio, el ábaco constituye solo la séptima parte del capitel.
\"abaco\"
En el orden toscano recibe también el nombre de plinto (Vitrubio) por ser semejante al plinto de la base; y en el orden dórico corresponde exactamente a la anchura del plinto sobre que descansa la columna. En los órdenes corintio y compuesto, sus ángulos chaflanados reciben el nombre de cuernos. Finalmente, en los estilos románico, bizantino, árabe y ojival, el ábaco presenta formas caprichosas.

Ábaco

Hist.
Los romanos daban el nombre de ábaco o abáculo (diminutivo) a todo cuadrado decorativo de una habitación, o a todo revestimiento de forma cuadrangular, fuese de mármol o barro, adornado o no de pinturas. Vitrubio da el nombre de ábaco a las láminas cuadradas de bronce dorado con que se cubren los paramentos de las casas suntuosas.
En general recibía el nombre de ábaco toda tabla cuadrada sobre la cual se jugaba a los dados.
Por tanto, se llamaba así el juego de Palmípedos, usado entre los griegos, al cual se jugaba con dados y peones.
También era ábaco entre los Romanos otro tablero de juego de cálculo, el ludus latrunculorum (de latrunculus, ladronzuelo, pieza del juego), algo parecido a nuestros tableros de ajedrez.

Ábaco

Aparador o armario que servía para exponer la vajilla de plata y otros utensilios de mesa; o bien una mesa, artesa o aparato con huecos o perforaciones para sostener copas, vasos, jarros, etc. Colocábase este mueble en el triclinium o comedor.

Ábaco

Doble corona, desprovista de adornos que los reyes de Inglaterra usaban antiguamente, la cual recibe también el nombre de Abacote.
Bastón de mando que usaba el gran maestre de los templarios, en cuyo puño estaba grabada la cruz de la orden.

Ábaco Mosquera

Construcción de tablas para hacer fácil y mecánicamente las operaciones aritméticas, inventada por don Evaristo Antonio Mosquera.

Ábaco De Numeración

De las investigaciones de Alejandro Humboldt, Pott y otros, resulta como un hecho general y constante la singularidad de que los sistemas de numeración, desde los tiempos .primitivos, han sido únicamente el quinario, el decimal y el vigesimal; de los cuales, el decimal es el que ha prevalecido en la numeración hablada. Indudablemente, contamos por diez, porque la naturaleza nos ha dado diez dedos en las manos, y la lingüiacute;stica no deja lugar a duda sobre este particular. En persa, pentcha o pantcha, significa a la vez cinco y mano. En la lengua chibcha, que hablaban los Muyscas, los números 11, 12…. se expresaban por pie y uno, pie y dos…. Nada más expeditivo que contar por los dedos, cuando se trata de pequeñas cantidades; pero el cálculo digital no puede ser suficiente cuando haya que combinar números algo grandes. De ahí, la necesidad de recurrir a medios materiales más adecuados que los dedos: los Aztecas señalaban con una especie de clavos los primeros grados de la escala de la pluralidad hasta el 19; un cañón de una pluma significaba 20; otro cañón de pluma, lleno de polvo de oro u otro polvo de color, expresaba 400…. Los peruanos usaban cintas con nudos que llamaban quipos; recurso análogo al de las cuentas y los dieces de nuestros rosarios. Pero lo más general fné el auxiliar el cálculo mental por medio de simientes, y mejor, de piedrecillas ( calculi, de calx, de donde sale el verbo calcular ). Es tan natural este recurso, que en Castilla, aun hoy, se ve a algunas sirvientes ajustar sus cuentas con garbanzos. Van echando en un montón tantos granos como céntimos han gastado; y, cuando el montón llega a 25, ponen aparte una simiente en representación de un real; cuando han reunido cuatro de éstas, ponen en un sitio más distante otra simiente, como símbolo de una peseta…. etc. Este modo representativo de contar, llamado por Humboldt numeración palpable, está muy lejos del concepto científico de número, puesto que el número puro no tiene propiedad ninguna física: carece de largo, ancho y grueso, no pesa ni tiene color, sabor, olor…. ni se mueve, etc. Pero, como en 8 garbanzos, por ejemplo, está comprendida la idea de 8, ese número de simientes, no por sus propiedades físicas, sino por su grado en la escala de la pluralidad, puede representar a inteligencias mal desarrolladas el mismo grado de la escala en absoluto, cuando se trata de céntimos de peseta. Por lo dicho, es fácil ver cómo la numeración palpable lleva naturalmente al fundamento de los valores aritméticos de posición. El garbanzo, que en el primer montón vale 1 para la sirviente del ejemplo, vale aparte 25 ; y cuatro veces más en un tercer lugar, etc.
Insuficiente el cálculo digital, y demasiado grosero el de las simientes o piedrecillas, desde muy antiguo se inventaron aparatos de contar correspondientes a la numeración palpable y de posición, y ajustados al sistema decimal. De entre ellos, ha llegado hasta nosotros el ábaco de numeración, tchotu de los rusos, tomado del suan pan de los chinos.
\"abaco2\"
En un marco rectangular colocado horizontalmente, se halla sujeto por ambos extremos cierto número de alambres, paralelos, diez por ejemplo, en cada uno de los cuales hay ensartadas nueve bolas o cuentas que pueden fácilmente correr por ellos, a voluntad del operador. El marco se divide en dos mitades por un listón aa, sujeto por la parte inferior, y a tal distancia de las bolas, que no puede impedir el movimiento de éstas. El alambre de la derecha está destinado a las unidades; el inmediato, ::í las decenas; el que sigue, a las centenas…. etc. Al empezar, todas las bolas se encuentran a un lado de la mitad aa, y el operador, a medida que es menester, acerca bolas al lado bb, comenzando por las del alambre de la derecha. Si tuviera que sumar 5 + 3 + 2, acercaría primero 5 bolas, luego 3; y, no bastando las 9 del primer alambre para completar el sumando 2, que aun falta, acercaría una bola del alambre contiguo, la cual, en este caso, vendría a representar una decena, y devolvería todas las demás bolas a su primitiva posición en la mitad aa. Este aparato fue importado a Rusia a fines de la Edad media por los conquistadores mogoles. Los chinos manejan el suan pan con tal celeridad, que causa maravilla. Dícese que mientras una persona lee rápidamente los sumandos de una cuenta, otra va haciendo la suma, con tal velocidad, que la tiene concluida al terminar la lectura. El ábaco chino actual difiere del descrito, en que solo tiene cinco bolas a un lado del listón aa, y otras dos al otro lado que se distinguen de las demás en el tamaño o en el .color, o en ambas cosas. En el Museo de la Compañía Inglesa de las Indias hay uno original. El Suan pan ha sido en todas épocas decimal: una bola de la segunda fila vale diez bolas de la primera; una bola de la tercera, diez de la segunda, etc. ; y los chinos han podido servirse siempre para sus cuentas de este ábaco, por ser decimal su sistema de pesas y medidas; y es lo raro que, poseyendo los chinos la numeración decimal hablada, y un símbolo especial para indicar la falta de una cantidad, de una cualidad, y hasta de una unidad, no hayan adoptado nunca en su aritmética escrita un signo equivalente a nuestro cero; por lo cual, su sistema de numeración es tan deficiente y tan difícil como el de los antiguos romanos. La falta del cero los obliga a adoptar un carácter especial para las decenas, otro para las centenas, otro para los millares, etc. , según se expondrá con mayor detención en el artículo Aritmética. Y la dificultad es más complicada de lo que pudiera creerse, porque los signos numerales de la lengua mandarina presentan muchas formas: una la usual, otra la abreviada para los escritos corrientes; y otra más compleja aun, cuyo objeto es dificultar las falsificaciones, por lo que se emplea en los billetes de banco, letras de cambio y los efectos comerciales; por lo mismo que nosotros escribimos con letra y no con guarismos las cantidades en los recibos y en las actas notariales.
El suan pan se adapta por completo a nuestro decimal. Si la sexta columna a la derecha representa v. g. las unidades, la séptima representará las decenas, la octava las centenas, la novena los millares y la décima las decenas de millar: y en este caso la quinta representará las décimas, la cuarta las centésimas, la tercera las milésimas, la segunda las diezmilésimas y la primera las cienmilésimas; pero un solo aparato no podría ser de gran utilidad en los pueblos cuyo sistema métrico difiere del decimal. Un inglés, en rigor, necesitaría un ábaco especial para sumar libras, chelines y peniques; otro para los pesos llamados avoirdupois, otro para los troy…. etc. ; y, efectivamente, la historia nos demuestra que los ingleses tuvieron que recurrir a un ábaco especial de no poca complicación.
Es muy de notar que en los ábacos no se leen las unidades de cada especie, sino que se cuentan; lo cual sucede con todos los sistemas en que se repite un solo punto, trazo o medio representativo cualquiera, como en los dados, el dominó, las campanadas de las horas, etc. El ábaco de numeración chino, lo mismo que el etrusco, constituyeron en su época un grandísimo progreso, por haber realizado el admirable sistema de nuestra numeración escrita, en cuya virtud cada cifra tiene un valor absoluto y otro de posición. Pero, como una bola, o dos, o tres bolas…, no son el concepto puro de los grados de la escala de la pluralidad, 1, 2, 3, 4… ; y, por otra parte, como las cantidades representadas por las bolas de cada alambre utilizadas en cada caso particular no se leen, sino que se cuentan; consideren que el ábaco de los números en las escuelas de párvulos no es un medio tan eficaz de enseñanza como se pondera, ni tan propio, como se dice, del estado de nuestra civilización. Y, verdaderamente, los hechos dan en cierto modo la razón a los que tal objetan, ya que en gran número de escuelas, al cabo de un tiempo, los ábacos constituyen más bien un objeto de adorno que un medio positivo de enseñanza.

Ábaco Rabdológico O Neperiano

Tablero con reborde (semejante a los de los galerines de imprenta), en el cual se colocan y sujetan las varillas neperianas cuando se usan para las grandes operaciones de multiplicar o de partir, y en que, después de hechas las operaciones aritméticas, se guarda clasificado y en orden el juego de varillas. También por extensión se da el nombre de Ábaco NEPERIANO al conjunto de tablero y de varillas. El tablero y las varillas tienen por objeto convertir en sumas muy sencillas todas las operaciones aritméticas de multiplicar números enteros; y en restas las operaciones aritméticas de dividir.
Las varillas neperianas son, por lo regular, tiras de madera, metal o cartón grueso y resistente: una de las caras está dividida con esmero en nueve cuadrados; todos los cuadrados, excepto el superior, se hallan subdivides en dos triángulos por una diagonal tirada desde el ángulo superior de la derecha al ángulo inferior de la izquierda. En el cuadrado superior de cada varilla se halla trazado uno de los números dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; y en cada uno de los cuadrados inferiores, ya subdivididos en triángulos, se escribe el duplo, el triple, el cuádruplo… el nóncuplo del número inscrito en el cuadrado superior, cabeza de la varilla. Cuando el producto sea de una sola cifra, ésta se trazará en el triángulo inferior; y cuando de dos, las decenas se pondrán en la casilla triangular superior, y las unidades en la triangular inferior de un mismo cuadrado.
El ábaco, es decir, el tablero, tiene en su reborde izquierdo, trazados de arriba abajo, los números dígitos 1 a 9, en cuadrados iguales a los que encabezan las varillas.
abaco3
Provisto ya el calculador del ábaco o tablero indicado y de un juego suficiente de varillas neperianas, supongamos que se desee multiplicar el número 6.785.399 por otro cualquiera. Al efecto se colocarán unas junto a otras en el ábaco (como indica la figura), siete varillas encabezadas por los números 6, 7, 8, 5, 3, 9 y 9; y, hecho esto, se podrán obtener todos los productos parciales de 6.785.399 por 2, por 3, por 4, por 5,… por 9, utilizando al efecto las cifras de las fajas horizontales. Así, pues, el producto
6.785.399 x 5
se hallará, según la quinta faja horizontal (indicada por el 5, que se lee en el cuadrado quinto de la columna de cuadrados a la izquierda) escribiendo de derecha a izquierda:
1. Las unidades del triángulo inferior de la derecha: 5
2. La suma de las decenas y de las unidades de los dos triángulos, superior e inferior, de la misma faja horizontal, inmediatos al 5 y a la izquierda