Abdicacion

s. f. El acto de renunciar voluntariamente a un puesto o dignidad, o a las comodidades del lujo o de la fortuna.

Abdicación

s. f. Dejación y abandono de un credo político; como cuando se dice: nos uniremos a nuestros afines, pero sin ABDICACIÓN de ninguno de nuestros principios políticos.

Abdicación

Legisl. La acepción jurídica del vocablo abdicación tiene que ser estudiada en dos conceptos generales: l.º En sus relaciones con el derecho civil; 2.º En sus relaciones con el derecho público.

L. De La Abdicación En Sus Relaciones Con El Derecho Civil

Sus casos pueden reducirse a dos grupos: a) Abdicación de la familia (nunca en uso entre nosotros); b) Abdicación del estado civil (prohibida en nuestras leyes);

A) Abdicación De La Familia

En lo antiguo era el acto por el cual un padre separaba a un hijo de sí y de su familia.
El origen de esta clase de abdicación se remonta a la historia de la antigua Grecia. Las causas que la motivaban eran la desobediencia del hijo o su falta de respeto o de consideración para con el padre, o la conducta libre y disipada.
Para la validez legal de esta abdicación eran necesarias ciertas formalidades: el padre había de presentarse a los magistrados y hacer constar ante ellos las causas que le movían a expulsar al hijo del seno de la familia.
Semejante declaración eximía al padre de todas sus obligaciones respecto al hijo abdicado, y podía ya arrojarlo de su casa, despojado de sus vestidos y sin derecho a la herencia. Pero el padre tenía siempre derecho a anular los efectos de su abdicación.
Podía ser temporal la abdicación; tenía ésta por objeto observar el padre si el hijo se corregía de sus vicios y cumplía con sus deberes.
Esta clase de abdicación no estuvo en uso entre los romanos, ni en nuestro país ha sido nunca autorizada; antes bien las leyes han creído que jamás cesan las obligaciones de los padres para con los hijos y su abandono se ha considerado siempre como delito. V. Abandono.

B) Abdicación De Estado

Era en Roma la renuncia que el hombre libre hacía de su condición para pasar a la de esclavo; y la del ciudadano que abdicaba el derecho de ciudadanía y los privilegios que concedían las leyes al que gozaba de ella.
En los países donde no es conocido el estado de esclavitud no existe ni puede existir esta clase de abdicación. Se da algunas veces el caso de que el ciudadano deje de estar en el uso de sus derechos políticos; pero esto sucede solamente cuando por sentencia de los tribunales se impone esa privación.

Ii. De La Abdicación En Sus Relaciones Con El Derecho Público

a) Abdicación de dignidades y cargos públicos.
b) Abdicación de la Corona del Imperio, del Pontificado y de la Presidencia.
c) Abdicación de la patria.

A) Abdicación De Dignidades Y Cargos Públicos

Entre los romanos abdicatio significaba el acto de dimitir un cargo antes de terminar el tiempo señalado para su desempeño. Así, los dictadores, los pretores, los cónsules, y en general los magistrados todos, podían abdicar sus respectivas funciones. La costumbre hizo extensiva esta facultad a toda clase de puestos elevados y a toda especie de dignidades.
Sucedio al principio, y la costumbre le dio como fuerza de ley, que cuando se trataba de destituir a un funcionario elevado, o de privarle de su jurisdicción y autoridad, se anticipaban ellos a deponer sus cargos, con lo que resultaba a salvo su buen nombre y el decoro de su categoría. Habla Cicerón en su libro De Natura Deorum, a este propósito, de un caso muy curioso: habiendo manifestado los augures al Senado que convenía la dimisión de este alto cuerpo, todos los senadores abdicaron.
Esta costumbre de los romanos subsiste vigorosa y arraigada en casi todos los países modernos, donde son muy contados los casos en que se destituye a un funcionario de cierta categoría; porque lo usual es invitarle a que presente su dimisión, que en seguida se le admite.
∞∞b) Abdicación de la Corona, del Imperio, del Pontificado y de la Presidencia∞∞∞Es la dejación voluntaria de la dignidad real y del ejercicio del poder supremo propio del monarca, así como la renuncia del Imperio, del Pontificado, de la dictadura y de la presidencia en las repúblicas.
Si tratándose del simple ciudadano es de derecho natural la facultad inherente en todo funcionario de renunciar a sus cargos y dignidades, en opinión de muchos legistas no es potestativo a los Jefes del Estado llevar a cabo la abdicación del supremo poder.
En opinión de algunos escritores no debe confundirse la abdicación con la renuncia: la primera se refiere al poder supremo que se posee; mientras la segunda se aplica a la dignidad real que se espera, pero que no se posee todavía. Así pues, no quieren considerar como abdicación la renuncia que hizo del trono la reina de Castilla doña Berenguela, al ser llamada a suceder a su hermano D. Enrique, movida por su modestia o por el amor entrañable que profesaba a su hijo el rey de León D. Fernando, cuyas sienes deseaba ver ceñidas con ambas coronas (véase más adelante).
Pero la historia no confirma estas diferencias de acepción. Felipe V de Barbón empleó la palabra renuncia, así refiriéndose a los derechos que creía tener al trono de Francia, que no había ocupado aún, como al poder real de España, del cual se desprendió en favor de su hijo Luís.
Sostienen otros publicistas que la abdicación se diferencia de la renuncia, por sus efectos. Creen que la abdicación no es más que la cesión de un usufructo, o sea el traspaso de la corona durante la vida de la persona en cuyo favor se ha hecho el traspaso; de modo que al abdicante le quedan reservados sus derechos absolutamente, y entre ellos el de la reversión de la corona, en el caso de fallecer o ser depuesto aquel en quien abdicó. La renuncia, por el contrario, implica desapoderamiento absoluto de la cosa renunciada y de sus derechos de reversión próxima o remota.
Esta distinción formulada por Monje en su Tratado histórico sobre renuncias y abdicaciones ni es exacta ni ha tenido jamás realidad. Ni la corona, ni la nación son patrimonio de los reyes. No pueden estar los pueblos a merced de los caprichos de las personas reinantes; si tal doctrina prevaleciera y se admitiese en alguna nación, sería germen de permanentes guerras civiles. La razón, el bien del Estado y el orden público exigen que las abdicaciones sean irrevocables. Además, las constituciones o leyes fundamentales de cada nación establecen las líneas y grados de personas llamadas a suceder en la Corona y el orden de llamamiento. Esto en las monarquías hereditarias, que son la mayor parte; en las electivas, el pueblo recobra la soberanía que había delegado en el monarca o Jefe del Estado y nueva designación de la persona que debe desempeñar tan elevado cargo. No falta quien opine que extinguida la dinastía debe el monarca abdicante ceñirse de nuevo la corona. Más racional es que, llegado este caso, haga el país nueva designación.
Distingue algún publicista la renuncia de la abdicación, en que la primera se refiere a los derechos del que la efectúa y trasciende a toda la dinastía, en tanto que la abdicación se limita en sus efectos a la persona abdicante.
Carecen de fundamento histórico y científico todas estas distinciones. En España se usaron indiferentemente las palabras abdicar y renunciar, tratándose de la corona. El Diccionario de la Academia no establece fundamental diferencia: Abdicar es: Ceder o renunciar voluntariamente el dominio, la propiedad o algún derecho. Usase principal y exclusivamente hablando de las dignidades soberanas.)) Renuncia es: Dimisión o dejación voluntaria de una cosa que se posee, o del derecho a ella.)) La única diferencia que pudiera señalarse es la de que la abdicación es respecto de la renuncia, lo que la especie es respecto del género. De ordinario la abdicación es la renuncia de la dignidad real o de la jefatura del poder supremo: la renuncia es específicamente abdicación.
Más importante es la distinción entre abdicación y resigna o resignación de la corona. La resigna es la renuncia en favor de una persona no llamada a sentarse en el trono por la ley fundamental. A este orden pertenece la renuncia hecha por Fernando VII y su padre Carlos IV en favor de Napoleón. Suelen hacerse estas resignas bajo la presión de la persona en cuyo favor se renuncia y, careciendo de libertad el abdicante, adolece la resigna del vicio de nulidad. Nula es también la resignación, porque en las monarquías hereditarias. la ley hace el llamamiento del sucesor, y el monarca no puede variar la ley fundamental de sucesión en la corona; el derecho hereditario pertenece a toda la dinastía. Menos puede designar sucesor en las monarquías electivas, porque este derecho corresponde a la representación del pueblo.
Puede ser la abdicación expresa o tácita. Es expresa cuando el monarca manifiesta su voluntad de abandonar sus funciones en un documento. Es tácita si el rey la expresa por medio de actos u omisiones que, según la ley, deben entenderse como renuncia del poder supremo.
La abdicación ha de ser de todo el poder del supremo imperante sobre todo el territorio general de la nación, no sobre una parte del territorio.
El Sr. Chao, en la continuación de la Historia de España de Mariana, opina que no es legítima la abdicación de los soberanos que buscan en Dios el origen de su autoridad. "Si reciben su poder de Dios, claro es que sólo Dios puede deponerlos, y despojarse de él por voluntad propia debe ser tan criminal como quitarse la vida."
A estos argumentos contestan Black y Escriche, que de ser la monarquía una institución divina, se sigue que el monarca tiene el deber de hacer todo lo que es necesario para que surta completo y cumplido efecto la misión que Dios le confió, aunque para ello tenga que desaparecer de la escena política cuando juzgue que el interés general exige este sacrificio. Tal sucedería cuando el rey se viera en la imposibilidad de desempeñar su difícil cargo por falta de capacidad, energía, o por no conservar el prestigio necesario entre sus súbditos. En estos casos se presume haber puesto término a la soberanía la misma Providencia, al permitir o suscitar obstáculos que impidan al monarca el perfecto ejercicio de sus funciones. De ninguna autoridad
Entre los grandes publicistas partidarios del derecho divino no ha arraigado la teoría de que los reyes desempeñaran sus funciones por disposición divina; antes bien han afirmado que si bien la autoridad es de origen divino, la persona que ha de ejercerla no viene al mundo designada por Dios, sino que recibe la investidura del poder de manos del pueblo, o se la arrebata a éste por la fuerza. El mismo Aparisi, en su opúsculo La Cuestión Dinástica, hablando del rey absoluto, decía: Que rige (a la sociedad) por la gracia de Dios, pero mediante un día la voluntad del pueblo que, expresa o tácita, consintió en manos de un hombre un cetro, que por virtud de costumbre o de ley fue pasando de generación en generación a los individuos de la privilegiada y augusta familia llamados a reinar. Según este escritor, el rey, aunque se diga absoluto, no puede por sí solo establecer, ni derogar, ni modificar una ley fundamental. Esta doctrina ha prevalecido entre los más distinguidos publicistas partidarios de la teoría del derecho divino y del régimen absoluto. Para ellos el derecho de abdicación no arranca de la omnímoda e ilimitada voluntad del monarca, como pretende un distinguido escritor español, sino del derecho del abdicante, que por ninguna razón puede ser obligado a continuar desempeñando un cargo para el cual en conciencia no se considera apto, y de la conveniencia del pueblo que no debe estar sometido a la dirección de un hombre que ha perdido las condiciones de inteligencia y energía, o que siente repulsión invencible al desempeño de las complicadísimas y difíciles funciones que corresponden al monarca. Cualesquiera que sean las obligaciones que se impongan a un hombre, súbdito o monarca, nunca pueden contrariar las leyes de la naturaleza ni exceder los límites de la energía y de la voluntad.
No partiendo la investidura del rey, la designación de la persona que ha de desempeñar el cargo, de Dios, es indudable que aun dentro de la teoría del derecho di vino puede el rey abdicar la corona. La autoridad, dicen los partidarios de esta teoría., es de origen divino, así en las monarquías como en las repúblicas. Lo divino está en la autoridad, no en la persona que la ejerce; luego el monarca llamado de derecho divino puede abdicar, cuando crea que así lo exige el bien de su persona o el bien de sus vasallos.
Por último, es imposible obligar a reinar a quien no quiere hacerlo. Tanto en el orden ele! derecho como en el terreno de la práctica, es incuestionable el derecho de abdicar. Polonia prohibió a sus reyes terminante y expresamente el derecho de abdicar, y en ningún pueblo fueron más frecuentes las abdicaciones que en aquella desgraciada nación.
En todos los códigos se consignan formalidades para la validez del acto de abdicar, admitido en todos ellos como el ejercicio de un incuestionable derecho. Y aquí se repite lo mismo que al hablar de los monarcas absolutos: ¡quién puede hacer reinar al que no quiera!
Inspiradas las constituciones modernas en un criterio ecléctico, hállase en todas admitido el principio de la abdicación, pero no de un modo tan absoluto que en todas no se consignen condiciones especiales para que el acto tenga validez.
Según ya queda dicho, en los códigos fundamentales de 1869 y 1876 la abdicación ha de ser realizada y formalizada ante las Cortes y aprobada por las mismas.
En la primera parte de este trabajo queda manifestado que la constitución francesa de 1791 y la española de 1812 establecieron la abdicación tácita; mejor dicho, establecieron la pena de deposición si el rey verificaba ciertos actos u omisiones. Los políticos ingleses del siglo xvii entendían que el monarca abdica cuando comete actos que son subversivos del sistema de gobierno de que forma parte. Fundadas en este principio, las dos Cámaras del Parlamento inglés en 1688 decretaron que el rey Jacobo II, habiendo tratado de subvertir la Constitución del reino y violado las leyes fundamentales, había abdicado la corona.
A siete pueden reducirse las conclusiones en que están conformes los más y más distinguidos tratadistas de derecho público:
l.º No debe ser válida una abdicación, no estando hecha con arreglo a las leyes que traten del particular.
2.º En los gobiernos representativos se requiere, para abdicar, la previa autorización de las corporaciones legislativas. En los demás gobiernos es necesaria la intervención de las corporaciones y de las dignidades, cuya importancia política tenga la significación y la influencia suficientes para tomar parte en tal acto.
3.º Antes de la abdicación, el monarca manifestará por escrito su resolución voluntaria de renunciar la corona.
4.º Admitida por las Cortes la renuncia, podrá el monarca abdicar.
5.º A las Cortes toca, y no al rey, llamar al trono al sucesor del monarca abdicante.
6.º Una vez abdicada la corona ante las Cortes, se entiende completamente extinguido el derecho a reinar; y, así, toda acción intentada para recobrar el poder se considerará esencialmente nula y culpable, por lo que, si por circunstancias extraordinarias, las Cortes llevaran nuevamente el abdicante al poder, su nueva elevación no le conferiría las prerrogativas anejas a la majestad real, pues únicamente como medida de orden público obtendría el abdicante la regencia del reino, a nombre de la persona a quien por la ley correspondiera la corona.
7.º No tendrá efecto ninguna. abdicación del poder supremo sobre una parte del territorio: la abdicación ha de ser de todo el poder del supremo imperante sobre todo el patrimonio general de la nación.
Las anteriores conclusiones están de acuerdo con la historia de España, donde los reyes no abdicaron a su antojo, sino sujetándose a las leyes: sólo en el período del absolutismo los monarcas atropellaron las leyes y las costumbres en materia de abdicación. El Sr. Colmeiro en el Curso de derecho político, según la historia de León y Castilla, cap. xxvi, -Renuncia de la corona- dice: No es lícito al rey abdicar con la libertad del que renuncia un mayorazgo o arroja al suelo la carga que oprime sus hombros. La razón no lo consiente, la justicia lo reprueba y tampoco lo autoriza la historia. Y en otro párrafo, hablando del juramento que mutuamente se prestaban el rey y el pueblo: Era por tanto cosa llana y comunmente recibida que los reyes no podían renunciar la corona a su voluntad, a la manera que una persona no puede faltar al contrato sin la vénia de la otra parte con quien su fe la tiene ligada. La doctrina del pacto indisoluble, salvo el caso de avenencia, es el asiento más firme de los tronos, porque la no reciprocidad de los derechos y deberes del príncipe y los súbditos conduce a la peligrosa teoría, que si el primero es libre en descargarse a su capricho del peso del gobierno, los segundos habrán de ser también libres en negarle la obediencia y deponerle de su dignidad. Intervinieron en las renuncias las personas o corporaciones que juraban fidelidad al Rey y al mismo tiempo le exigían juramento de respetar las libertades y fueros. Martinez Marina, en su obra Teoría de las Cortes, reseña la abdicación de Wamba en los siguientes términos: Renunció la corona en el año 680, y a consecuencia de esta renuncia los condes palatinos eligieron por monarca a Ervigio, el cual, para asegurarse en el solio de los príncipes godos, tuvo necesidad de acreditar legalmente ante toda la nación la plena libertad con que Wamba había abdicado la corona y la legitimidad de su elección y elevación al trono. Con este fin convocó un concilio nacional que fue el XII de Toledo, y presentándose con la mayor veneración y humildad al Congreso, le entrego un memorial comprensivo de los puntos que se habían de examinar y resolver, presentando al mismo tiempo varios documentos relativos a la renuncia del rey Wamba: el primero firmado por tres grandes y condes palatinos, que como testigos oculares daban fe de que Wamba había recibido la tonsura y hábito religioso: el segundo firmado por el mismo Wamba, acreditaba la libre renuncia que hizo del reino, y el deseo que en este acto manifestó de que Ervigio le sucediese en la corona. Los vocales desde luego aprobaron estas escrituras, y dieron por legitima la elección de Ervigio y la confirmación. Y a consecuencia de esta resolución, absolvieron al pueblo del juramento de fidelidad hecho a Wamba, y recomendaron a todos la sagrada obligación de respetar y obedecer al nuevo príncipe. Después de la invasión de España por los árabes, el primer caso de abdicación es el del rey de Asturias Bermuclo I el Diácono, que renunció la corona en favor de Alfonso II el Casto. Los próceres y magnates daban entonces la corona y ellos fueron los que legitimaron con su voto la abdicación y la elevación al trono de Alfonso. Año de 797.
D. Alfonso III el Magno abdicó la corona en su hijo D. García: abdicación a que se vió obligado, después de 44 años de reinado glorioso, porque su hijo D. García, unido a muchos grandes del reino, se levantó en armas contra su padre. Los antiguos cronicones guardan silencio sobre un punto tan importante como os el consentimiento o aprobación de la nobleza. Se verificó la renuncia el alto 910.
D. Alfonso IV, llamado el Monje, renunció la corona de León en su hermano D. Ramiro II, con acuerdo de los grandes de León y Galicia reunidos en Zamora. Sentidos los asturianos de no haber sido convocados a Zamora como lo fueron los leoneses y los gallegos, tomaron por rey a otro D. Alfonso, hijo de Fruela II. Año 933.
Doña Berenguela fue proclamada a la muerte ele su hermano D. Enrique, reina de Castilla en las Cortes de Valladolid en 1217. Se resistió con tenacidad a aceptar la corona, porque sus deseos de vivir retirada del mundo le hacían creerse poco idónea para el trono y renunció sus derechos en su hijo el infante D. Fernando, con aprobación de las Cortes. Así fue proclamado rey Fernando III el año 1217.
Juan I de Castilla consultó a los de su Consejo sobre la renuncia de la corona de León y Castilla, reservándose ciertas rentas y los señoríos de Sevilla y Córdoba. Proponíase coronarse rey de Portugal por los derechos que correspondían a su mujer doña Beatriz. Los del Consejo, en un largo dictamen nutrido de buena doctrina, le disuadieron, y aun le requirieron que no hiciese cosa tan en de servicio suyo y daño del reino. Año 1390.
El año 1556 el emperador Carlos V, I de España, estando en Bruselas abdicó, ante los Estados de Flandes y Brabante, en su inmediato sucesor, Felipe II, sus Estados de los Países Bajos. No hizo lo mismo con España: se limitó a renunciar en escritura pública, sin el concurso de las Cortes, sus dominios de Aragón y Castilla. En tierra extranjera abdicó Carlos y en tierra extranjera aceptó Felipe II. En las cláusulas de la escritura palpitan las tendencias de la época a convertir los pueblos en patrimonio de los reyes: se inspiró Carlos en el absolutismo a que había aspirado toda su vida. Más parece que so trate en este documento un asunto de familia que de trasmitir un cetro. Dice: Vos cedemos, renunciamos y refutamos… los nuestros reinos de Castilla y León, Granada, Navarra, Indias… para que los administréis, hayáis y tengáis en propiedad, posesión y señorío pleno de la forma y manera que Nos los hemos tenido… y os damos poder y facultad tan cumplido como de derecho se requiere… para que os llaméis e intituléis rey de Castilla y de León… La cual (carta de renuncia), como rey y señor que en lo temporal no reconoce superior, queremos que sea habida, tenida y guardada por todos, como si por Nos fuese fecha en Cortes a pedimento y suplicación de los procuradores de las ciudades, villas y lugares de los dichos nuestros reinos, etc. No se hallan conformes los historiadores en apreciar las causas que determinaron la abdicación del emperador. Espontáneo cual pocos de la misma índole apareció este acto, y, sin embargo se cuenta que, como el cardenal Granvela dijese en cierta ocasión a Felipe II: Hoy hace un año que abdicó vuestro padre, Felipe II replicó: Hoy hace un año que empezó a arrepentirse de haberlo hecho.
Fatigado de los negocios, resolvió Felipe V abdicar la corona en su hijo Luis I, que subió al trono en 1724. No fue más escrupuloso con las prácticas españolas que Carlos I: no pidió consejo ni acuerdo a las Cortes, y al extender el documento que acredita la abdicación, hizo copiar a la letra las cláusulas contenidas en la ya transcrita carta de Bruselas. Las gentes murmuraron de este alarde de autoridad, pero al fin fue proclamado rey Luis I. Más extraña es esta conducta de Felipe, porque para confirmar la renuncia a sus derechos eventuales de Francia, convocó Cortes en Madrid el año 1712.
Muerto sin sucesión Luis, testó en favor de su padre. El Consejo real procuró que no se instalase la regencia nombrada por Felipe en la previsión de una minoridad, e intentó convencer al retirado rey que él era aun señor natural y propietario del reino, y tenía, en justicia y en conciencia, obligación de ceñir de nuevo la corona. De la misma opinión eran la reina y la corte. En esta situación, consultó Felipe el caso con una junta de teólogos, y aunque no por unanimidad, prevaleció el dictamen favorable a la relajación del voto. Comunicado el acuerdo al Consejo, insistió en las razones ya expuestas, y añadió que de adoptar otra resolución que la suplicada, faltaría el rey al recíproco contrato que por el mismo hecho de haber jurado los reinos celebró con ellos, sin cuyo asenso y voluntad comunicada en las Cortes, no podía hacer acto que destruyese semejante sociedad. En vista de este dictamen, empeñó Felipe de nuevo las riendas del gobierno.
La abdicación de Carlos IV, verificada el 19 de marzo de 1808, es una de las más excepcionales que registra la historia. A consecuencia de una sublevación organizada y dispuesta por Fernando VII contra sus padres Carlos IV y María Luísa de Saboya, el rey abdicó en Aranjuez a favor de su hijo Fernando VII. Carlos IV se arrepintió muy pronto de tal abdicación, y en verdad que con fundado motivo, por tener su origen en un motín erizado de circunstancias agravantes. Surgió, pues, un grave conflicto de derecho público que Napoleón, constituido abusivamente en árbitro entre padreé hijo, resolvió autocráticamente, obligando a Fernando VII a renunciar sus derechos en su padre Carlos IV el día 6 de mayo de 1808, y este había antes renunciado la corona en favor de José Bonaparte, hermano del mismo Napoleón.
Isabel II abdicó en su hijo Alfonso la corona de España. Hizo la renuncia de la corona en París el año 1870, en manifiesto dirigido a los españoles. Sabed, dice, que en virtud de un acta solemne, extendida en mi residencia de París, y en presencia de los miembros de mi familia, de los grandes, dignidades, generales y hombres públicos que enumera el acta misma, he abdicado de mi real autoridad, y de todos mis derechos políticos sin género alguno de violencia, y sólo por mi espontánea y libérrima voluntad, trasmitiéndolos, con todos los que corresponden a la corona de España, a mi muy amado hijo D. Alfonso, Príncipe de Astúrias. La última abdicación en la historia de España es la de Amadeo I de Saboya, efectuada el día 11 de febrero de 1873 en documento dirigido a las Cortes, renunciando a la corona de España por mí y por mis sucesores. Leído el documento, las Cortes aceptaron la abdicación y dirigieron al rey abdicante un afectuoso mensaje.
De reyes españoles son también las abdicaciones de Fortún, rey de Navarra (año 905); la de Sancho II Abarca de Navarra en su hijo García III el Temblador (994); la de Ramiro II de Aragón en su hija Petronila (1137); y la de Petronila en su hijo Alfonso II (1162).

Abd-ur-rahman Jan

Emir del Afghanistán, nació en 1830, hijo de Mohamed Afdsul Jan, y nieto de Dost Mohamed. En su juventud había conspirado y hecho armas, en nnión de su padre y de su tío Adsim, contra Xere-Alí, y después de cinco años de lucha infructuosa, batido completamente por su sobrino Yacub, tuvo que refugiarse en Taxkend, en 1869. Desde entonces vi rió en territorio ruso (ya en Taxkend, ya en Samarcanda), y en vano procuró conseguir el apoyo del general Kaufmann para intentar un golpe de mano sobre Kabul. Pero Abd-ur-Rahmán, emir del Afghanistán en 1880, después de la campaña sostenida por los ingleses contra Xme-Alí y su hijo Yacub, y de la derrota y prisión de éste, se presentaron como candidatos al trono Musa, Ayub y Abdur-Rahmán. Inglaterra se decidió por este último y abrió con él negociaciones.
Vencido Ayub por los ingleses, estos se replegaron hacia la India, y quedó Abd-ur-Rahmán como Emir de Kabul, reconocido y protegido por aquéllos, quienes le otorgaron un subsidio anual de 120 000 libras esterlinas. Comprendio el nuevo Emir que el único medio de consolidar su autoridad y conservarla para trasmitirla a su hijo, era reconstituir la unidad de la monarquía. africana, unidad que sólo podía lograr imponiendose con mano de hierro a las inquietas y belicosas tribus que apoyaban a sus rivales o pretendían mantenerse independientes. lmplantó desde luego como sistema de gobierno el despotismo, y mostróse, más que severo, cruel con los rebeldes Guildsais y Baruksais y con los que habían sostenido a su rival Musa. Pero aún tenía otros enemigos más peligrosos; muy cerca de la. capital, y en Kabul mismo, estaban los Duranis, los Xinuaris y otras tribus que podían hacer causa común con Ayub, siempre amenazador, y le inspiraba muy poca confianza su primo Ixart, gobernador de Balj en el Turquestin afghano.
Para hacer frente a todos estos peligros, necesitaba Abd-ur-Rahmán un ejército numeroso y muy afecto a sus intereses, pagado por él; el dinero, pues, era la base que había de sostener su autoridad y su poder, y de aquí la importancia que tiene el subsidio que Inglaterra le ha otorgado. Esta nación no le ha impuesto más condiciones que la de mantenerse fiel a la amistad pactada, y seguramente Inglaterra prestará todo su apoyo al Emir, porque, cuanto mayor sea la fuerza y unidad del Afghanistán, más sólida barrera han de encontrar los rusos en sus avances hacia la India. V. Afghanistán.

Abascal Jose Fernando

Virrey del Peru, marqués de la Concordia. (N. en Oviedo1743. M. en Madrid 3d jun. 1821.) Entró en la milicia en 1762. En 1796 fue de gobernador ála isla de Cuba y tomó parte en la defensa de la Habana contra los ingleses. Poco después, en el mando de Costa Rica, desplegó Abascal, como general e intendente, tanto talento y actividad que mereció ser nombrado virrey del Peru. Abascal, que durante la travesía para ir a tomar posesión de su nuevo mando, cayó en poder de los ingleses, logró escapar de ellos, pero tuvo que vencer mil dificultades para llegar al Peru. Sus observaciones durante el viaje le sirvieron luego mucho. Con gran energía y con prudencia suma consiguió captarse en el Peru la confianza general, y la ciudad de Lima, a pesar de las perturbaciones que agitaban al país, vio levantarse en su seno muchos establecimientos de utilidad publica, escuelas gratuítas de enseñanza, una academia de dibujo y cátedras de medicina y cirugía. Por iniciativa de Abascal se moralizó y sistematizó la organización administrativa, la judicial, y sobre todo la de la policía interior. Con el nombre de voluntarios de la unión española del Peru organizó Abascal un respetable cuerpo militar destinado a mantener el espíritu de concordia entre los españoles y los americanos, ya hondamente divididos, porque la invasión de España por Napoleón en 1808 había hecho nacer en las colonias de América dos partidos, uno que quería la emancipación de la metrópoli, y otro que deseaba continuar sometido á la representación nacional. Abascal trazaba personalmente los planos de todas las expediromanas, según se ve en inscripciones antiguas.

Abascal Y Carredano (José)

Biog. Nacio en 10 de setiembre de 1830, en Los Pontones, prov. de Santander. Estudio con aprovechamiento y termino con brillantez la carrera de medicina; pero, como no fuese de su agrado el ejercicio de la profesión, Abascal resolvio ponerse al frente de los talleres de cantería establecidos en Madrid por su padre poco tiempo antes. Ha militado siempre, desde sus primeros años, en el partido progresista; y cuando, después de las jornadas de julio de 1854, se organizó la milicia nacional, fue nombrado capitán de Estado mayor de la misma. Elegido concejal en 1864, fue nombrado teniente alcalde del distrito del Centro, cargo que desempeñó hasta 22 de junio de 1866, fecha en que, a consecuencia de los acontecimientos políticos de aquel día, se vio precisado a emigrar: lo que no consiguió sino con muchas dificultades. Durante su permanencia en la alcaldía, y con motivo de la epidemia colérica de1865, prestó Abascal relevantes servicios al vecindario, y en reconocimiento por ellos le fue concedida la cruz de Beneficencia de primera clase. En 1868, realizado el movimiento revolucionario de setiembre, fue elegido individuo de la Junta revolucionaria de Madrid. Representando a ésta, con los señores Romero Robledo y Vega Armijo, cuando el duque de la Torre fue nombrado jefe del Poder ejecutivo de la nación, fue a comunicarle este nombramiento con el encargo de acompañarle en su regreso a la capital. El señor Abascal ha sido diputado dos veces: una en las Constituyentes de 1869 y otra en las primeras Cortes ordinarias de 1871. Ha desempeñado el cargo de director general del real Patrimonio. Ha sido senador electivo en la legislatura de 1871 a 1873. En 10 de febrero de 1881, y con motivo del cambio de política ocurrido pocos días antes, fue nombrado alcalde de Madrid, y poco después senador vitalicio. En 9 de mayo de1883, y por razones de índole particular, presentó su dimisión del cargo de alcalde. En 10 de diciembre de 1885, y a causa de otro cambio político motivado por el fallecimiento de don Alfonso XII, fue por segunda vez nombrado alcalde presidente del ayuntamiento de Madrid.

Abascal (Juan)

Biog. Diputado a Cortes por Coruña en 1839.

Abascal (Pedro Y Santiago)

Biog. Hermanos autores de un tratado de Aritmética, 1843, Habana.

Abandono Continuacion

IV. ABANDONO DE OBLIGACIONES.
Abandono militar. Acto de separarse de sus banderas, cuerpo o puestos militares cualquier individuo del ejército o de la armada, sin permiso de sus jefes.
En todo tiempo ha sido considerado como el mayor delito, excepto el de traición, que puede cometer un individuo de la milicia, desde el soldado al general. Ya en tiempo de los egipcios se castigaba con el mayor rigor esta clase de abandono. En la táctica del emperador León se lee: Sea castigado con muerte el que abandonare una ciudad o un fuerte o viéndose obligado por falta de víveres, o el que abandonare su cuerpo o huyere del campo de batalla; y sea diezmada la primera porción de tropa que sin motivo abandonare el campo.Tres clases de abandono castiga el Código Penal Militar de 17 de noviembre de 1884. El que abandonare sus banderas para ir a formar parte del ejército enemigo será castigado con la pena de muerte y degradación militar (Art. 94). El que mandando guardia, patrulla, avanzada o cualquiera fuerza en servicio de armas, al frente del enemigo o rebeldes o sediciosos abandonare su puesto, incurrirá en la pena de muerte. Si el abandono se verificare en campaña o lugar declarado en estado de guerra, y no se hallare comprendido en el caso anterior, será castigado con la pena de reclusión militar temporal. En todos los demás casos se castigará con prisión militar correccional a prisión militar mayor (Art. 129). En las mismas penas, respectivamente señaladas en el art. anterior, incurrirá el centinela que abandonare su puesto (Art. 130). Cualquiera otro militar que abandonare los servicios señalados en el art. 129 será castigado: 1.º con la pena de reclusión militar temporal a muerte, si lo ejecutare al frente del enemigo o de rebeldes o sediciosos. 2.º con la prisión militar mayor cuando el abandono se verificase en campaña o lugar declarado en estado de guerra y no estuviere comprendido en el caso primero. 3.º con la de arresto militar o prisión militar correccional en los demás casos (Art. 131). También comete una especie de delito de abandono militar el desertor, del que se tratar´ en el artículo Deserción.
Con arreglo a las Ordenanzas de la Armada de 1748, hoy vigentes, el que en naufragio, incendio u otro conflicto en que la nave pueda hallarse, faltare al puesto o abandonase el trabajo a que le hayan destinado sus superiores, será sometido a Consejo de Guerra y castigado a proporción de las resultas de su desobediencia; según las circunstancias podrá extenderse hasta la de muerte. El soldado que estando de centinela a bordo abandonare su puesto, será pasado por las baquetas y condenado a cuatro años de destierro al arsenal; pero si el abandono fuere malicioso con el fin de facilitar deserción o desorden, será pasado por las armas.
El sargento, cabo, tambor o soldado que abandonare la compañía o brigada en que se hubiese empeñado, aunque sea para sentar plaza en otra, sin licencia en debida forma del Inspector o superior a quien pertenezca darla, será pasado por las armas. (Arts. 29, 42 y 47 de las Ordenanzas.) La R. O. de 24 de setiembre de 1776 dispone que todo comandante de guardia, sea oficial, sargento o cabo, que en tiempo de guerra abandonare la guardia, sufra la pena de muerte, y en tiempo de paz, privación de empleo, separación del servicio y seis años de presidio; que el soldado que en tiempo de guerra la abandonare, sufra la pena de muerte, en el de paz seis años de presidio, sujetando a esta pena al sargento o cabo que no sean jefes de guardia y cometan este delito.
Las RR. OO. de 14 de agosto de 1817, y 11 de enero de 1868 establecen que todo oficial, de cualquiera graduación que sea, que abandonando sus banderas o destino vaya a la Corte sea privado de su empleo, sin perjuicio de aplicarle la pena a que se haya hecho acreedor según las circunstancias que concurran en el caso. Establecen también que no pueda ser alta definitiva hasta que recaiga real resolución en los procedimientos.
Abandono de destino. Dejación de un empleo sin licencia del jefe o sin previa admisión de renuncia presentada.
El empleado que abandona el destino incurre, por regla general, en responsabilidad exigible ante los tribunales, más o menos grave según las circunstancias.
El Código Penal de 1870 castiga con la pena de suspensión en sus grados medio y máximo al funcionario público que, sin habérselo admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño de la causa publica. Si el abandono de destino se hiciere para no impedir, no perseguir o no castigar los delitos contra la seguridad exterior del Estado o contra la Constitución. se impondrá al culpable la pena de prisión correccional en su grado mínimo al medio, y la de arresto mayor, si tuviere por motivo el no impedir, no perseguir o no castigar cualquiera otra clase de delito (Art. 387). Los empleados que, sin habérselos admitido la renuncia de su cargo, lo abandonaren cuando haya peligro de rebelión o sedición, incurren en la pena de inhabilitación especial temporal (Art. 261). Jurisprudencia.
Es responsable del delito de abandono de destino con daño de la causa publica, el maestro de instrucción primaria que con pretexto de que no se le paga, se ausenta del pueblo sin permiso ni autorización del Alcalde, dejando cerrado el edificio de la escuela. (S. de 7 de mayo de 1874.\’l.\’. S.) Incurre en el delito de abandono de destino el notario que se ausenta del pueblo donde ejerce su cargo, sin autorización competente, con objeto de evitar las penalidades que se le habían impuesto en causa que se le seguía por falsificación de documentos públicos. (S. de 14 de noviembre de 187.6. \’l.\’. S.) Las leyes españolas castigan con más rigor el abandono de destino en tiempo de epidemia que en circunstancias normales. Durante las epidemias que en el presente siglo han azotado a España, han dictado los gobiernos Reales Ordenes y otras disposiciones encaminadas a evitar que los empleados públicos abandonaran sus puestos.
Se adoptaron medidas severas, en particular contra los profesores titulares de medicina. Por la R. O. de 28 de junio de 1834 se prohibe a los empleados ausentarse de los puntos donde se haya manifestado la epidemia, sin mandato de sus jefes y a éstos expedirlo como no sea para objetos interesantes del servicio; y se declara vacante el empleo de cualquiera individuo que solicitare licencia para separarse del pueblo en que lo desempeña, desde el momento en que se haya presentado en él la enfermedad, hasta que por la autoridad se declare su estado de perfecta salud.
La R. O. de 19 de julio de 1855 dispone: que los profesores titulares U.e medicina no podrán abandonar el pueblo de su residencia en caso de epidemia; que no podrán ausentarse los médicos que cobren sueldo del Estado o U.el presupuesto municipal o provincial; que los que abandonen sus puestos perderán esos sueldos, sin prejuício de sufrir las penas que el Código prescribe.
El 4 de agosto de 1855 se dictó una R. O. previniendo a los empleados, dependientes del Ministerio do Gracia y Justicia, que no abandonen las Poblaciones en que tengan fija su residencia si fueren acometidas por el cólera, y encargando a las autoridades municipales que si el Juez de instancia o Promotor fiscal se ausentasen, lo participen al Regente de la Audiencia y en el mismo día eleven parte al Ministerio.
El art. 73 de la ley de sanidad de 28 de noviembre de 1855 dice: Al facultativo titular que en época de epidemia o contagio abandonase el puesto de su residencia, se le privará del ejercicio de su profesión por tiempo determinado, a juicio del Gobierno, con arreglo a las causas atenuantes o agravantes que concurran, oyendo siempre al Consejo de Sanidad.En la R. O. de de abril do 1856 se ordena a los gobernadores de provincia que, para probarlas faltas que cometan los médicos de los pueblos que los abandonen en caso de epidemia, formen expediente en el cual se hagan constar: 1.º La queja que motiva el procedimiento; 2.º El sumario que, sobre el proceso, deberá practicar el alcalde del pueblo en que haya ocurrido; 3.º El dictámen del ayuntamiento acerca del mismo; 4.º La copia testimoniada del contrato celebrado entre la corporación municipal y el facultativo; y 5.º Una declaración prestada por éste en que dé la explicación que estime de su conducta, y presente sus descargos, a la cual acompañen los documentos justificativos que juzgue oportunos. El expediente se remitirá al Gobierno para que dicte la resolución que corresponda, oyendo previamente al Consejo de Sanidad.
Abandono de beneficios eclesiásticos. Es muy complicada la legislación referente al asunto; pero casi toda tiene por objeto señalar los casos en que se presume el abandono. Presúmese por ausencia, por residencia en lugar distinto del en que ha de servirse el beneficio, por desamparo de la cura de almas, por retención a un tiempo de muchos beneficios incompatibles, por resistencia a vestir traje honesto, por contraer matrimonio ó hacerse soldado o cómico juglar….
Todas estas clases de abandono llevan consigo la pérdida del beneficio (según las leyes 16 y 17,tít. 16, part. 1; ley l."y 2.", tít. 15, lib. I, Nov. Rec.; capítulos 1 y 2, sesión 6.; 4 y 5 sesión7. y 1 y 14, sesión 23 del Concilio de Trento, y ley l.", tít. 11, lib. I, de las leyes de Indias.
Consultese el R. D. de 5 ag. de 1869 sobre el abandono de beneficios de los eclesiásticos unidos al levantamiento carlista, y la sentencia del Tribunal Supremo de 26 jul. 1871, apoyada en las leyes 1, 5, 7, 8, 9 y 10, y las notas 4 y 7 del título 8, la 23 y nota 25 del l. 0, de la Nov. Recop.
Abandono al brazo seglar. Es el acto en virtud del cual el juez eclesiástico, después de haber juzgado a un delincuente de su fuero y dictado sentencia con arreglo a las leyes canonicas, hace entrega del reo a la jurisdicción civil, para que ésta le imponga, según los casos, el castigo que la ley común determine.
Decretada en 6 dic. 1868 la unidad de fueros, no es ya posible este abandono al brazo seglar, pues hoy sólo la jurisdicción ordinaria entiende de los crímenes de los eclesiásticos.
Abandono de religión. V. Apostasía.
Abandono de la gracia: Teol. Los libros sagrados contienen algunos pasajes, de los cuales parece deducirse que Dios abandona a pecadores determinados y aun a naciones enteras.
En la interpretación de estos pasajes disienten los teólogos.