Abeken Bernardo Rodulfo

Literato alemán (N. en Osnabruck en 1780. M. en la misma ciudad en 1866). fue sucesivamente preceptor de los hijos de Schiller, profesor del colegio de Rudolstadt, y después director del de su ciudad natal. Las más notables de sus obras son: Cicerón y sus cartas, Un episodio de la vida de Goethe y Goethe durante los años 1771-1775.

Abeken (Enrique)

Biog. Sobrino del anterior. N. en Osnabruck en 1809. De 1827 a 1831, estudió teología en Berlín; en 1834 pasó a Roma y en 1841 a Londres, donde estuvo empleado en las negociaciones para la creación del obispado protestante de Jerusalén; hizo una expedición en 1842 a Egipto y Etiopía y a su vuelta en 1848 fue empleado en el Ministerio prusiano de Negocios extranjeros, llegando a ser Consejero de Legación. En la guerra contra Francia, de 1870 a 1871, acompaño al cuartel general del rey y a su vuelta, m. en Berlín en 1872. Dejó escrita una obra titulada: Babilonia y Jerusalén.

Abeken (Guillermo Luis)

Biog. Arqueólogo hijo de Bernardo. N. en30 de abril de 1814. Cursó teología en Berlín; se dedicó después a la arqueología, estudiando en Roma las relaciones de los antiguos pueblos de la Etruria, del Samnio y de la Umbría, tareas que dieron por resultado su obra importante titulada: La Italia central en tiempos anteriores a la dominación romana, según sus momentos, impresa en Stuttgart en 1843. M. en Munich en 29 de enero de 1843.

Abdicacion Continuacion

Las más notables abdicaciones que registra la historia del mundo son las siguientes: Pítaco, uno do los siete sabios de Grecia, en 648 antes de J. C., abdicó del poder que ejercía en Mitilene, porque temió verse obligado a convertirse en tirano de su pueblo, como se había convertido Periandro en tirano de Corinto, después de haberle gobernado con bondad paternal.
El dictador romano Sila, después de haber cubierto de sangre y de cadáveres a Roma, abdicó el poder dictatorial por un acto de vanidad, para hacer ver que no temía el peligro a que se exponía reduciéndose a la condición de mero ciudadano (79 a. J. C.).
El emperador de Roma Diocleciano abdicó también el cetro, disgustado del poder y deseando la tranquilidad de su retiro, aunque después le pesó por los disgustos que le proporcionaron sus sucesores (305 de J. C.).

Abdicación De La Patria

Es el acto de renunciar a los derechos de ciudadanía adquiridos en un país cualquiera. Es de derecho natural, la facultad que a todo hombre corresponde de abandonar su patria y de buscar en otros países consideraciones, conveniencia y medios de subsistir.
La abdicación de patria puede ser expresa y tácita. La expresa (o directa) consiste en un acto formal de renuncia a los derechos de ciudadano de la nación a que uno pertenece. La tácita (o indirecta) consiste principalmente en el hecho de adquirir el ciudadano de una nación derecho de ciudadanía en otro país.
La abdicación expresa o directa de patria se realiza muy pocas veces. Al hombre repugna el manifestar oficialmente su resolución de renunciar a la patria de su nacimiento, por muchos y muy poderosos que sean los motivos que a ello le impulsen.
Los historiadores citan como ejemplo de abdicación directa o expresa, la de Juan Jacabo Rousseau, cuyo libro Emilio fue condenado por el Consejo de la República de Ginebra, sin que el autor hubiera sido oído ni emplazado, y sin que ninguno de sus conciudadanos reclamase contra esta violación manifiesta de las leyes. Rousseau, después de haber esperado durante diez meses una reparación, que no recibió, abdicó por escrito su derecho de vecindad y de ciudadanía en 12 de mayo de 1763. También se cita la del conde de Aremberg que renunció la cualidad de ciudadano francés que había ganado durante la República.
La abdicación de la patria supone la adopción directa o indirecta de otra y viceversa; porque el hombre no puede estar sin patria, ni es natural que tenga dos patrias a la vez. Sin embargo, la historia consigna de esto algunos casos: en lo antiguo el de Alejandro, que, sin perder su ciudadanía, fue adoptado por la República de Corinto; y en lo moderno el de General Lafayette, declarado ciudadano de los Estados-Unidos sin perder su condición de ciudadano francés. V. Naturalización.
Aunque de derecho natural, la libertad de abdicar la patria está sujeta a limitación en algunas constituciones. Las ordenanzas del reino de Prusia (1818) y el Código establecieron que la abdicación de ciudadana necesitaba previo permiso del soberano, y antes, en 1807, fue prohibida en Wurtenberg toda emigración menos la de las mujeres. De hecho y prácticamente nunca el inglés cree que pierde su condición de inglés, por larga que sea su residencia fuera de la patria.
Es notable la ley que en 1870 se dictó para la Confederación de la Alemania del Norte. Según esta ley se pierde la nacionalidad alemana tan sólo en virtud de la dimisión del derecho de ciudadanía formulada por el interesado y aceptada por el Gobierno: si el ex-ciudadano no adquiere nueva nacionalidad en el plazo de seis meses, queda sin efecto la dimisión y vuelve a ser considerado ciudadano alemán. En tiempo de guerra puede el presidente de la Confederación establecer reglas especiales sobre aceptación de las dimisiones de ciudadanía: tiene por objeto esta facultad el evitar que los ciudadanos puedan sustraerse al servicio militar.
El alemán del Norte con arreglo a esta ley no pierde su nacionalidad por haberse nacionalizado y adquirido derechos de ciudadanía en otra nación: un alemán puede tener dos patrias a la vez. V. Ciudadano, Naturalización y Renuncia.

Abbot Carlos Baron De Colchester

Estadista inglés. (N. 14 oct. 1757 en Abingdón, donde su padre era predicador. M. en Londres 8 may. 1829.) Recibió su primera educación en Westminster, pasó en 177 5 a Oxford, donde obtuvo el premio de poesía latina por un poema en honor de Pedro el Grande, lo que le valió de Catalina II una medalla de oro. Estudio luego en Ginebra y allí trabó amistad con el célebre historiador Juan Miiller. Elegido para la Cámara de los Comunes en 1795, utilizó sus conocimientos jurídicos en introducir orden y regularidad en la impresión de las leyes y los estatutos del Parlamento. Prohijó calorosamente el famoso bill de Pitt contra las reuniones tumultuosas, y casi siempre estuvo afiliado al partido ministerial. En 1799 apoyó la proposición de la contribución directa (income tax) o impuesto sobre las rentas. Fue primer secretario del lord lugarteniente de Irlanda (1801) y lord comisario del Tesoro. Electo en 1802, presidente de la Cámam de los Comunes (Speaker). En 1805, resultando empatada una votación importante sobre si había o no de procesarse a lord: Melville (Dundas) el voto presidencial decidió que el ministro fuese acusado ante la Cámara de los pares. La cortedad de vista le obligó en 1817 a dimitir el cargo presidencial. Abbot fue nombrado entonces par con el título de barón de Colchester.

Abbot (Ezra)

Biog. Escritor religioso norteamericano. (N. en Jackson en 28de abril de 1819.) En 1872, habiendo seguido con grande aprovechamiento los estudios clásicos, llegó a ser profesor de interpretación y crítica del Nuevo Testamento en la escuela de Teología de la Universidad de Haward, posición que conservaba todavía en 1883. En 1852 fue elegido individuo de la Sociedad oriental americana, y en 1861 de la Academia americana de artes y ciencias. En 1864 publicó un libro titulado Literatura de la doctrina de la vida futura, en el cual cita los títulos de más de 5 300 obras diferentes sobre esta materia. Puso notas a varias traducciones de los Evangelios; coopero a la redacción del Diccionario de la Biblia, publicado de 1867 a 1870; contribuyó también a otras muchas tareas bíblicas en los Estados Unidos, y ha sido colaborador de multitud de periódicos y sociedades de literatura y exégesis bíblicas.

Abbot (Jorge)

Biog. Arzobispo de Cantorbery de 1611 a 1633. (N. en Guildford en 1562, de una familia pobre. M. 4 ag. 1633.) Su padre era tejedor. Por su aplicación al estudio fue elegido en 1597 maestro del colegio universitario de Oxford y después vicecarciller de la Universidad. En 1604 fue uno de los encargados de hacer una nueva traducción de la Biblia, y tradujo todo el Nuevo Testamento a excepción de las Epístolas. En 1609 fue nombrado Deán de Gloucester y en1611 Arzobispo de Cantorbery. Debió su posición a sus esfuerzos por mantener la autoridad y prerrogativas de la corona en materias eclesiásticas. En este cargo trabajó con gran celo para extender sus facultades y se mostró opresor y arbitrario en el tribunal eclesiástico contra los acusados. Antes de llegar a la Sede arzobispal había profesado las doctrinas del derecho divino de los reyes y de la obediencia pasiva; pero después, cuando las circunstancias le pusieron en oposición a la creciente influencia de su antiguo adversario Laud, se hizo más tolerante, así en religión como en política. Mostró suma entereza de carácter, resistiéndose a complacer al rey, que deseaba el divorcio de la condesa de Essex para que ésta pudiera casarse con el favorito Robert Carr, marqués de Somerset. El 24 de julio de1622, en una caza de ciervos, una flecha de su arco, mal disparada, hirió a un guarda de la posesión en que cazaba, y de la herida el guarda murió. De este acontecimiento se valieron los enemigos de Abbot para hacer que se nombrase una comisión que investigara el caso, la cual acordó que el Arzobispo necesitaba el perdón del Rey para continuar en el ejercicio de sus funciones. El Rey le perdono, pero Abbot se condeno a un ayuno de un mes, señaló una pensión vitalicia de 20 libras esterlinas a la viuda del guarda, y se retiró de los negocios públicos durante un año. Al siguiente, habiendo oído que el Rey pensaba dar un decreto de tolerancia a favor de los católicos, le escribió disuadiéndole de esta medida, y después se opuso abiertamente en el Parlamento al proyectado enlace del príncipe de Gales con una infanta de España. Auxilió a Jacobo I en su lecho de muerte, y se halló presente a la coronación de Carlos I en 1627. Fundó un hospital en G1uldford. Era hombre de conciencia, pero sin tacto, y dícese que de muy cortos alcances. Dejó varias producciones literarias y religiosas, entre ellas una exposición del Profeta Jonás y una Breve descripción del Mundo, que se publicó en 1636.

Abbot (Mauricio)

Biog. (N. en Guildford. M. en Londres 10 en. 1638). Hermano del anterior. Director de la compañía de las Indias orientales. En 1618 tomó parte muy activa en la conclusión del tratado con los holandeses concerniente al comercio de las islas Molucas. Representante de Londres en 1625. Lord corregidor en 1638.

Abbot (Jacobo)

Biog. Autor de muchas obras religiosas y de educación. (N. en Hallowell (América del Norte) en 14 de nov. de 1803. M. en Farmington el 31 oct. 1879.) En 1824 fue profesor de matemáticas en el colegio de Amherst, y en 1826 obtuvo las licencias para predicar. En 1828 abrió en Boston la escuela de niñas de Mount-Vernon, que dio excelentes resultados, y cuatro años después comenzó la serie de sus escritos publicando con el título de El Joven cristiano las conferencias dadas en la escuela. En 1834 organizó una iglesia congregacional en Roxbury (Massachusetts), a la cual renunció en 1838 en favor de su hermano Juan, para establecerse en Nueva-York. En 1845 estableció otra escuela para niños, y por último en 1855 dejó la enseñanza para dedicarse exclusivamente a escribir, hasta su muerte. Fue autor único de 180 tomos de obras de educación y colaborador de otros 31. Su ultima producción fue La ciencia explicada a los jóvenes, en 4 tomos impresos en Nueva York de 1871 a 1873. Su estilo es claro y sencillo, adaptado a la inteligencia de los niños y sobre todo moral y cristiano. Merecen mención su Historia de la Franconia, en 1O vol.; una serie de 40 libros de biografías de los hombres ilustres de todos los siglos y naciones, en que colaboró su hermano, y los libros de historia de Harper (nombre del editor), en 36 volúmenes.

Abbot (Juan)

Biog. Hermano del anterior, historiador y escritor religioso. (N. en Brunswick (Estados Unidos de la América del Norte) en 18 de set. de 1805.:M:. en 17 junio 1877.) A la edad conveniente se dedicó a la carrera eclesiástica. Su primera obra, publicada en 1833, fue La madre en casa, a la cual siguió pronto El niño en casa, que fueron admirablemente recibidas, y luego traducidas a la mayor parte de las lenguas europeas, así como por los misioneros de Asia y Africa. Escribió después las biografías de varios reyes y reinas; la Historia de Napoleón Bonaparte, al cual elogia extraordinariamente; a esta obra se da poco valor, como inspirada por el espíritu de partido; la vida de Napoleón en Santa Elena; la Correspondencia de Napoleón y Josefina; y la Historia de Napoleón III, tachadas del mismo espíritu; La Historia de la revolución francesa de 1789, la de la Guerra civil de América de 1863 a 1866; las Vidas de los presidentes de los Estados Unidos; las Historias de Austria, Rusia, España e Italia, y por último la de Federico II el Grande, publicada en 1871.

Abbot (Lyman)

Biog. Abogado y escritor religioso norte-americano, hijo tercero de Jacobo Abbot. (N. en Roxbury (Massachusetts) en 18 de diciembre de 1835). Se graduó en la Universidad de Nueva York en 1853, donde estudio derecho y publicó varias obras de jurisprudencia, unido con sus tres hermanos mayores, Benjamín, Vaughan y Austín, también abogados. Se separó luego de éstos; estudio teología; fue pastor de una iglesia durante un año: en 1870 publicó el Semanario Cristiano frustrado, y en 1871 se hizo editor y director del periódico La Unión Cristiana de Nueva York. En colaboración con dos hermanos suyos escribió dos novelas, que aparecieron bajo el pseudónimo de Benauly, nombre que contiene las iniciales de los tres autores. En 1872 entró como redactor literario en la famosa revista mensual titulada Harper\’s Magazine, de Harper, nombre de su distinguido editor.

Abbot (Roberto)

Biog. Teólogo inglés, hermano mayor de Jorge, arzobispo de Cantorbery. (N. en1560. M.1617.) Desempeñó elevados cargos eclesiásticos y escribió entre otras obras un tratado sobre la Supremacía de los reyes, contra las doctrinas de Bellarmino y Suarez, la cual le valió el obispado de Salisbury. Escribió de Antichristo; Espejo de las sutilezas papales; La exaltación del reino y sacerdocio del Oristo; de Gratia et perseverantia Sanctorum, etc.

Abbot (Abiel)

Biog. Eclesiástico americano. (N. en 17 ag. 1770 en Andover (Massachusetts). M. 7 jun. 1828.) Son muy interesantes sus cartas sobre Cuba.∞∞ABBOT (CARLOS, LORD TENTERDEN) ∞∞∞ Biog. Jurisconsulto inglés. (N. 1762. M. 1832.) Hizo grandes progresos en la magistratura, desempeñó altos cargos en los tribunales de justicia, gracias a la protección que le dispensó su amigo lord Ellenborough, y en 1827 entró en la Cámara de los Lords. Escribió una obra o tratado sobre las leyes relativas a la marina mercante (Londres, 1802).

Abbot (Carlos)

Biog. Botánico inglés; publicó en Belford en 1798 una obra notable.

Abbott (Samuel)

Biog. Filántropo y fundador del seminario teológico de Andover (Massachusetts). (N. en Andover 1732. M. en el mismo pueblo en 1812.) Para el sostenimiento de dicho seminario dejó 100 000 pesos. Ajustaba su conducta a máximas muy sabias, y especialmente a la siguiente: No elogies a ningún presente, ni denigres a ningún ausente.

Abastos

s. m. pl. La provisión de los artículos de primera necesidad.

Abastos

Hist. y Leg. Llamábase ABASTOS, en acepción limitada o restringida, la provisión de los articulas de consumo público propios en general para el sustento, cuyo comercio era en los pueblos objeto de estanco y monopolio, y cuyo acopio y venta arrendaban los ayuntamientos.
Estos abastos comprendían: los comestibles; como el pan, las carnes, el pescado, las aves, los huevos, la leche, las legumbres, las verduras, las frutas y los condimentos; las bebidas; como el vino, el aguardiente, los licores, la cerveza, la sidra; los combustibles; como el aceite, las velas, el carbón… También se comprendía el jabón… Y todos se incluían en la denominación común de articulas de comer, beber y arder. V. Abastecedores y Abacería. Aunque la mayor parte de lo legislado en materia de abastecimientos, abastecedores y abastos sólo tiene hoy carácter meramente histórico, conserva grandísimo interés economico cuanto se relaciona con tan importante materia, porque esa especial legislación contiene el desenvolvimiento de las ideas comerciales en nuestro país. El estudio debe clasificarse en tres grandes grupos: Leyes de la Novísima Recopilación; Disposiciones posteriores; Leyes de Indias.
l. LOS ABASTOS EN LA NOVÍSIMA RECOPILACIÓN. Cada cual compre y venda libremente los mantenimientos que necesitare y nadie ponga estancos ni vedamientos, bajo las penas con que castigan las leyes del reino a los que imponen y llevan nuevas contribuciones. (Ley primera, tít. 21, lib. 6. Pragmática de los Reyes Católicos en 1492: Petición séptima de las Cortes de Segovia, 1532. Don Carlos y doña Juana reproducen la pragmática de 1492 en 1532.) Según esta pragmática era libre en España el tráfico interior, sin intervención ninguna por parte de la administración publica, provincial ni municipal; pero a poco se manifestó en España la tendencia de confiar al Estado toda clase de funciones, hasta las que por su naturaleza corresponden a la actividad individual, y esto origino la ley 6.ª, tít. 5, del lib. IV, de 30 enero 1608 (que después completa un auto del Consejo de 31 oct. 1729), como sigue:Tendrá cuidado el Consejo que no haya falta en estos reinos en la provisión del pan y de otros bastimentas, especialmente en esta corte, y lo mismo se procurará por las otras partes. Indudablemente de hecho, aunque no fuera de derecho, se habían ya estancado en muchos municipios los artículos de comer, beber y arder, cuando apareció la ley 8, tít. 16 del lib. 7, de 13oct. de 1749, que los supone:Debe cuidarse que los abastos públicos se hagan a la mayor comodidad y menor precio que sea posible, sin ligas ni monopolios de dentro o fuera de los ayuntamientos. A este fin nombrarán los pueblos todos los años dos de sus individuos para que, con su procurador, síndico general y teniente asesor, intervengan y asistan, en el lugar público acostumbrado, a hacer los remates de los referidos abastos, después de pregonados por treinta días, etc.(Con esta ley de 1749, se relacionan el auto acordado de 5 de mayo de 1766, ley l.ª, tít. 18 del lib. 7.º, y la instrucción del Consejo, fecha 26 jun. 17 66, ley 2.ª.) El monopolio y estanco de los artículos de comer, beber y así como los abusos de los abastecedores darían lugar a frecuentes motines, y de aquí la ley 13, tít. 17 del lib. 7.
Decláranse nulas e invalidas las bajas que se hicieren en los abastos por los ayuntamientos y magistrados de los pueblos, compelidos por fuerza y violencia; y por ineficaces los indultos o perdones que por ellos se concedieran a los perpetradores, auxiliares o motores de dichas asonadas y violencias.
En 16 de jun. de 1767, bajo el reinado de Carlos III, volvió a intentarse la libertad del tráfico, en virtud de la Cédula de 16 de junio de 1767 (Ley 14, tít. 17, lib. 7.): Cesen en todos los pueblos las licencias y posturas y la exacción de derechos y déjese en total libertad la contratación y comercio; haciéndose saber en todos los lugares por medio de bando público para que a todos conste y no continue el abuso. Como se negaran muchos vendedores a satisfacer toda clase de impuestos, apoyándose en la Cédula transcrita, el Consejo manifestó, en Provisión de 5 de octubre de 1767 (Ley 15, tít. 17, lib. 7):
Que se habían declarado libres los géneros comestibles del pago de licencia y posturas para las ventas; pero no de los arbitrios o impuestos que estuviesen cargados sobre ellos con legítimos títulos a favor de los propios y caudales públicos.Surgieron dudas acerca de la Cédula de junio de 1767, y el Consejo declaró, en Provisión de9 de agosto de 1768 (Ley 16, tít. 17, lib. 7):Que las especies que devengan y adeudan millones, como son: carne, tocino, aceite, vino, vinagre, pescado salado, velas y jabón, deben tener precio fijo vendidas por menor; y en ningún modo por mayor, reduciéndose el cuidado de la policía municipal de todos los pueblos a celar que sean arreglados los pesos y medidas y a fijar la; horas de mercado más cómodas para los trajinantes. Quejáronse algunos pueblos de que habían subido los precios de los géneros libres de posturas y lograron que la Cédula de 16 de junio quedase derogada en 11\’ de mayo de 1772. Se sujetaron de nuevo a posturas todos los géneros que lo estaban antes de publicarse la mencionada ley 14, tít. 17, lib. 7.
(Leyes 18, 19 y 20, tít. 17, lib. 7 de la Novísima Recopilación.) 11. Los ABASTOS EN DISPOSICIONES POSTERIORES. Decreto de las Cortes de 8 de junio de 1813.
ART. 8.º Así en las primeras ventas como en las ulteriores, ningún fruto ni producción de la tierra, ni los ganados ni sus esquilmos, ni los productos de la caza y pesca, ni las obras del trabajo y de la industria estarán sujetas a tasa ni postura, sin embargo de cualesquiera leyes generales o municipales. Todo se podrá vender y revender al precio y en la manera que más acomode a sus dueños, con tal que no perjudiquen a la salud publica; y ninguna persona, corporación o establecimiento tendrá privilegio de preferencia en las compras; pero se continuará observando la prohibición de extraer a países extranjeros aquellas cosas que actualmente no se pueden exportar, y las reglas establecidas en cuanto al modo de exportarse las cosas que pueden serlo.Se ve, pues, que las Cortes de Cádiz restablecieron la libertad de tráfico, instituida más de tres siglos antes, en 1492, por la pragmática de los Reyes Católicos; pero bien poco hubo de durar la franquicia; pues al regreso del rey Fernando VII, se volvió (en 16 abr. 1816) a las exclusivas en el arrendamiento de los ramos de abastos. El _ 80 del cap. 8 del Real Decreto de esta fecha decía: Ningun otro sujeto que el abastecedor ha de vender por menor las especies comprendidas en el abasto, ni las podrá introducir ni comprar por mayor para consumo en el pueblo, etc. Pero los inconvenientes se tocaban ya tanto, y las doctrinas promulgadas por las Cortes gaditanas en 1813 habían penetrado de tal modo en la opinión, que en 26 dic. 1818 quedaron reducidos a cinco solamente los artículos estancables:ART. 3.º Los puestos públicos o abacerías de los pueblos se compondrán solamente de cinco artículos, a saber: vino, vinagre, aguardiente, aceite y carne. ART. 4.º Los pueblos serán árbitros de poner o no puestos públicos, e igualmente de reducir a menor número el estanco por menor de las cinco especies expresadas. Los artículos 8 y 9 son notables:La venta por mayor de las especies de vino vinagre, aguardiente, aceite y carne, cuyo estanco por menor se permite en los puestos públicos o abacerías, se ejecutará con absoluta libertad y sin ninguna restricción. Pero el artículo 12 venía a hacer casi imposible el desestanco, pues ligaba a los fondos generales de la nación los productos de los cinco géneros sujetos a postura: ART. 12. El producto del estanco por menor de las cinco especies referidas….. se aplicará…. al pago de la masa de contribución cargada a cada pueblo, sin que pueda distraerse a otros fines, etc. Las Cortes de 1823 no se atrevieron a llevar a la práctica el decreto de las de Cádiz de 1813, antes bien transigieron con el decreto de 1818.
Artículo 15 de la ley de 3 feb. de 1823: Cuidarán los ayuntamientos…. de que los pueblos estén surtidos abundantemente de comestibles de buena calidad. ART. 99. Las reclamaciones y dudas que ocurran sobre los ramos de abastos se dirigirán a las diputaciones provinciales para que las resuelvan sin ulterior recurso, etc. En 20 de enero de 1834 se dictó un Real decreto que volvía a intentar la libertad del tráfico interior en los dos siguientes artículos: ART. L1.0 Se declaran libres en todos los pueblos del reino el tráfico, comercio y venta de los objetos de comer, beber y arder, pagando los traficantes en ellos los derechos reales y municipales a que respectivamente están sujetos. ART. 2.º En consecuencia, ninguno de dichos artículos de abastos, excepto el pan, estará sujeto a postura, tasa o arancel de ninguna especie, etc.
Pero el artículo 5.º de dicho Real decreto de 20 de enero de 1834 anulaba de hecho a los dos primeros citados, porque en él se ordenaba la continuación de los estancos donde sus productos estaban afectos al pago de contribuciones o a cargas municipales, y ya se ha visto que lo estaban en todas partes por virtud de la Real orden de 1818. Además, el pan estaba sujeto a estanco y a gremios (á postura, tasa o arancel). Sólo hubo de hecho libertad cuando en 30 de agosto de 1836 fue restablecido el decreto de las Cortes de Cádiz de 8 junio 1813. Pero, con escandalosa infracción del decreto, continuaron en muchos pueblos arrendados los puestos públicos, con la consiguiente exclusiva de la venta al por menor, en beneficio y provecho de los abastecedores. Había para ello un pretexto formidablemente especioso; y era que en los pueblos pequeños la nueva libertad de tráfico no provocaba la concurrencia, antes por el contrario, no habiendo monopolio, no existían seductores incentivos de lucros y ganancias para los abastecedores; y por consecuencia desaparecía el surtido, hasta el extremo a veces de rayar en desesperante carestía. .
En 1845 el nuevo sistema tributario estableció contribución sobre el consumo del vino, sidra, chacolí, cerveza, aguardiente, licores, aceite, jabón i carne, y el sistema de recaudación concluyo con el antiguo orden de puestos públicos y de venta exclusiva en ellos al por menor de determinados artículos. Hubo sin embargo todavía muchas reclamaciones en favor de los estancos; y por R. O. de 5 de marzo de 1847 se autorizó el restablecimiento de la exclusiva en los pueblos que no pasaran de 3 000 vecinos y no fueran capitales de provincia ni puertos habilitados.
Las RR. OO. de 24 de feb. de 1853, 19 de abril de 1853 y 19 de abril de 1856 prohibieron en absoluto a los ayuntamientos que establezcan restricciones a la libre fabricación y venta del pan.
Por el R. D. e Instrucción del 5 de dic. de 1856se autorizó a los ayuntamientos para que pudieran establecer puestos públicos para la venta al por menor de vino, aguardiente, aceite y carnes en los pueblos de menos de 500 vecinos, y para la venta de carnes en los pueblos de 1000 vecinos abajo. Por la ley de presupuestos de 25 de junio de 1864 e Instrucción de l. o de julio del mismo año se permitió a los pueblos que, para hacer efectivos sus encabezamientos generales, recurrieran a los medios de administración, encabezamientos parciales o gremiales, arriendo a venta libre de todas o de algunas especies, arriendo con exclusiva y repartimientos.
La revolución de septiembre estableció la más completa libertad en la compra y venta de los artículos de comer, beber y arder.
La ley de 31 de julio de 1876 autorizó el establecimiento de la exclusiva en los pueblos de menos de 5 000 habitantes. Y con arreglo a la ley de 16 de junio de 1885 y al reglamento para la ejecución de la misma, los ayuntamientos de Poblaciones que no tengan más de 1000 habitantes dentro de su término municipal podrán establecer puestos públicos para la venta exclusiva al por menor de vinos, aguardientes, aceites y carnes frescas o saladas. Se entiende por ventas al por menor, para los efectos del reglamento, las que no lleguen a 6 kg o litros. Cierto es que se permite a los cosecheros y fabricantes de la misma población vender al por menor los productos de sus cosechas y fábricas, siempre que cada uno lo verifique en un solo local; pero esto no quita a la anterior disposición administrativa el carácter restrictivo de la libertad de tráfico.
Para establecer la exclusiva en la venta al pormenor de los artículos expresados, es necesario que el ayuntamiento lo acuerde asociado con un número de contribuyentes doble que el de concejales. El acuerdo se elevará a la Administración provincial de Hacienda, acompañado de una solicitud en que se expresen los motivos que hubiese para considerar conveniente la concesión. La administración concederá o negará la exclusiva en el término de un mes, y su decisión causará estado sin ulterior recurso. Si la Administración no resuelve dentro de este término, se entenderá concedida la exclusiva. (Arts. 147 al 153 del reglamento para la ejecución de la ley de Consumos de 16 de junio de 1885.) La ley municipal de 2 de oct. de 1877 declara en su art. 72 de la exclusiva competencia de los ayuntamientos el gobierno y dirección de….. A.RTS. 136 y 137. Los ingresos serán impuestos sobre artículos de comer, beber y arder, etc. 4.0 Se autoriza la creación de arbitrios sobre la venta de bebidas espirituosas o fermentadas, etc.
5.0 Los derechos de mataderos se acumularán a los de consumos (cuando los hubiere) y no podrán en junto exceder de 25 por %, etc. Donde no hubiere sobre carnes derechos de consumo, sólo se impondrá por derechos de matanza una cantidad que jamas excederá del 10 por % del valor de la res.De los alcaldes es la presidencia de las subastas para ventas, arriendos y servicios municipales (num. 10 del art. 114).
A. las autoridades locales corresponde lo relativo a la instalación y limpieza de los mercados, a la vigilancia sobre la calidad y estado de los alimentos, a la verificación de pesos y medidas, al reconocimiento de géneros y todo cuanto constituye la policía urbana. Es un deber de las autoridades municipales velar por la salud publica y cuidar del aseo de las Poblaciones, empezando por los mercados. Pero las medidas de policía urbana que adopten no deben cohibir la libertad de tráfico consignada en las leyes vigentes.
El decreto de Cortes de 8 de junio de 1813, después de establecer la más completa libertad de tráfico, declaró en el art. 8.º que todo se podrá vender y revender al precio y en la manera que más acomode a sus daños a la sanidad publica. En el num. 9 del R. D. de 20 de enero de 1834 se dispuso que en los pueblos cuyo numeroso vecindario y demás circunstancias locales lo permitiesen, se señalarán uno o más parajes para mercado o plaza publica de dichos surtidos, distinguiendo los sitios donde concurren los trajineros o vecinos vendedores por mayor de los que vendan a la menuda; todo sin ocasionar otra exacción o gastos que la ligera contribución que se creyese necesario señalar por reglamento de policía urbana para el aseo y comodidad del puesto en el mercado mismo. Muchas otras disposiciones encomendaron a los ayuntamientos la instalación de mercados y el que adoptasen medidas acerca de la salubridad de los alimentos. La R. O. de 13 de enero de1876 dice: Que es de las facultades privativas de los ayuntamientos la instalación de los mercados y la fijación de arbitrios sobre puestos públicos; que tanto por razón de higiene, como por ser uno de los medios de coadyuvar a levantar las cargas del municipio, puedan dichas corporaciones impedir la venta de ciertos artículos alimenticios fuera de los sitios públicos de contratación, aunque revistan sus acuerdos las apariencias de monopolio; que en nada se opone semejante restricción a las leyes y disposiciones que han proclamado la libertad del tráfico, cuando a tal medida presida el interés general de la salubridad publica; que dada la necesidad de los mercados, los ayuntamientos deben usar con gran parsimonia de las facultades para la nueva construcción y reglamentación de los mismos y para la imposición de arbitrios, y que mientras rijan las leyes orgánicas vigentes hay que respetar las atribuciones de las corporaciones municipales tal como las autorizaron las Cortes. En la R. O. de 16 de junio de 1875 se establece que el Ayuntamiento de Reus obró dentro de sus atribuciones al prohibir la venta de carnes fuera del local de las carnicerías, teniendo en cuenta la ley municipal, las disposiciones de carácter general y las de policía urbana.
El reconocimiento de alimentos debe hacerse por los profesores de medicina y de farmacia y por los veterinarios. La R. O. de 23 de febrero de 1885 determina los casos en que el reconocimiento de sustancias alimenticias corresponde a los veterinarios y los en que debe ser practicado por los médicos y farmacéuticos. Dice así: 1.0 El reconocimiento de los animales de sangre caliente, así como de sus embutidos y conservas, en vivo y en muerto, debe seguirse practicando unica y exclusivamente por los veterinarios. 2.0 El reconocimiento e inspección de todas las demás sustancias alimenticias que se expenden en los mercados, inclusos los animales de sangre fría, pueden atribuirse y confiarse a los profesores de Medicina y a los de Farmacia indistintamente. El Código Penal de 1870 castiga con las penas de arresto mayor en su grado máximo a prisión correccional en su grado mínimo y multa de 125á 1250 pesetas, al que con cualquiera mezcla nociva a la salud altere las bebidas o comestibles destinados al consumo público, o venda géneros corrompidos, o fabrique o venda objetos cuyo uso sea necesariamente pe1judicial a la salud. Los géneros alterados y los objetos nocivos serán siempre inutilizados. En el art. 595 se castiga con la pena de cinco a quince días de arresto y multa de 25 a 75 pesetas a los dueños o encargados de fondas, confiterías, panaderías u otros establecimientos análogos que expendan o sirvan bebidas o comestibles adulterados o alterados, perjudiciales a la salud; o no observen en el uso y conservación de las vasijas, medidas y titiles destinados al servicio, las reglas establecidas o las precauciones de costumbre. Las bebidas y comestibles adulterados, perjudiciales a la salud, deberán caer siempre en comiso.
Del texto de los dos arts. citados no se deduce cuándo la venta o fabricación de los objetos adulterados constituye delito y en qué casos debe reputarse falta, lo cual puede ser ocasión de arbitrariedad y de injusticia. Ya que el Código no distingue terminantemente la falta del delito y castiga con penas distintas hechos del todo idénticos, debe calificarse la venta, fabricación o expendición de bebidas o comestibles adulterados por su extensión o por sus efectos: será falta si de la expendición no ha resultado perjuicio a la salud del comprador; y por el contrario, será delito si por efecto del alimento o bebida adulterado se ha seguido daño a la salud del consumidor.
También señala el Código pena a los vendedores que defrauden al comprador con medidas 0 pesos escasos. El art. 592 castiga con las penas de uno a diez días de arresto o multa de 5 a 50 pesetas, a los traficantes o vendedores que tengan medidas o pesos dispuestos con artificio para defraudar, o de cualquier modo infrinjan las reglas establecidas sobre contraste para el gremio a que pertenezcan; a los que defrauden al público en la venta de sustancias, ya sea en cantidad, ya en calidad, por cualquier medio no penado directamente; y a los vendedores a quienesse les aprehendan sustancias alimenticias que no tengan el peso o medida que corresponda.
El art. 593 castiga con las penas de 5 a 15 días de arresto y multa de 25 a 75 pesetas, a los que infrinjan las reglas de policía dirigidas a asegurar el abastecimiento de las Poblaciones, yá los propaladores de falsos rumores para alterar el precio natural de las cosas.
No se considera adulterado el aceite de olivo con la mezcla del de algodón. Examinados los informes emitidos por el Real Consejo de Sanidad, Real Academia de Medicina y Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, sobre si debe prohibirse la venta al público de aceite de oliva mezclado con aceite de algodón, y en vista de que la ciencia y la experiencia enseñan de consuno que el uso del aceite del algodonero no causa daño a la salud, se ha dictado la R. O. de 15 de junio de 1880, en la que se resuelve; que se permita la venta del aceite de oliva mezclado con el de algodón, con tal que el vendedor lo anuncie así públicamente.
Ill. Los ABASTOS EN LAS LEYES DE INDIAS. Prevalece el principio de la libertad de tráfico. Ley 6.ª, tit. 18, lib. IV. Se prohibe a los virreyes y justicias de las Indias que pongan o permitan poner tasa a los mercaderes españoles que vendan por mayor o menor vinos, harinas y otros mantenimientos y mercaderías. Pero se concede a los gobernadores y justicias facultad para poner tasa a los regatones (revendedores). Ley 8.ª, tít. 18, lib. IV. Es nuestra voluntad que los mantenimientos, bastimentes y viandas se puedan comerciar y traginar libremente por todas las provincias de las Indias, y que las justicias, consejos y personas particulares no lo impidan, ni se hagan sobre esto ningunas ordenanzas, pena de la nuestra merced y perdimiento de bienes en que condenamos a los transgresores.Mas, sin duda, el sistema establecido en la metrópoli de estancar los artículos de comer, beber y arder, se extendio a las Indias con todos sus abusos, como se deduce de la ley 10, tít. 8, lib. 4:En ninguna ciudad, villa o lugar se admita ni reciba postura para abasto de las carnicerías a clérigos, conventos ni religiosos, sino a personas legas y llanas que puedan ser apremiadas a su cumplimiento; y sea por un año, o el tiempo que pareciese conveniente al que gobernare la provincia. Ya en la ley 27 se decía:Porque en algunas ciudades de nuestras Indias conocen los alcaldes ordinarios… de todas las causas que pertenecen al abasto y provisión de mantenimientos, y ponen los precios, de que se siguen muchos inconvenientes, porque los regidores y sus deudos son dueños de muchas chacras y heredades de los contornos, y, proveyendo a las ciudades de mantenimientos, los ponen a excesivos precios, y crece este perjuicio por el mucho número de esclavos y regatones puestos por mano de persona poderosa, de que se siguen muchos fraudes y engaños, etc., etc.

Abandono

(V. Abandonar) s. m. Acción y efecto de abandonar o abandonarse. Se usa en todas las acepciones del verbo abandonar y abandonarse. Desamparo. Descuido, negligencia. Dejadez, desaliño, desaseo. Sencillez, naturalidad.

Abandono

Legisl. Dejación o desamparo ya de personas, ya de cosas, ora de derechos, ora de obligaciones. El abandono se realiza unas veces explícitamente, ó. virtud de acto voluntario, y se supone otras veces por presunción o ficción legal.
l. ABANDONO DE PERSONAS. Es el acto Voluntario por el cual deja de prestar a una persona protección y auxilio otra que natural o civilmente debe prestárselos.
Nuestra legislación patria, así como las legislaciones extranjeras, han señalado sanción penal para este acto, que repugna a todo sentimiento humanitario. El fundamento, de todas las prescripciones legales a él referentes estriba en estos principios: los padres deben amparar a sus hijos: los hijos deben amparar y sostener a los padres: hay circunstancias en que estos deberes son de más necesario cumplimiento.
Por extensión, la obligación de no abandonar trasciende a otras personas.
Los juristas distinguen: Abandono de recién nacidos, que denominan exposición de parto; Abandono de menores de siete años, que llaman abandono de niños;
Abandono de la mujer por el marido que comete adulterio, que se estudia en Divorcio y Bigamia;
Abandono de hombre de la tripulación;
Y abandono de siervos o de esclavos, considerado como Abandono De Cosas.
Il. ABANDONO DE COSAS. Es la dejación de cosas muebles o inmuebles, bien por acto voluntario, bien por presunción de la ley.
En esta sección (y no en la anterior, referente al abandono de peronas) estudian los jurisconsultos el abandono de los esclavos, considerados como cosas; y, además, incluyen en ella la reparación de los daños producidos por animales sueltos, mirados como cosas abandonadas durante el tiempo en que estuvieron sin custodia. Partida 3. (Ley 49, tít. 28.) Si alguno arrojase de sí sus cosas muebles y las tuviese por desamparadas, adquirirá el dominio de ellas el primer ocupante, excepto el caso en que la cosa fuese siervo enfermo, pues entonces el siervo es declarado libre y no propio de quien se apodera de su persona.
Se exceptuan, naturalmente, las cosas que el dueño abandona y desampara, obligado por fuerza mayor, borrasca, ruina o incendio, casos todos en los cuales el dueño no pierde el dominio sobre ellas.
Partida 5. (Ley 26, tít. 12.) Cuando un propietario se ausenta sin encargar expresamente a nadie el cuidado de sus cosas, o bien cuando, sin ausentarse, deja de cuidarlas por negligencia, el primero que las ocupa no las adquiere como propiedad, pero le es lícito administrarlas como mandatario, con la obligación de dar cuentas al dueño. Partida 7." (Ley 22, tít. 15.) Cuando un animal, manso por naturaleza, causare daño sin culpa de su dueño, sea obligado éste a indemnizar el perjuicio causado o a entregar el animal. Exceptuase el caso en que el animal dañase porque alguien lo espantara o azuzara, pues entonces el causante es el obligado a la reparación, noel dueño del animal.
Ley 23, tít. 15, Partida 7. Quien tuviese bestia, naturalmente brava, como león, lobo o pantera, está obligado a tenerla encerrada y sujeta, de suerte que no pueda causar daño, y, de no guardarla, pagará al perjudicado el duplo del daño. Si la bestia, por descuido o negligencia del amo, hiriese a hombre libre, deberá pagar el dueño curación, intereses y principios. Caso de fallecimiento, el dueño de la bestia debía satisfacer cien maravedises de oro a los herederos del muerto, y otros ciento al fisco.
No falleciendo el lesionado, pero quedando inutil de algún miembro, el juez mandará resarcir los perjuicios en proporción a las circunstancias y cuantía del daño.
Ley 24, tít. 15, Partida 7. Si ganado de cualquier especie dañare o destrozare en heredad ajena por culpa del amo o del pastor, deben éstos satisfacer doblado el daño producido; pero, no habiendo culpa, el dueño sólo satisfará el daño o entregará el animal o ganado que lo haya producido. En ningún caso el dueño de la heredad en que esto ocurra está autorizado para maltratar ni lesionar el ganado ajeno.
No son menos explícitas las disposiciones de la Novísima Recopilación. Para el fisco son todos los bienes del que fallece sin testar y no tiene heredero en línea directa o trasversal (Ley l. \’, tít. 22, lib. 10). También se halla esta disposición en el Libro 3 del Fuero Real, ley 13, tit. 5. Toda cosa mostrenca y desamparada debe entregarse a la justicia del lugar, la cual la conservará durante un año, y, transcurrido sin parecer el dueño, la cosa será para el fisco (Ley 2. tít. 22, lib. 10, de la Novísima Recopilación.) Los ganados que se encuentran sin pastor, no han de ser considerados como mostrencos. Quien los hallare debe tenerlos de manifiesto dos meses y hacerlos pregonar en los mercados; y, si parece el dueño, deben serle entregados mediante pago de las costas de la guarda (Ley 5." tít. 22lib. 10.) Cuando alguno encontrare cosa ajena, debe ponerla a disposición y en poder del alcalde elelln17ar; y éste, a su vez, depositarla en persona idonea que la tenga de manifiesto un aiw y dos meses. Durante ese tiempo se pregonará una vez al mes en día de mercado. Si dentro de los 14 meses parece el dueño, se le entregará la cosa inmediatamente, y será de obligación de éste pagar las cuotas ocasionadas por guarda, depósito y pregones. Caso de que el que halló la cosa no hiciese las diligencias prevenidas, perderá el derecho a poseerla como mostrenca y habrá de restituirla como hurto. (Ley 4A, tít. 22, lib. 10). Con posterioridad a estas disposiciones se han dictado otras concernientes a la misma materia, entre las cuales son dignas de estudio la Real Cédula de 28 de febrero de 1768, relativa al abandono de las tierras que se regian con las aguas del Canal Imperial de Aragon y con el Real de Tauste. Conexionada con esa Real Cédula está la Real órden de 26 de junio de 1833. Lo principal de estas disposiciones (prescindiendo de trámites, requisitos y medidas de precaución) es que se consideran como abandonadas las tierras no cultivadas durante dos años. Pero las disposiciones que mantenían juzgados privativos de los Canales de Aragón, de Tauste y de Castilla, han sido derogadas, y hoy al derecho común están sometidas las tierras regadas por estos canales. (Consultese: R. D. de 22 nov. 1836;Ley de 3 ag. 1866, y R. O. de 30 oct. 1869.)
El propietario que no hace diligencias para recobrar la cosa que le pertenece y que otro posee como suya con justo título y buena fe, se presume que la abandona, y pasado cierto número de años pierde el derecho de reclamarla y el poseedor adquiere el dominio por el transcurso del tiempo. El acreedor que deja pasar cierto tiempo sin exigir el pago de una deuda, se supone que la abandona y pierde el derecho de reclamarla.
El poseedor de una finca gravada con una carga real queda libre de la carga, abandonando la finca en favor de aquel que tiene derecho a la carga. El censatario se libra del pago del censo abandonando al censualista la cosa acensuada.
Sobre abandono de bienes embargados debe consultarse la sentencia de 3 dic. de 1870. T. S. El deudor desgraciado y de buena fe que no se halla en la posibilidad de pagar sus deudas, puede abandonar sus bienes en favor de sus acreedores para librarse de las reclamaciones de éstos; lo que si mejora de fortuna, no le exime de pagar lo que los bienes no llegaron a cubrir. Abandono de bienes hipotecados. La ley hipotecaria autoriza al tercer poseedor de bienes hipotecados para desampararlos si vencido el plazo y reclamado el pago por el acreedor no lolas cosas aseguradas; entendiéndose por tal la que disminuya en tres cuartas partes el valor asegurado. Los demás daños se reputan averías.
No procede el abandono si el buque náufrago, varado o inhabilitado pudiera desencallarse, ponerse a flote y repararse para continuar el viaje al puerto de su destino, a no ser que el coste de la reparación exceda de las tres cuartas partes del valor en que estuviere el buque asegurado. Verificada la rehabilitación del buque, sólo responderán los aseguradores de los gastos ocasionados por la encalladura u otro daño que el buque hubiere recibido.
En los casos de naufragio y apresamiento, el asegurado tendrá la obligación de hacer por sí las diligencias que aconsejen las circunstancias, para salvar o recobrar los efectos perdidos y el asegurador habrá de reintegrarle de los gastos legítimos que para el salvamento hiciese.
Si el buque quedare absolutamente inhabilitado para navegar, el asegurado tendrá obligación de dar de ello aviso al asegurador por telegrafo, si es posible, y si no por el primer correo siguiente al recibo de la noticia. Los interesados en la carga o el capitán, en su ausencia, deberán practicar todas las diligencias posibles para conducir el cargamento al puerto de su destino; en este caso correrán por cuenta del asegurado los riesgos y gastos de descarga, almacenaje, reembarque o transbordo, excedente de flete, y todos los demás, hasta que se alijen los efectos asegurados en el punto designado en la póliza. El asegurador gozará del término de seis meses para conducir las mercancías a su destino, si la inhabilitación hubiera ocurrido en los mares que circundan a Europa desde el Estrecho del Suud hasta el Bósfolo, y un año si hubiera ocurrido en otro punto más lejano. El plazo se comenzará a contar desde el día en que el asegurado hubiere dado aviso del siniestro al asegurador. En el caso de que las diligencias practicadas por los interesados en la carga, capitán y aseguradores, para conducir las mercaderías al puerto de su destino fueren infructuosas y no encontraren buque en que verificar el transporte, podrá el asegurado propietario hacer abandono de las mismas.
Si la interrupción del viaje se verificase por embargo o detención forzada del buque, tendrá el asegurado obligación de comunicarla a los aseguradores tan pronto como llegue a su noticia, y no podrá usar de la acción de abandono hasta que hayan transcurrido los plazos de seis meses y un año, antes citados. Estará obligado el asegurado a prestar a los aseguradores cuantos auxilios esten en su mano para conseguir el alzamiento del embargo.
El flete de las mercaderías que se salven se entenderá comprendido en el abandono del buque, aun cuando se hubiere pagado anticipadamente, considerándose pertenencia de los aseguradores, a reserva de los derechos que competan a los demás acreedores.
Se tendrá por recibida la noticia para la prescripción de los plazos de seis meses y un año mencionados, desde que se haga publica, bien por medio de los periódicos, bien por correr como cierta entre los comerciantes de la residencia del asegurado o bien porque pueda probarse a éste que recibió aviso del siniestro porque la pérdida sobrevino después de haber terminado su responsabilidad.
Al tiempo de hacer el abandono deberá declarar el asegurado todos los seguros contratados sobre los efectos que abandona, así como los préstamos tomados a la gruesa sobre los mismos; hasta que haya hecho esta declaración no empezará a correr el plazo en que deberá serle reintegrado del valor de los efectos. Si cometiere fraude en esta declaración, perderá todos los derechos que J e competan por el seguro, sin dejar de responder por el préstamo que hubiere tomado sobre los efectos asegurados, no obstante su pérdida.
En el caso de apresamiento de buque, y no teniendo tiempo el asegurado de proceder de acuerdo con el asegurador, ni de esperar instrucciones suyas, podrá por sí, o el capitán en su defecto, proceder al rescate de las cosas aseguradas, poniéndolo en conocimiento del asegurador en la primera ocasión. Éste podrá aceptar o rechazar el convenio celebrado por el asegurado o el capitán, comunicando su resolución dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del convenio. Si lo aceptase, entregará en el acto la cantidad concertada por el rescate, y quedarán de su cuenta los riesgos ulteriores del viaje, conforme a las condiciones de la póliza. Si no lo aceptase, pagará la cantidad asegurada, perdiendo todo derecho a los efectos rescatados; y si dentro del término prefijado no manifestare su resolución, se entenderá que rechaza el convenio.
Si el asegurado se reintegrara en la posesión de sus efectos, por haberse represado el buque, se reputarán avería todos los gastos y perjuicios causados por la pérdida, siendo de cuenta del asegurador el reintegro; y si por consecuencia de la represa pasaren los efectos asegurados a la posesión de un tercero, el asegurado podrá usar del. derecho de abandono.
Admitido el abandono o declarado admisible en juicio, se trasmite al asegurador la propiedad de las cosas abandonadas, con las mejoras o desperfectos que en ellas sobrevengan desde el momento del abandono; no le exonera del pago la reparación del buque legalmente abandonado. Hecho el abandono, el asegurador deberá pagar el importe del seguro en el plazo fijado en la póliza, y no habiendose expresado término en ella, a los sesenta días de admitido el abandono.
El abandono no será admisible: Si las pérdidas hubieren ocurrido antes de empezar el viaje; si se hiciere de una manera parcial o condicional, sin comprender en él todos los objetos asegurados; si no se pusiere en conocimiento de los aseguradores el propósito de hacerlo, dentro de los cuatro meses siguientes al día en que el asegurado haya recibido la noticia de la pérdida acaecida, y si no se formalizara el abandono dentro de diez, contados de igual manera, en cuanto a los siniestros ocurridos de Europa, en los de Asia y Africa en el Mediterráneo, y en los de América desde los ríos de La Plata a San Lorenzo, y dentro de diez y ocho respecto a los demás; y si no se hiciere por el mismo propietario o persona especialmente autorizada por él, o por el comisionado para contratar el seguro. (Código de verifica el deudor. Si el tercer poseedor no paga carta o telegrama del capitán, del consignata Comercio de 22 de agosto de 1885, arts. 789 o no desampara los bienes afectos al gravamen, es responsable con los suyos propios, además de los hipotecados, de los intereses devengados desde el requerimiento judicial o por notario y de las costas que con su morosidad ocasionare. Desamparados los bienes hipotecados por el tercer poseedor, se consideran en poder del deudor a fin de que pueda dirigirse contra ellos el procedimiento ejecutivo (Ley hipotecaria, arts. 128 y 129).
Abandono de cosas aseguradas. Según el Derecho mercantil, en los seguros marítimos es abandono de las cosas aseguradas la cesión de la propiedad de la cosa hecha por el asegurado al asegurador, en los casos marcados por la ley, exigiéndole la cantidad estipulada en el contrato.
Podrá el asegurado abandonar por cuenta del asegurador las cosas aseguradas: En el caso de naufragio; en el de inhabilitación del buque para navegar por varada, rotura o cualquier otro accidente de mar; en el de apresamiento, embargo o detención por orden del gobierno nacional o extranjero, y en el de pérdida total o de algún corresponsal. Tendrá el asegurado el derecho de hacer abandono después de haber transcurrido un año en los viajes ordinarios y dos en los largos, sin recibir noticia del buque. En tal caso podrá reclamar del asegurador la indemnización, sin estar obligado a justificar la pérdida del buque; pero deberá probar la falta de noticias con certificación del cónsul o autoridad marítima del puerto de donde salió, y otra de los cónsules o autoridades marítimas de los del destino del buque y de su matrícula, que acrediten no haber llegado a ellos durante el plazo fijado.
Se reputan viajes cortos los que se hicieren a la costa de Europa y a las de Asia y África por el Mediterráneo; respecto de América, los que se emprendan a puertos situados más acá de los ríos de La Plata y San Lorenzo, y a las islas intermedias entre las costas de España y los puntos designados.
Abandono de buque. Acto en virtud del cual un armador, naviero o co-propietario de buque desampara la nave, a fin de librarse de la responsabilidad que puede pesar sobre ellos por los actos del capitán. Si la nave estuviese asegurada, este acto se ajustará a las reglas establecidas para el abandono de cosas aseguradas.
El naviero, el dueño y los copropietarios de un buque son responsables civilmente de las indemnizaciones en favor de tercero que ocasionare la conducta dAbandono De Nave o DE BUQUE, al acto del capitán de refugiarse en un bote y desamparar la embarcación, cuando perdiere toda esperanza de poder salvarla. En este caso deberá oír a los oficiales de la tripulación. Abandono de fletamento. V. Fletamento.
Abandono de mina. Puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando el propietario renuncia a la pertenencia o pertenencias que le correspondan, en comunicación dirigida al gobernador civil de la provincia. Es obligación del registrador de una mina rellenar las calicatas y cerrar los pozos que haya abierto, y participar al gobernador su determinación de abandonar la mina, bajo la multa de 250 pesetas. (Ley de Minas de 6 de julio de 1859, reformada por decretos de 4 de marzo y 29 de diciembre de 1868. Artículos 61 y 65 de la Ley y 23 del Decreto de29 diciembre de 1868.) Se supone el abandono, cuando el dueño no satisface el canon, o no cumple las condiciones de la concesión consignadas en el título de propiedad, o no ejecuta las obras de desagüe o fortificación de la mina que los ingenieros propongan y el gobernador apruebe, o no sostiene labores lo menos 183 dias al año o no hace la labor mínima que se le señale cada año. (Artículos 65 a 70 de la Ley de Minas reformada.) A las mismas reglas se ajusta el abandono de escoriales y de terreras o depósitos de minerales no fundidos, y el abandono de las oficinas de beneficio. V. Caducidad De Mina.
Abandono de mercancías. Con arreglo al artículo 687 del Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, los fletadores y cargadores no podrán hacer, para el pago del flete y demás gastos, abandono de las mercaderías averiadas por vicio propio o caso fortuito. Procederá, sin embargo, el abandono si el cargamento consistiese en líquidos y se hubieren derramado, no quedando en los envases sino una cuarta parte de su contenido.
Para los efectos de la Renta de Aduanas el abandono de mercancías es la renuncia de su propiedad hecha por el consignatario. El abandono es expreso cuando el interesado hace la renuncia en escrito dirigido al Administrador de la Aduana: es de hecho cuando consta o se deduce de actos del interesado que no dejen lugar a duelo. Se consideran abandonadas de hecho las mercancías cuando presentado el manifiesto por el capitán y designado en él el consignatario, no se le encuentre o haya fallecido sin dejar quien le sustituya, o renuncie el designado y no quieran admitir la consignación el Cónsul de la nación del cargador o el Presidente de la Junta de Comercio en el caso de ser español; cuando pasen los plazos concedidos para el almacenaje en la Aduana o para el depósito, y dados los avisos oportunos al consignatario no se presente; cuando habiéndose presentado el consignatario a hacer el despacho, verificado éste y liquidados los derechos, no acuda a satisfacerlos después de tres comunicaciones; cuando los viajeros conduzcan mercancías ocultas y no se sometan a la penalidad que se les hubiese impuesto; cuando verificado el pago de derechos no saca el interesado los géneros del almacen de la Aduana al tercer aviso, transcurrido un mes del uno al otro; y en cualquier otro caso no previsto en que la voluntad del dueño pueda inferirse tan claramente como en los cinco citados. Si el interesado acude dentro de los plazos expresados, no puede hacerse la declaración de abandono; pero pagará los derechos de las mercancías, el de los recargos en que pudiera haber incurrido, el de los gastos de almacenaje y otros cualesquiera ocasionados.
La manifestación explícita de abandono puede hacerse en cualquier tiempo desde el momento de presentarse la declaración hasta inmediatamente antes de verificar el pago de derechos. El abandono del género exime al interesado del pago de los derechos, pero no de las multas y recargos en que haya incurrido.
Pueden abandonarse todas las mercancías, excepto las estancadas y aquellas cuya importación está prohibida, respecto de las cuales debe proceder la Administración en la forma prescrita en las Ordenanzas y en las disposiciones especiales que tratan de contrabando y de la defraudación. Las mercancías no se consideran abandonadas sino después de la declaración de Administrador, prévio el oportuno expediente. Declarada definitivamente la procedencia del abandono, el Administrador se incautará de las mercancías a nombre de la Hacienda y procederá a su venta. Del producto de la venta se deducirá relativamente el importe de los derechos, de las multas y de.\\i:.\\:los gustos de almacenaje o depósito, y después cualesquiera otros a que pudieran estar afectas las mercancías. Se dará a las cantidades restantes el destino que previenen las Ordenanzas, y si no lo tuviesen especial ingresarán en el Tesoro como productos de mercancías abandonadas. Cuando se hayan declarado abandonadas las mercancías por no haberse encontrado al consignatario o por haber éste fallecido o por haber transcurrido los plazos concedidos para el almacenaje o depósito, se conservará el sobrante en la caja de Depósitos, a disposición del interesado durante dos años; pasando este período ingresará esta cantidad en el Tesoro Público. (Ordenanzas de Aduanas de 19 de nov. de 1884, arts. 221, 222, 223, 224 y 225 y Apéndice n.o 6.) El Reglamento para la cobranza del Impuesto de Consumos de 16 de junio de 1885, en el artículo l.º, dispone que las especies que permanezcan abandonadas en los depósitos más de un año se tasarán y venderán en publica subasta. Del valor obtenido se deducirán los derechos y recargos, los gastos de almacenaje y los que se cansen en las subastas; el remanente se consignará en las Cajas del Tesoro hasta que sus dueños o herederos se presenten a reclamarlo. Transcurridos cinco años sin que nadie reclame la entrega, se dará ingreso en Tesorería a la cantidad depositada (arts. 109 y l.°.)
III. ABANDONO DE DERECHOS. El menor no puede abandonar sus derechos: al mayor de edad (sui juris) es lícito abandonar sus derechos en lo civil; pero, estando interesada la sociedad en la averiguación y pena de los crimenes, no es permitido al acusador el abandono de la acción intentada, cuando el delito no es de los que sólo se persignen a instancia de parte, ni al acusado el derecho de defensa. (A esto se refieren las leyes 8, ll y 12, tít. 7, Part. 3, y 17 y 18, tít. 1, Part. 7. Consultense: ley 9, tít. 22, Part. 3; ley 6, tít. 4, lib. II, Nov. Recop.) Los funcionarios del Ministerio fiscal ejercitan todas las acciones penales que estimen procedentes, haya o no acusador privado, o en el caso de que el que las ejercita las abandone; se exceptúan los delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte interesada.
Abandono de la instancia. Se conceptúan abandonadas las instancias en toda clase de juicios y caducan de derecho, aun respecto de los menores o incapacitados, si no se insta su curso: dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare en primera instancia; de dos, si estuviere en segunda instancia; de dos, si estuviere pendiente de recurso de casación. Los términos se cuentan siempre desde la ultima notificación que se hubiere hecho a las partes. (Ley de Enjuiciamiento civil de 21 de jun. de 1880, art. 411.) V. Caducidad De La Instancia.
Abandono de apelación o recurso. Es la renuncia expresa o tácita hecha por el litigante del derecho que las leyes de procedimiento le declaran para sostener los recursos legales intentados contra las resoluciones judiciales. El desistimiento es expreso cuando se hace por escrito. Para tener por desistido al recurrente es necesario que su procurador presente poder especial o que el mismo interesado se ratifique en el escrito. Tanto en el procedimiento civil como en el criminal puede hacerse el desistimiento en cualquiera estado del recurso, pero se le condena al que lo haya intentado en las costas ocasionadas con la interposición. Si el asunto es criminal y las partes estuvieren citadas ante el Tribunal supremo para la decisión del recurso, pierde el particular que desista la mitad del depósito, si lo hubiese constituido; si es civil y el desistimiento del recurso por infracción de ley o de doctrina legal se hace antes de ser admitido por la Sala, se devuelve todo el depósito; sólo la mitad cuando se haga después de admitido y antes del señalamiento para la vista. En los recursos por quebrantamiento de forma se devuelve la mitad del depósito, cualquiera que sea el tiempo en que tenga efecto la reparación antes del señalamiento de día para la vista: señalado éste no se verifica la devolución. (Arts. 410 y 1791 de la ley de Enjuiciamiento civil de 3 de feb. de 1881, y 907 de la ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de setiembre de 1882.)
El desistimiento es tácito cuando se dejan transcurrir los términos señalados para preparar, interponer o mejorar cualquier recurso sin haberlos utilizado, o cuando el apelante no se persona en forma ante el Tribunal Supremo dentro del término del emplazamiento: en el primer caso se da por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución judicial a que el recurso se refiere, sin necesidad de declaración expresa; y en el segundo se declara desierta la apelación, sin necesidad de que se acuse la rebeldía, y de derecho queda firme la sentencia o auto apelado, sin ulterior recurso. (Arts. 408 y 840 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 228, 866,878 y 926 de la ley de Enjuiciamiento criminal.)
Abandono de querella. Es el desistimiento de la acción criminal comenzada a ejercer contra alguno en juicio. Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el juez o el tribunal así lo hubiese acordado. También se tendrá por abandonada la querella cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la citación que al efecto se les haga dándoles conocimiento de la querella. (Artículos 275 y 276 de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de set. de 1882.)
Abandono de pleito contencioso o administrativo. Se tiene por abandonado el litigio cuyo curso se detenga un año por culpa de las partes. (Consultense: R. D. de 20 jun. 1858; Sent. del Consejo de Estado de 29 jun. 1862.)

Abandono Continuacion

IV. ABANDONO DE OBLIGACIONES.
Abandono militar. Acto de separarse de sus banderas, cuerpo o puestos militares cualquier individuo del ejército o de la armada, sin permiso de sus jefes.
En todo tiempo ha sido considerado como el mayor delito, excepto el de traición, que puede cometer un individuo de la milicia, desde el soldado al general. Ya en tiempo de los egipcios se castigaba con el mayor rigor esta clase de abandono. En la táctica del emperador León se lee: Sea castigado con muerte el que abandonare una ciudad o un fuerte o viéndose obligado por falta de víveres, o el que abandonare su cuerpo o huyere del campo de batalla; y sea diezmada la primera porción de tropa que sin motivo abandonare el campo.Tres clases de abandono castiga el Código Penal Militar de 17 de noviembre de 1884. El que abandonare sus banderas para ir a formar parte del ejército enemigo será castigado con la pena de muerte y degradación militar (Art. 94). El que mandando guardia, patrulla, avanzada o cualquiera fuerza en servicio de armas, al frente del enemigo o rebeldes o sediciosos abandonare su puesto, incurrirá en la pena de muerte. Si el abandono se verificare en campaña o lugar declarado en estado de guerra, y no se hallare comprendido en el caso anterior, será castigado con la pena de reclusión militar temporal. En todos los demás casos se castigará con prisión militar correccional a prisión militar mayor (Art. 129). En las mismas penas, respectivamente señaladas en el art. anterior, incurrirá el centinela que abandonare su puesto (Art. 130). Cualquiera otro militar que abandonare los servicios señalados en el art. 129 será castigado: 1.º con la pena de reclusión militar temporal a muerte, si lo ejecutare al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos. 2.º con la prisión militar mayor cuando el abandono se verificase en campaña o lugar declarado en estado de guerra y no estuviere comprendido en el caso primero. 3.º con la de arresto militar o prisión militar correccional en los demás casos (Art. 131). También comete una especie de delito de abandono militar el desertor, del que se tratar´ en el artículo Deserción.
Con arreglo a las Ordenanzas de la Armada de 1748, hoy vigentes, el que en naufragio, incendio u otro conflicto en que la nave pueda hallarse, faltare al puesto o abandonase el trabajo a que le hayan destinado sus superiores, será sometido a Consejo de Guerra y castigado a proporción de las resultas de su desobediencia; según las circunstancias podrá extenderse hasta la de muerte. El soldado que estando de centinela a bordo abandonare su puesto, será pasado por las baquetas y condenado a cuatro años de destierro al arsenal; pero si el abandono fuere malicioso con el fin de facilitar deserción o desorden, será pasado por las armas.
El sargento, cabo, tambor o soldado que abandonare la compañía o brigada en que se hubiese empeñado, aunque sea para sentar plaza en otra, sin licencia en debida forma del Inspector o superior a quien pertenezca darla, será pasado por las armas. (Arts. 29, 42 y 47 de las Ordenanzas.) La R. O. de 24 de setiembre de 1776 dispone que todo comandante de guardia, sea oficial, sargento o cabo, que en tiempo de guerra abandonare la guardia, sufra la pena de muerte, y en tiempo de paz, privación de empleo, separación del servicio y seis años de presidio; que el soldado que en tiempo de guerra la abandonare, sufra la pena de muerte, en el de paz seis años de presidio, sujetando a esta pena al sargento o cabo que no sean jefes de guardia y cometan este delito.
Las RR. OO. de 14 de agosto de 1817, y 11 de enero de 1868 establecen que todo oficial, de cualquiera graduación que sea, que abandonando sus banderas o destino vaya a la Corte sea privado de su empleo, sin perjuicio de aplicarle la pena a que se haya hecho acreedor según las circunstancias que concurran en el caso. Establecen también que no pueda ser alta definitiva hasta que recaiga real resolución en los procedimientos.
Abandono de destino. Dejación de un empleo sin licencia del jefe o sin previa admisión de renuncia presentada.
El empleado que abandona el destino incurre, por regla general, en responsabilidad exigible ante los tribunales, más o menos grave según las circunstancias.
El Código Penal de 1870 castiga con la pena de suspensión en sus grados medio y máximo al funcionario público que, sin habérselo admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño de la causa publica. Si el abandono de destino se hiciere para no impedir, no perseguir o no castigar los delitos contra la seguridad exterior del Estado o contra la Constitución. se impondrá al culpable la pena de prisión correccional en su grado mínimo al medio, y la de arresto mayor, si tuviere por motivo el no impedir, no perseguir o no castigar cualquiera otra clase de delito (Art. 387). Los empleados que, sin habérselos admitido la renuncia de su cargo, lo abandonaren cuando haya peligro de rebelión o sedición, incurren en la pena de inhabilitación especial temporal (Art. 261). Jurisprudencia.
Es responsable del delito de abandono de destino con daño de la causa publica, el maestro de instrucción primaria que con pretexto de que no se le paga, se ausenta del pueblo sin permiso ni autorización del Alcalde, dejando cerrado el edificio de la escuela. (S. de 7 de mayo de 1874.\’l.\’. S.) Incurre en el delito de abandono de destino el notario que se ausenta del pueblo donde ejerce su cargo, sin autorización competente, con objeto de evitar las penalidades que se le habían impuesto en causa que se le seguía por falsificación de documentos públicos. (S. de 14 de noviembre de 187.6. \’l.\’. S.) Las leyes españolas castigan con más rigor el abandono de destino en tiempo de epidemia que en circunstancias normales. Durante las epidemias que en el presente siglo han azotado a España, han dictado los gobiernos Reales Ordenes y otras disposiciones encaminadas a evitar que los empleados públicos abandonaran sus puestos.
Se adoptaron medidas severas, en particular contra los profesores titulares de medicina. Por la R. O. de 28 de junio de 1834 se prohibe a los empleados ausentarse de los puntos donde se haya manifestado la epidemia, sin mandato de sus jefes y a éstos expedirlo como no sea para objetos interesantes del servicio; y se declara vacante el empleo de cualquiera individuo que solicitare licencia para separarse del pueblo en que lo desempeña, desde el momento en que se haya presentado en él la enfermedad, hasta que por la autoridad se declare su estado de perfecta salud.
La R. O. de 19 de julio de 1855 dispone: que los profesores titulares U.e medicina no podrán abandonar el pueblo de su residencia en caso de epidemia; que no podrán ausentarse los médicos que cobren sueldo del Estado o U.el presupuesto municipal o provincial; que los que abandonen sus puestos perderán esos sueldos, sin prejuício de sufrir las penas que el Código prescribe.
El 4 de agosto de 1855 se dictó una R. O. previniendo a los empleados, dependientes del Ministerio do Gracia y Justicia, que no abandonen las Poblaciones en que tengan fija su residencia si fueren acometidas por el cólera, y encargando a las autoridades municipales que si el Juez de instancia o Promotor fiscal se ausentasen, lo participen al Regente de la Audiencia y en el mismo día eleven parte al Ministerio.
El art. 73 de la ley de sanidad de 28 de noviembre de 1855 dice: Al facultativo titular que en época de epidemia o contagio abandonase el puesto de su residencia, se le privará del ejercicio de su profesión por tiempo determinado, a juicio del Gobierno, con arreglo a las causas atenuantes o agravantes que concurran, oyendo siempre al Consejo de Sanidad.En la R. O. de de abril do 1856 se ordena a los gobernadores de provincia que, para probarlas faltas que cometan los médicos de los pueblos que los abandonen en caso de epidemia, formen expediente en el cual se hagan constar: 1.º La queja que motiva el procedimiento; 2.º El sumario que, sobre el proceso, deberá practicar el alcalde del pueblo en que haya ocurrido; 3.º El dictámen del ayuntamiento acerca del mismo; 4.º La copia testimoniada del contrato celebrado entre la corporación municipal y el facultativo; y 5.º Una declaración prestada por éste en que dé la explicación que estime de su conducta, y presente sus descargos, a la cual acompañen los documentos justificativos que juzgue oportunos. El expediente se remitirá al Gobierno para que dicte la resolución que corresponda, oyendo previamente al Consejo de Sanidad.
Abandono de beneficios eclesiásticos. Es muy complicada la legislación referente al asunto; pero casi toda tiene por objeto señalar los casos en que se presume el abandono. Presúmese por ausencia, por residencia en lugar distinto del en que ha de servirse el beneficio, por desamparo de la cura de almas, por retención a un tiempo de muchos beneficios incompatibles, por resistencia a vestir traje honesto, por contraer matrimonio ó hacerse soldado o cómico juglar….
Todas estas clases de abandono llevan consigo la pérdida del beneficio (según las leyes 16 y 17,tít. 16, part. 1; ley l."y 2.", tít. 15, lib. I, Nov. Rec.; capítulos 1 y 2, sesión 6.; 4 y 5 sesión7. y 1 y 14, sesión 23 del Concilio de Trento, y ley l.", tít. 11, lib. I, de las leyes de Indias.
Consultese el R. D. de 5 ag. de 1869 sobre el abandono de beneficios de los eclesiásticos unidos al levantamiento carlista, y la sentencia del Tribunal Supremo de 26 jul. 1871, apoyada en las leyes 1, 5, 7, 8, 9 y 10, y las notas 4 y 7 del título 8, la 23 y nota 25 del l. 0, de la Nov. Recop.
Abandono al brazo seglar. Es el acto en virtud del cual el juez eclesiástico, después de haber juzgado a un delincuente de su fuero y dictado sentencia con arreglo a las leyes canonicas, hace entrega del reo a la jurisdicción civil, para que ésta le imponga, según los casos, el castigo que la ley común determine.
Decretada en 6 dic. 1868 la unidad de fueros, no es ya posible este abandono al brazo seglar, pues hoy sólo la jurisdicción ordinaria entiende de los crímenes de los eclesiásticos.
Abandono de religión. V. Apostasía.
Abandono de la gracia: Teol. Los libros sagrados contienen algunos pasajes, de los cuales parece deducirse que Dios abandona a pecadores determinados y aun a naciones enteras.
En la interpretación de estos pasajes disienten los teólogos.

Abanderamiento

s. m. Alistamiento o inscripción de un buque extranjero en la matrícula nacional, aceptando todas las obligaciones y gozando de todos los beneficios de los buques nacionales.
Así, pues, el abanderamiento para los buques viene a ser lo que la naturalización o nacionalidad para las personas; pero ésta no tiene más limitación que la voluntad de los que quieren reclamarla, mientras aquél ha estado limitado por las leyes.

Abanderamiento

Mil. Alistamiento de gente para levantar tropas en defensa de alguna causa.

Abanderamiento

Leg. Dos sistemas han venido luchando en España en materia de abanderamiento: el proteccionista, en favor de la construcción naval española, y el de libre compra, en favor del comercio nacional.
Los buques de propiedad de un extranjero nunca han sido abanderables en España; pero, en cuanto a los comprados por españoles a extranjeros, han regido los dos sistemas: el proteccionista, articulado en 1790 y en la Ordenanza de 1802; y el de la libertad casi completa formulado en el decreto de 22 nov. 1868, después de la revolución de Septiembre.
A poco de autorizarse el abanderamiento por las ordenanzas de matrículas de 1802, se dictaron restricciones que hicieron dificilísima la importación de naves: en 1818 se dispuso que era necesario el real permiso para cada buque construido en el extranjero y la intervención del cónsul español. El 30 de diciembre de 1827 se prohibió en absoluto el abanderamiento.
El Código de comercio de 1829 declaró que era lícita a los españoles la compra de buques construidos en el extranjero, y que podía navegarse en ellos con los mismos derechos y franquicias que si hubieran sido siempre nacionales. El artículo 590 castigaba con la pena de confiscación de la nave la reserva fraudulenta hecha a favor de un extranjero en el contrato de adquisición. La ley de 28 de octubre de 1837 derogó el artículo 590 del Código de comercio, prohibió la compra de buques extranjeros para el servicio del Estado, dispuso que no se admitiese la matrícula de buques mercantes de construcción extranjera y que sólo pudieran abanderarse los construidos en los dominios de España y las presas. Prohibió también que los buques se carenasen en países extranjeros, a no ser en los casos de gruesa avería sufrida en la mar por temporal o abordaje, de varada en costas o puerto extraño y de haber permanecido el barco dentro de un puerto de otra nación cuando menos un año: se necesitaba justificar en todos estos casos, ante el cónsul español, que no era posible regresar a España sin carenar la nave. Se imponían grandes molestias a los propietarios y capitanes para conseguir la carena de buques. Como entonces no había en España fábricas de máquinas de vapor, se permitió que entraran libres de todo derecho las necesarias para los barcos construidos en España.
La Junta de autoridades de Cuba suspendio la ejecución de la ley de 1837, y en la R. O. de 22 de mayo de 1842 se resolvio que, tanto en Cuba como en Puerto Rico, se llevase a efecto la citada ley. Lo mismo se dispuso en la R. O. de 21 de noviembre de 1846.
El cónsul de España abanderó interinamente, habilitándola con pasavante para que se restituyese a su antigua matrícula de la Habana., la fragata Comercio, vendida ilegalmente y llegada a Londres con bandera y patente peruanas; el cónsul consideró el buque como usurpado a la marina española. Con este motivo se dictó la R. O. de 3 de agosto de 1847, en la que se aprobó el abanderamiento y se advirtió a los cónsules que no se hallaban autorizados para habilitar con pasavantes a los buques de construcción extranjera, porque por regla general los buques extranjeros sólo pueden abanderarse con el pabellón español después de haberse matriculado en uno de nuestros puertos, si tienen las circunstancias que previenen las leyes y satisfaciendo los derechos que están establecidos. Por R. O. de 7 de enero de 1848 se permitió el abanderamiento de todo buque de hierro de construcción extranjera, siempre que fuera de vapor; si fuese de vela había de obtenerse permiso especial para cada uno.
A consecuencia de haber consultado el capitán general de Marina del departamento de Cadiz si debería entregarse a su rescatador, libre de todo gasto, una balandra inglesa encontrada sin tripulación en las aguas de Ayamonte, se dictó la R. O. de 4 de mayo de 1848, oída la Sección de Marina del Consejo real, resolviendo que en lo sucesivo se tuvieran presentes las siguientes reglas: l.º Si no pudiese averiguarse la procedencia y nacionalidad del buque se lo debe considerar como español; y 2.º Si se conociese la nación a que pertenece, se entregará al juez conservador de extranjería; pero si el juez conservador no pudiese satisfacer los gastos de que debe responder el buque, porque los verdaderos dueños se desentendiesen o hiciesen abandono, deberá venderse en publica subasta; y si el comprador desea matricularlo y abanderarlo, debe accederse a sus deseos, siempre que pague los derechos de introducción y un tercio más si la nave no excede de 400 toneladas.
La ley de 17 do julio de 1849, reformadora de los aranceles de Aduanas, prohibió la entrada de embarcaciones de madera que midieran menos de 400 toneladas.
La ley de 1837 tuvo muchas excepciones: la ley de Aranceles de 1841 y la ya citada de 1849, prohibían solamente la introducción de embarcaciones de madera que midiesen menos de 400 toneladas, contándose en ellas el local de la maquinaria, según la R. O. de 18 de agosto de 1853, que se hizo extensiva a los vapores de hierro por la de 31 de agosto de 1876. Se concedio por gracia especial el abanderamiento de seis vapores de madera de menos de 400 toneladas; se autorizó el abanderamiento de un bergantín inglés, también de menos de 400 toneladas, y se permitió, como ya queda dicho, la matrícula de todo buque de hierro de construcción extranjera, siendo de vapor.
La R. O. de 30 de marzo de 1848 renovó la prohibición de carenar buques españoles en países extranjeros, y advirtió a los cónsules que si se viesen en la necesidad de permitir la reparación de buques españoles fondeados en puertos extranjeros, que interviniesen en todos los gastos y dieran cuenta para exigir al capitán y dueño del buque mancomunadamente, los derechos que habrían devengado a su introducción en España los artículos empleados en la reparación, y además una multa equivalente al duplo de aquellos derechos y al tercio del coste que hubiese tenido la mano de obra. Esta multa sería repartible entre el cónsul y la Marina, correspondiendo dos partes a ésta y una a aquél. Tan restrictiva disposición se dejó sin efecto por R. O. de 2 de julio de 1849, en la que se dispuso que todo buque español que sin necesidad urgente, declarada por el cónsul, recibiese carena en puerto extranjero p hiciese más obras de reparación o recorrido que las puramente indispensables para regresar sin riesgo a un puerto del Reino, se entendiese que renunciaba al beneficio de bandera.
Con el objeto de facilitar la matrícula y abanderamiento de los buques extranjeros se autorizó a los comandantes de las provincias marítimas para acordar el abanderamiento provincial, en los casos en que no se presentara dificultad, dejando la aprobación definitiva a las Autoridades de los departamentos y apostaderos. En la R. O. de 22 de julio de 1865 en que esto se dispuso, se compendiaron las reglas generales que debían guardarse para el abanderamiento de buques. Podían matricularse las embarcaciones extranjeras de más de 400 toneladas; los vapores de casco de hierro, de cualquiera capacidad; los que a consecuencia de naufragio fuesen comprados en publica subasta por españoles; los que teniendo más de 100 toneladas se hubiesen invertido en carenados mil reales por tonelada; los buques aresados al enemigo o que procedieren de trafico ilícito, adquiridos en remate público; y los encontrados en aguas españolas sin gente y sin que fuera posible averiguar su nacionalidad. Para nacionalizar las embarcaciones extranjeras de madera cuya capacidad excediese de 400 toneladas, y los vapores de casco de hieno, había de hacerse constar: la adquisición por españoles, el pago de derechos de arancel y las dimensiones de arqueo con el detalle de las circunstancias del buque, según certificación del encargado al efecto por la Autoridad de Marina. Si el abanderamiento se verificase en Filipinas, el arqueo había de hacerse precisamente por el constructor del arsenal de Cavite, según R. O. del 27 de marzo de 1848.
En las nacionalizaciones de buques náufragos se había de presentar: testimonio del remate; justificación del motivo o suceso que hubiese producido la pérdida, instruida en el juzgado de marina que conociere del naufragio; acta detallada del justiprecio pericial y certificado del pago de los derechos de introducción.
Para nacionalizar los buques capturados al extranjero y los encontrados sin dueño era suficiente: acreditar la compra en publica subasta y el pago de los derechos de introducción.
En todos los casos se necesitaban justificantes de ciudadanía o de naturalización de los adquirentes, los cuales habían de otorgar, con arreglo a las ordenanzas de matrículas, escritura de fianza con obligación de no volver a enajenar la nave a extranjeros en todo, o en parte con el objeto de evitar la simulación de bandera.
La legislación sobre abanderamiento ha sufrido radical reforma por el Decreto de 22 de noviembre de 1868, elevarlo a Ley poco después. Del antiguo sistema restrictivo para el abanderamiento de buques extranjeros y para la carena de naves españolas en puertos de otras naciones, se pasó al de la más amplia libertad. Dice así la parte dispositiva:
Art. 1.º Se permite la introducción en los dominios españoles de buques de todas clases, tanto de madera como de casco de hierro, mediante el abono de los derechos siguientes: Los de madera hasta la cabida de 100 toneladas de un metro cubico, pagarán por tonelada métrica 130 reales. Los de 101 a 300 toneladas 100 reales por cada una. Los de casco de hierro, de cualquier cabida que sean, 50 rs. por tonelada.
Art. 3.º Todo buque español podrá carenarse y recorrerse libremente en cualquier punto extranjero.
Art. 4.º Los dueños de buques españoles podrán libremente venderlos o hipotecarlos a nacionales o extranjeros.
Art. 13. Los materiales de todas clases que se importen del extranjero para la construcción, carena o reparación de buques de hierro o madera, cualquiera que sea la cabida de éstos, los efectos elaborados necesarios para su armamento y los materiales que se introduzcan para la construcción de las máquinas y calderas de vapor marinas; cualquiera que sea el sistema y fuerza de dichos aparatos, pagarán los derechos, que les señale el Arancel de Aduanas; pero les serán devueltos a los constructores y fabricantes, a petición suya, cuando acrediten la introducción e inversión de dichos materiales y efectos en las referidas construcciones o reparaciones de buques, máquinas o calderas.Tales son las disposiciones relativas de abanderamiento de buques que contiene el Decreto Ley de 22 de noviembre de 1868, el cual se hizo extensivo a Filipinas por disposición del Ministro de Ultramar de 23 de diciembre del mismo alío, y a Cuba y Puerto Rico por decreto de 3 de diciembre de 1869.
El 23 de agosto de 1870 se dictó una disposición sobre el despacho o abanderamiento de buques náufragos. Ha venido a constituir esta disposición el art. 237 de las vigentes Ordenanzas de Aduanas (19 de noviembre de 1884). Después de enumerar los requisitos que ha de cumplir el dueño o adquirente de un buque náufrago, si se propone rehabilitarlo para la navegación, dice: Averiguado el valor del buque, se fijarán los derechos que ha de pagar para ser abanderado por medio de la siguiente proporción: el valor del buque rehabilitado es a los derechos de arancel que le corresponden según su tonelaje, como el valor que tenía antes de rehabilitarse es al cuarto término, que expresará los derechos que deban exigirse. Si la diferencia entre este término y los derechos íntegros de arancel no llega al 10 por 100, se cobrarán íntegros los derechos, y si pasa del 75 por 100 se exigirá el 25 por 100de dicha totalidad. Sobre el modo de practicar los arqueos se dictaron algunas disposiciones que se examinarán al tratar de la palabra ARQUEO.
El arancel vigente de Aduanas de 23 de julio de 1882, señala a la importación de embarcaciones los siguientes derechos por cada tonelada que midan: Embarcaciones de madera hasta la cabida de 50 toneles de arqueo, 40 pesetas. Embarcaciones de la misma clase desde 51 a 300 toneles 26 pesetas. Desde 301 toneles de arqueo en adelante, 14 pesetas. Buques de casco de hierro o acero y de construcción mixta, de cualquier cabida, 12\’50 pesetas (Partidas 227 a 230).
El apéndice 32 de las Ordenanzas de Aduanas vigente contiene la instrucción para justificar la inversión de materiales en construir o reparar buques, calderas y máquinas de vapor marinas, y devolver los derechos de Aduanas satisfechos, como dispone el Decreto-Ley de 22 de noviembre de 1868; y para la exacción de los derechos correspondientes a los materiales invertidos en la reparación de buques en el extranjero, y a las toneladas de cabida que hubieren aumentado. El apéndice 33 dicta en la segunda parte las reglas que han de observarse para el abono a los constructores de buques nacionales de la prima de 40 pesetas por cada tonelada de arqueo, que les corresponde con arreglo a la Ley de 25 de julio de 1880.
El Código de Comercio desenvuelve en el título l.o del libro 3.o la doctrina del Decreto-Ley de 22 de noviembre de 1868. (Consultense los artículos 573 a 585.) Por Decreto de 26 de octubre de 1868, se permitió a los cónsules expedir pasavantes para que los buques adquiridos por españoles en el extranjero pudieran enarbolar provisionalmente bandera española en su viaje a la Península con objeto de abanderarse; pero necesitaban la previa autorización del Ministerio de Marina en cada caso. La R. O. de 5 de febrero de 1870, autorizó a los cónsules de España para expedir pasavantes sin permiso del Ministerio de Marina; pero sólo para un puerto de la Península o de Ultramar, dando cuenta en el acto al Ministerio de Estado, y avisando al mismo tiempo a la autoridad de Marina del punto a donde la nave se dirija.
Es interesantísima la cuestión contencioso administrativa que se debatió ante el Consejo Real, sobre indemnización de buque abanderado y apresado; la resolución del Consejo sienta importantes doctrinas acerca de la materia.. Durante la guerra entre Francia y Rusia se refugió en Cadiz la fragata rusa Luisa: el capitán, por temor de caer en manos de los cruceros franceses, la puso en venta y fue adquirida por el Sr. López Bustamante, a pesar de que el cónsul de Francia había comunicado al comercio de aquella plaza la resolución de su Gobierno de no reconocer la validez de las ventas de buques enemigos realizadas después de comenzar las hostilidades.
El comprador solicitó y obtuvo el abanderamiento de la fragata, la cual se inscribió con el nombre de Valentina. Duró el expediente de matrícula mucho tiempo, a consecuencia de las comunicaciones que mediaron entre los gobiernos de España y Francia, sobre la validez de las ventas de naves rusas efectuadas después del comienzo de la guerra; y, por fin, se resolvio abanderar la fragata. Hizo su primera salida de Cadiz en dirección a Santander, y a las pocas millas de aquella ciudad fue apresada por los cruceros franceses y declarada buena presa por los tribunales de la nación vecina.
El propietario pidió que le indemnizara el Tesoro público español, en vista del fallo del tribunal francés: denegada la reclamación por R. O. de 10 de abril de 1856, recurrió el interesado a la vía contenciosa ante el Consejo Real, el que confirmó la R. O. apoyándose en los siguientes considerandos: Que no hay ley, contrato o disposición administrativa que imponga al Gobierno la obligación de indemnizar.
Que no se ha demostrado que la autorización para la matrícula y abanderamiento de la fragata Valentina lleve, ni a un implícitamente, sobreentendida la obligación en el Gobierno de indemnizar al dueño del buque matriculado, de ningún género de perjuicios que le sobrevengan.
Que la obligación del Gobierno de proteger a todo buque abanderado con su pabellón, como a cualquiera otra propiedad española, obrando o reclamando, según permitan las consideraciones que el mismo ha de apreciar en cada caso para obtener reparación de los agravios que puedan inferírsele, ha sido cumplida y continua cumpliéndose con interés y perseverancia.Se dijo en la R. O. que el interesado podía gestionar ante Francia la indemnización y que el gobierno español apoyaría con eficacia las reclamaciones que hiciera.
Según la resolución del Consejo Real de 24 de julio de 1857, el abanderamiento y matrícula de nave que haya pertenecido a nación que se halle en guerra, no impone al gobierno la obligación de indemnizar al propietario, si la otra nación beligerante no reconoce el cambio de nacionalidad del buque y lo apresa. V. Buque, Arqueo y Cónsul.