Abdicacion

s. f. El acto de renunciar voluntariamente a un puesto o dignidad, o a las comodidades del lujo o de la fortuna.

Abdicación

s. f. Dejación y abandono de un credo político; como cuando se dice: nos uniremos a nuestros afines, pero sin ABDICACIÓN de ninguno de nuestros principios políticos.

Abdicación

Legisl. La acepción jurídica del vocablo abdicación tiene que ser estudiada en dos conceptos generales: l.º En sus relaciones con el derecho civil; 2.º En sus relaciones con el derecho público.

L. De La Abdicación En Sus Relaciones Con El Derecho Civil

Sus casos pueden reducirse a dos grupos: a) Abdicación de la familia (nunca en uso entre nosotros); b) Abdicación del estado civil (prohibida en nuestras leyes);

A) Abdicación De La Familia

En lo antiguo era el acto por el cual un padre separaba a un hijo de sí y de su familia.
El origen de esta clase de abdicación se remonta a la historia de la antigua Grecia. Las causas que la motivaban eran la desobediencia del hijo o su falta de respeto o de consideración para con el padre, o la conducta libre y disipada.
Para la validez legal de esta abdicación eran necesarias ciertas formalidades: el padre había de presentarse a los magistrados y hacer constar ante ellos las causas que le movían a expulsar al hijo del seno de la familia.
Semejante declaración eximía al padre de todas sus obligaciones respecto al hijo abdicado, y podía ya arrojarlo de su casa, despojado de sus vestidos y sin derecho a la herencia. Pero el padre tenía siempre derecho a anular los efectos de su abdicación.
Podía ser temporal la abdicación; tenía ésta por objeto observar el padre si el hijo se corregía de sus vicios y cumplía con sus deberes.
Esta clase de abdicación no estuvo en uso entre los romanos, ni en nuestro país ha sido nunca autorizada; antes bien las leyes han creído que jamás cesan las obligaciones de los padres para con los hijos y su abandono se ha considerado siempre como delito. V. Abandono.

B) Abdicación De Estado

Era en Roma la renuncia que el hombre libre hacía de su condición para pasar a la de esclavo; y la del ciudadano que abdicaba el derecho de ciudadanía y los privilegios que concedían las leyes al que gozaba de ella.
En los países donde no es conocido el estado de esclavitud no existe ni puede existir esta clase de abdicación. Se da algunas veces el caso de que el ciudadano deje de estar en el uso de sus derechos políticos; pero esto sucede solamente cuando por sentencia de los tribunales se impone esa privación.

Ii. De La Abdicación En Sus Relaciones Con El Derecho Público

a) Abdicación de dignidades y cargos públicos.
b) Abdicación de la Corona del Imperio, del Pontificado y de la Presidencia.
c) Abdicación de la patria.

A) Abdicación De Dignidades Y Cargos Públicos

Entre los romanos abdicatio significaba el acto de dimitir un cargo antes de terminar el tiempo señalado para su desempeño. Así, los dictadores, los pretores, los cónsules, y en general los magistrados todos, podían abdicar sus respectivas funciones. La costumbre hizo extensiva esta facultad a toda clase de puestos elevados y a toda especie de dignidades.
Sucedio al principio, y la costumbre le dio como fuerza de ley, que cuando se trataba de destituir a un funcionario elevado, o de privarle de su jurisdicción y autoridad, se anticipaban ellos a deponer sus cargos, con lo que resultaba a salvo su buen nombre y el decoro de su categoría. Habla Cicerón en su libro De Natura Deorum, a este propósito, de un caso muy curioso: habiendo manifestado los augures al Senado que convenía la dimisión de este alto cuerpo, todos los senadores abdicaron.
Esta costumbre de los romanos subsiste vigorosa y arraigada en casi todos los países modernos, donde son muy contados los casos en que se destituye a un funcionario de cierta categoría; porque lo usual es invitarle a que presente su dimisión, que en seguida se le admite.
∞∞b) Abdicación de la Corona, del Imperio, del Pontificado y de la Presidencia∞∞∞Es la dejación voluntaria de la dignidad real y del ejercicio del poder supremo propio del monarca, así como la renuncia del Imperio, del Pontificado, de la dictadura y de la presidencia en las repúblicas.
Si tratándose del simple ciudadano es de derecho natural la facultad inherente en todo funcionario de renunciar a sus cargos y dignidades, en opinión de muchos legistas no es potestativo a los Jefes del Estado llevar a cabo la abdicación del supremo poder.
En opinión de algunos escritores no debe confundirse la abdicación con la renuncia: la primera se refiere al poder supremo que se posee; mientras la segunda se aplica a la dignidad real que se espera, pero que no se posee todavía. Así pues, no quieren considerar como abdicación la renuncia que hizo del trono la reina de Castilla doña Berenguela, al ser llamada a suceder a su hermano D. Enrique, movida por su modestia o por el amor entrañable que profesaba a su hijo el rey de León D. Fernando, cuyas sienes deseaba ver ceñidas con ambas coronas (véase más adelante).
Pero la historia no confirma estas diferencias de acepción. Felipe V de Barbón empleó la palabra renuncia, así refiriéndose a los derechos que creía tener al trono de Francia, que no había ocupado aún, como al poder real de España, del cual se desprendió en favor de su hijo Luís.
Sostienen otros publicistas que la abdicación se diferencia de la renuncia, por sus efectos. Creen que la abdicación no es más que la cesión de un usufructo, o sea el traspaso de la corona durante la vida de la persona en cuyo favor se ha hecho el traspaso; de modo que al abdicante le quedan reservados sus derechos absolutamente, y entre ellos el de la reversión de la corona, en el caso de fallecer o ser depuesto aquel en quien abdicó. La renuncia, por el contrario, implica desapoderamiento absoluto de la cosa renunciada y de sus derechos de reversión próxima o remota.
Esta distinción formulada por Monje en su Tratado histórico sobre renuncias y abdicaciones ni es exacta ni ha tenido jamás realidad. Ni la corona, ni la nación son patrimonio de los reyes. No pueden estar los pueblos a merced de los caprichos de las personas reinantes; si tal doctrina prevaleciera y se admitiese en alguna nación, sería germen de permanentes guerras civiles. La razón, el bien del Estado y el orden público exigen que las abdicaciones sean irrevocables. Además, las constituciones o leyes fundamentales de cada nación establecen las líneas y grados de personas llamadas a suceder en la Corona y el orden de llamamiento. Esto en las monarquías hereditarias, que son la mayor parte; en las electivas, el pueblo recobra la soberanía que había delegado en el monarca o Jefe del Estado y nueva designación de la persona que debe desempeñar tan elevado cargo. No falta quien opine que extinguida la dinastía debe el monarca abdicante ceñirse de nuevo la corona. Más racional es que, llegado este caso, haga el país nueva designación.
Distingue algún publicista la renuncia de la abdicación, en que la primera se refiere a los derechos del que la efectúa y trasciende a toda la dinastía, en tanto que la abdicación se limita en sus efectos a la persona abdicante.
Carecen de fundamento histórico y científico todas estas distinciones. En España se usaron indiferentemente las palabras abdicar y renunciar, tratándose de la corona. El Diccionario de la Academia no establece fundamental diferencia: Abdicar es: Ceder o renunciar voluntariamente el dominio, la propiedad o algún derecho. Usase principal y exclusivamente hablando de las dignidades soberanas.)) Renuncia es: Dimisión o dejación voluntaria de una cosa que se posee, o del derecho a ella.)) La única diferencia que pudiera señalarse es la de que la abdicación es respecto de la renuncia, lo que la especie es respecto del género. De ordinario la abdicación es la renuncia de la dignidad real o de la jefatura del poder supremo: la renuncia es específicamente abdicación.
Más importante es la distinción entre abdicación y resigna o resignación de la corona. La resigna es la renuncia en favor de una persona no llamada a sentarse en el trono por la ley fundamental. A este orden pertenece la renuncia hecha por Fernando VII y su padre Carlos IV en favor de Napoleón. Suelen hacerse estas resignas bajo la presión de la persona en cuyo favor se renuncia y, careciendo de libertad el abdicante, adolece la resigna del vicio de nulidad. Nula es también la resignación, porque en las monarquías hereditarias. la ley hace el llamamiento del sucesor, y el monarca no puede variar la ley fundamental de sucesión en la corona; el derecho hereditario pertenece a toda la dinastía. Menos puede designar sucesor en las monarquías electivas, porque este derecho corresponde a la representación del pueblo.
Puede ser la abdicación expresa o tácita. Es expresa cuando el monarca manifiesta su voluntad de abandonar sus funciones en un documento. Es tácita si el rey la expresa por medio de actos u omisiones que, según la ley, deben entenderse como renuncia del poder supremo.
La abdicación ha de ser de todo el poder del supremo imperante sobre todo el territorio general de la nación, no sobre una parte del territorio.
El Sr. Chao, en la continuación de la Historia de España de Mariana, opina que no es legítima la abdicación de los soberanos que buscan en Dios el origen de su autoridad. "Si reciben su poder de Dios, claro es que sólo Dios puede deponerlos, y despojarse de él por voluntad propia debe ser tan criminal como quitarse la vida."
A estos argumentos contestan Black y Escriche, que de ser la monarquía una institución divina, se sigue que el monarca tiene el deber de hacer todo lo que es necesario para que surta completo y cumplido efecto la misión que Dios le confió, aunque para ello tenga que desaparecer de la escena política cuando juzgue que el interés general exige este sacrificio. Tal sucedería cuando el rey se viera en la imposibilidad de desempeñar su difícil cargo por falta de capacidad, energía, o por no conservar el prestigio necesario entre sus súbditos. En estos casos se presume haber puesto término a la soberanía la misma Providencia, al permitir o suscitar obstáculos que impidan al monarca el perfecto ejercicio de sus funciones. De ninguna autoridad
Entre los grandes publicistas partidarios del derecho divino no ha arraigado la teoría de que los reyes desempeñaran sus funciones por disposición divina; antes bien han afirmado que si bien la autoridad es de origen divino, la persona que ha de ejercerla no viene al mundo designada por Dios, sino que recibe la investidura del poder de manos del pueblo, o se la arrebata a éste por la fuerza. El mismo Aparisi, en su opúsculo La Cuestión Dinástica, hablando del rey absoluto, decía: Que rige (a la sociedad) por la gracia de Dios, pero mediante un día la voluntad del pueblo que, expresa o tácita, consintió en manos de un hombre un cetro, que por virtud de costumbre o de ley fue pasando de generación en generación a los individuos de la privilegiada y augusta familia llamados a reinar. Según este escritor, el rey, aunque se diga absoluto, no puede por sí solo establecer, ni derogar, ni modificar una ley fundamental. Esta doctrina ha prevalecido entre los más distinguidos publicistas partidarios de la teoría del derecho divino y del régimen absoluto. Para ellos el derecho de abdicación no arranca de la omnímoda e ilimitada voluntad del monarca, como pretende un distinguido escritor español, sino del derecho del abdicante, que por ninguna razón puede ser obligado a continuar desempeñando un cargo para el cual en conciencia no se considera apto, y de la conveniencia del pueblo que no debe estar sometido a la dirección de un hombre que ha perdido las condiciones de inteligencia y energía, o que siente repulsión invencible al desempeño de las complicadísimas y difíciles funciones que corresponden al monarca. Cualesquiera que sean las obligaciones que se impongan a un hombre, súbdito o monarca, nunca pueden contrariar las leyes de la naturaleza ni exceder los límites de la energía y de la voluntad.
No partiendo la investidura del rey, la designación de la persona que ha de desempeñar el cargo, de Dios, es indudable que aun dentro de la teoría del derecho di vino puede el rey abdicar la corona. La autoridad, dicen los partidarios de esta teoría., es de origen divino, así en las monarquías como en las repúblicas. Lo divino está en la autoridad, no en la persona que la ejerce; luego el monarca llamado de derecho divino puede abdicar, cuando crea que así lo exige el bien de su persona o el bien de sus vasallos.
Por último, es imposible obligar a reinar a quien no quiere hacerlo. Tanto en el orden ele! derecho como en el terreno de la práctica, es incuestionable el derecho de abdicar. Polonia prohibió a sus reyes terminante y expresamente el derecho de abdicar, y en ningún pueblo fueron más frecuentes las abdicaciones que en aquella desgraciada nación.
En todos los códigos se consignan formalidades para la validez del acto de abdicar, admitido en todos ellos como el ejercicio de un incuestionable derecho. Y aquí se repite lo mismo que al hablar de los monarcas absolutos: ¡quién puede hacer reinar al que no quiera!
Inspiradas las constituciones modernas en un criterio ecléctico, hállase en todas admitido el principio de la abdicación, pero no de un modo tan absoluto que en todas no se consignen condiciones especiales para que el acto tenga validez.
Según ya queda dicho, en los códigos fundamentales de 1869 y 1876 la abdicación ha de ser realizada y formalizada ante las Cortes y aprobada por las mismas.
En la primera parte de este trabajo queda manifestado que la constitución francesa de 1791 y la española de 1812 establecieron la abdicación tácita; mejor dicho, establecieron la pena de deposición si el rey verificaba ciertos actos u omisiones. Los políticos ingleses del siglo xvii entendían que el monarca abdica cuando comete actos que son subversivos del sistema de gobierno de que forma parte. Fundadas en este principio, las dos Cámaras del Parlamento inglés en 1688 decretaron que el rey Jacobo II, habiendo tratado de subvertir la Constitución del reino y violado las leyes fundamentales, había abdicado la corona.
A siete pueden reducirse las conclusiones en que están conformes los más y más distinguidos tratadistas de derecho público:
l.º No debe ser válida una abdicación, no estando hecha con arreglo a las leyes que traten del particular.
2.º En los gobiernos representativos se requiere, para abdicar, la previa autorización de las corporaciones legislativas. En los demás gobiernos es necesaria la intervención de las corporaciones y de las dignidades, cuya importancia política tenga la significación y la influencia suficientes para tomar parte en tal acto.
3.º Antes de la abdicación, el monarca manifestará por escrito su resolución voluntaria de renunciar la corona.
4.º Admitida por las Cortes la renuncia, podrá el monarca abdicar.
5.º A las Cortes toca, y no al rey, llamar al trono al sucesor del monarca abdicante.
6.º Una vez abdicada la corona ante las Cortes, se entiende completamente extinguido el derecho a reinar; y, así, toda acción intentada para recobrar el poder se considerará esencialmente nula y culpable, por lo que, si por circunstancias extraordinarias, las Cortes llevaran nuevamente el abdicante al poder, su nueva elevación no le conferiría las prerrogativas anejas a la majestad real, pues únicamente como medida de orden público obtendría el abdicante la regencia del reino, a nombre de la persona a quien por la ley correspondiera la corona.
7.º No tendrá efecto ninguna. abdicación del poder supremo sobre una parte del territorio: la abdicación ha de ser de todo el poder del supremo imperante sobre todo el patrimonio general de la nación.
Las anteriores conclusiones están de acuerdo con la historia de España, donde los reyes no abdicaron a su antojo, sino sujetándose a las leyes: sólo en el período del absolutismo los monarcas atropellaron las leyes y las costumbres en materia de abdicación. El Sr. Colmeiro en el Curso de derecho político, según la historia de León y Castilla, cap. xxvi, -Renuncia de la corona- dice: No es lícito al rey abdicar con la libertad del que renuncia un mayorazgo o arroja al suelo la carga que oprime sus hombros. La razón no lo consiente, la justicia lo reprueba y tampoco lo autoriza la historia. Y en otro párrafo, hablando del juramento que mutuamente se prestaban el rey y el pueblo: Era por tanto cosa llana y comunmente recibida que los reyes no podían renunciar la corona a su voluntad, a la manera que una persona no puede faltar al contrato sin la vénia de la otra parte con quien su fe la tiene ligada. La doctrina del pacto indisoluble, salvo el caso de avenencia, es el asiento más firme de los tronos, porque la no reciprocidad de los derechos y deberes del príncipe y los súbditos conduce a la peligrosa teoría, que si el primero es libre en descargarse a su capricho del peso del gobierno, los segundos habrán de ser también libres en negarle la obediencia y deponerle de su dignidad. Intervinieron en las renuncias las personas o corporaciones que juraban fidelidad al Rey y al mismo tiempo le exigían juramento de respetar las libertades y fueros. Martinez Marina, en su obra Teoría de las Cortes, reseña la abdicación de Wamba en los siguientes términos: Renunció la corona en el año 680, y a consecuencia de esta renuncia los condes palatinos eligieron por monarca a Ervigio, el cual, para asegurarse en el solio de los príncipes godos, tuvo necesidad de acreditar legalmente ante toda la nación la plena libertad con que Wamba había abdicado la corona y la legitimidad de su elección y elevación al trono. Con este fin convocó un concilio nacional que fue el XII de Toledo, y presentándose con la mayor veneración y humildad al Congreso, le entrego un memorial comprensivo de los puntos que se habían de examinar y resolver, presentando al mismo tiempo varios documentos relativos a la renuncia del rey Wamba: el primero firmado por tres grandes y condes palatinos, que como testigos oculares daban fe de que Wamba había recibido la tonsura y hábito religioso: el segundo firmado por el mismo Wamba, acreditaba la libre renuncia que hizo del reino, y el deseo que en este acto manifestó de que Ervigio le sucediese en la corona. Los vocales desde luego aprobaron estas escrituras, y dieron por legitima la elección de Ervigio y la confirmación. Y a consecuencia de esta resolución, absolvieron al pueblo del juramento de fidelidad hecho a Wamba, y recomendaron a todos la sagrada obligación de respetar y obedecer al nuevo príncipe. Después de la invasión de España por los árabes, el primer caso de abdicación es el del rey de Asturias Bermuclo I el Diácono, que renunció la corona en favor de Alfonso II el Casto. Los próceres y magnates daban entonces la corona y ellos fueron los que legitimaron con su voto la abdicación y la elevación al trono de Alfonso. Año de 797.
D. Alfonso III el Magno abdicó la corona en su hijo D. García: abdicación a que se vió obligado, después de 44 años de reinado glorioso, porque su hijo D. García, unido a muchos grandes del reino, se levantó en armas contra su padre. Los antiguos cronicones guardan silencio sobre un punto tan importante como os el consentimiento o aprobación de la nobleza. Se verificó la renuncia el alto 910.
D. Alfonso IV, llamado el Monje, renunció la corona de León en su hermano D. Ramiro II, con acuerdo de los grandes de León y Galicia reunidos en Zamora. Sentidos los asturianos de no haber sido convocados a Zamora como lo fueron los leoneses y los gallegos, tomaron por rey a otro D. Alfonso, hijo de Fruela II. Año 933.
Doña Berenguela fue proclamada a la muerte ele su hermano D. Enrique, reina de Castilla en las Cortes de Valladolid en 1217. Se resistió con tenacidad a aceptar la corona, porque sus deseos de vivir retirada del mundo le hacían creerse poco idónea para el trono y renunció sus derechos en su hijo el infante D. Fernando, con aprobación de las Cortes. Así fue proclamado rey Fernando III el año 1217.
Juan I de Castilla consultó a los de su Consejo sobre la renuncia de la corona de León y Castilla, reservándose ciertas rentas y los señoríos de Sevilla y Córdoba. Proponíase coronarse rey de Portugal por los derechos que correspondían a su mujer doña Beatriz. Los del Consejo, en un largo dictamen nutrido de buena doctrina, le disuadieron, y aun le requirieron que no hiciese cosa tan en de servicio suyo y daño del reino. Año 1390.
El año 1556 el emperador Carlos V, I de España, estando en Bruselas abdicó, ante los Estados de Flandes y Brabante, en su inmediato sucesor, Felipe II, sus Estados de los Países Bajos. No hizo lo mismo con España: se limitó a renunciar en escritura pública, sin el concurso de las Cortes, sus dominios de Aragón y Castilla. En tierra extranjera abdicó Carlos y en tierra extranjera aceptó Felipe II. En las cláusulas de la escritura palpitan las tendencias de la época a convertir los pueblos en patrimonio de los reyes: se inspiró Carlos en el absolutismo a que había aspirado toda su vida. Más parece que so trate en este documento un asunto de familia que de trasmitir un cetro. Dice: Vos cedemos, renunciamos y refutamos… los nuestros reinos de Castilla y León, Granada, Navarra, Indias… para que los administréis, hayáis y tengáis en propiedad, posesión y señorío pleno de la forma y manera que Nos los hemos tenido… y os damos poder y facultad tan cumplido como de derecho se requiere… para que os llaméis e intituléis rey de Castilla y de León… La cual (carta de renuncia), como rey y señor que en lo temporal no reconoce superior, queremos que sea habida, tenida y guardada por todos, como si por Nos fuese fecha en Cortes a pedimento y suplicación de los procuradores de las ciudades, villas y lugares de los dichos nuestros reinos, etc. No se hallan conformes los historiadores en apreciar las causas que determinaron la abdicación del emperador. Espontáneo cual pocos de la misma índole apareció este acto, y, sin embargo se cuenta que, como el cardenal Granvela dijese en cierta ocasión a Felipe II: Hoy hace un año que abdicó vuestro padre, Felipe II replicó: Hoy hace un año que empezó a arrepentirse de haberlo hecho.
Fatigado de los negocios, resolvió Felipe V abdicar la corona en su hijo Luis I, que subió al trono en 1724. No fue más escrupuloso con las prácticas españolas que Carlos I: no pidió consejo ni acuerdo a las Cortes, y al extender el documento que acredita la abdicación, hizo copiar a la letra las cláusulas contenidas en la ya transcrita carta de Bruselas. Las gentes murmuraron de este alarde de autoridad, pero al fin fue proclamado rey Luis I. Más extraña es esta conducta de Felipe, porque para confirmar la renuncia a sus derechos eventuales de Francia, convocó Cortes en Madrid el año 1712.
Muerto sin sucesión Luis, testó en favor de su padre. El Consejo real procuró que no se instalase la regencia nombrada por Felipe en la previsión de una minoridad, e intentó convencer al retirado rey que él era aun señor natural y propietario del reino, y tenía, en justicia y en conciencia, obligación de ceñir de nuevo la corona. De la misma opinión eran la reina y la corte. En esta situación, consultó Felipe el caso con una junta de teólogos, y aunque no por unanimidad, prevaleció el dictamen favorable a la relajación del voto. Comunicado el acuerdo al Consejo, insistió en las razones ya expuestas, y añadió que de adoptar otra resolución que la suplicada, faltaría el rey al recíproco contrato que por el mismo hecho de haber jurado los reinos celebró con ellos, sin cuyo asenso y voluntad comunicada en las Cortes, no podía hacer acto que destruyese semejante sociedad. En vista de este dictamen, empeñó Felipe de nuevo las riendas del gobierno.
La abdicación de Carlos IV, verificada el 19 de marzo de 1808, es una de las más excepcionales que registra la historia. A consecuencia de una sublevación organizada y dispuesta por Fernando VII contra sus padres Carlos IV y María Luísa de Saboya, el rey abdicó en Aranjuez a favor de su hijo Fernando VII. Carlos IV se arrepintió muy pronto de tal abdicación, y en verdad que con fundado motivo, por tener su origen en un motín erizado de circunstancias agravantes. Surgió, pues, un grave conflicto de derecho público que Napoleón, constituido abusivamente en árbitro entre padreé hijo, resolvió autocráticamente, obligando a Fernando VII a renunciar sus derechos en su padre Carlos IV el día 6 de mayo de 1808, y este había antes renunciado la corona en favor de José Bonaparte, hermano del mismo Napoleón.
Isabel II abdicó en su hijo Alfonso la corona de España. Hizo la renuncia de la corona en París el año 1870, en manifiesto dirigido a los españoles. Sabed, dice, que en virtud de un acta solemne, extendida en mi residencia de París, y en presencia de los miembros de mi familia, de los grandes, dignidades, generales y hombres públicos que enumera el acta misma, he abdicado de mi real autoridad, y de todos mis derechos políticos sin género alguno de violencia, y sólo por mi espontánea y libérrima voluntad, trasmitiéndolos, con todos los que corresponden a la corona de España, a mi muy amado hijo D. Alfonso, Príncipe de Astúrias. La última abdicación en la historia de España es la de Amadeo I de Saboya, efectuada el día 11 de febrero de 1873 en documento dirigido a las Cortes, renunciando a la corona de España por mí y por mis sucesores. Leído el documento, las Cortes aceptaron la abdicación y dirigieron al rey abdicante un afectuoso mensaje.
De reyes españoles son también las abdicaciones de Fortún, rey de Navarra (año 905); la de Sancho II Abarca de Navarra en su hijo García III el Temblador (994); la de Ramiro II de Aragón en su hija Petronila (1137); y la de Petronila en su hijo Alfonso II (1162).

Abandono

(V. Abandonar) s. m. Acción y efecto de abandonar o abandonarse. Se usa en todas las acepciones del verbo abandonar y abandonarse. Desamparo. Descuido, negligencia. Dejadez, desaliño, desaseo. Sencillez, naturalidad.

Abandono

Legisl. Dejación o desamparo ya de personas, ya de cosas, ora de derechos, ora de obligaciones. El abandono se realiza unas veces explícitamente, ó. virtud de acto voluntario, y se supone otras veces por presunción o ficción legal.
l. ABANDONO DE PERSONAS. Es el acto Voluntario por el cual deja de prestar a una persona protección y auxilio otra que natural o civilmente debe prestárselos.
Nuestra legislación patria, así como las legislaciones extranjeras, han señalado sanción penal para este acto, que repugna a todo sentimiento humanitario. El fundamento, de todas las prescripciones legales a él referentes estriba en estos principios: los padres deben amparar a sus hijos: los hijos deben amparar y sostener a los padres: hay circunstancias en que estos deberes son de más necesario cumplimiento.
Por extensión, la obligación de no abandonar trasciende a otras personas.
Los juristas distinguen: Abandono de recién nacidos, que denominan exposición de parto; Abandono de menores de siete años, que llaman abandono de niños;
Abandono de la mujer por el marido que comete adulterio, que se estudia en Divorcio y Bigamia;
Abandono de hombre de la tripulación;
Y abandono de siervos o de esclavos, considerado como Abandono De Cosas.
Il. ABANDONO DE COSAS. Es la dejación de cosas muebles o inmuebles, bien por acto voluntario, bien por presunción de la ley.
En esta sección (y no en la anterior, referente al abandono de peronas) estudian los jurisconsultos el abandono de los esclavos, considerados como cosas; y, además, incluyen en ella la reparación de los daños producidos por animales sueltos, mirados como cosas abandonadas durante el tiempo en que estuvieron sin custodia. Partida 3. (Ley 49, tít. 28.) Si alguno arrojase de sí sus cosas muebles y las tuviese por desamparadas, adquirirá el dominio de ellas el primer ocupante, excepto el caso en que la cosa fuese siervo enfermo, pues entonces el siervo es declarado libre y no propio de quien se apodera de su persona.
Se exceptuan, naturalmente, las cosas que el dueño abandona y desampara, obligado por fuerza mayor, borrasca, ruina o incendio, casos todos en los cuales el dueño no pierde el dominio sobre ellas.
Partida 5. (Ley 26, tít. 12.) Cuando un propietario se ausenta sin encargar expresamente a nadie el cuidado de sus cosas, o bien cuando, sin ausentarse, deja de cuidarlas por negligencia, el primero que las ocupa no las adquiere como propiedad, pero le es lícito administrarlas como mandatario, con la obligación de dar cuentas al dueño. Partida 7." (Ley 22, tít. 15.) Cuando un animal, manso por naturaleza, causare daño sin culpa de su dueño, sea obligado éste a indemnizar el perjuicio causado o a entregar el animal. Exceptuase el caso en que el animal dañase porque alguien lo espantara o azuzara, pues entonces el causante es el obligado a la reparación, noel dueño del animal.
Ley 23, tít. 15, Partida 7. Quien tuviese bestia, naturalmente brava, como león, lobo o pantera, está obligado a tenerla encerrada y sujeta, de suerte que no pueda causar daño, y, de no guardarla, pagará al perjudicado el duplo del daño. Si la bestia, por descuido o negligencia del amo, hiriese a hombre libre, deberá pagar el dueño curación, intereses y principios. Caso de fallecimiento, el dueño de la bestia debía satisfacer cien maravedises de oro a los herederos del muerto, y otros ciento al fisco.
No falleciendo el lesionado, pero quedando inutil de algún miembro, el juez mandará resarcir los perjuicios en proporción a las circunstancias y cuantía del daño.
Ley 24, tít. 15, Partida 7. Si ganado de cualquier especie dañare o destrozare en heredad ajena por culpa del amo o del pastor, deben éstos satisfacer doblado el daño producido; pero, no habiendo culpa, el dueño sólo satisfará el daño o entregará el animal o ganado que lo haya producido. En ningún caso el dueño de la heredad en que esto ocurra está autorizado para maltratar ni lesionar el ganado ajeno.
No son menos explícitas las disposiciones de la Novísima Recopilación. Para el fisco son todos los bienes del que fallece sin testar y no tiene heredero en línea directa o trasversal (Ley l. \’, tít. 22, lib. 10). También se halla esta disposición en el Libro 3 del Fuero Real, ley 13, tit. 5. Toda cosa mostrenca y desamparada debe entregarse a la justicia del lugar, la cual la conservará durante un año, y, transcurrido sin parecer el dueño, la cosa será para el fisco (Ley 2. tít. 22, lib. 10, de la Novísima Recopilación.) Los ganados que se encuentran sin pastor, no han de ser considerados como mostrencos. Quien los hallare debe tenerlos de manifiesto dos meses y hacerlos pregonar en los mercados; y, si parece el dueño, deben serle entregados mediante pago de las costas de la guarda (Ley 5." tít. 22lib. 10.) Cuando alguno encontrare cosa ajena, debe ponerla a disposición y en poder del alcalde elelln17ar; y éste, a su vez, depositarla en persona idonea que la tenga de manifiesto un aiw y dos meses. Durante ese tiempo se pregonará una vez al mes en día de mercado. Si dentro de los 14 meses parece el dueño, se le entregará la cosa inmediatamente, y será de obligación de éste pagar las cuotas ocasionadas por guarda, depósito y pregones. Caso de que el que halló la cosa no hiciese las diligencias prevenidas, perderá el derecho a poseerla como mostrenca y habrá de restituirla como hurto. (Ley 4A, tít. 22, lib. 10). Con posterioridad a estas disposiciones se han dictado otras concernientes a la misma materia, entre las cuales son dignas de estudio la Real Cédula de 28 de febrero de 1768, relativa al abandono de las tierras que se regian con las aguas del Canal Imperial de Aragon y con el Real de Tauste. Conexionada con esa Real Cédula está la Real órden de 26 de junio de 1833. Lo principal de estas disposiciones (prescindiendo de trámites, requisitos y medidas de precaución) es que se consideran como abandonadas las tierras no cultivadas durante dos años. Pero las disposiciones que mantenían juzgados privativos de los Canales de Aragón, de Tauste y de Castilla, han sido derogadas, y hoy al derecho común están sometidas las tierras regadas por estos canales. (Consultese: R. D. de 22 nov. 1836;Ley de 3 ag. 1866, y R. O. de 30 oct. 1869.)
El propietario que no hace diligencias para recobrar la cosa que le pertenece y que otro posee como suya con justo título y buena fe, se presume que la abandona, y pasado cierto número de años pierde el derecho de reclamarla y el poseedor adquiere el dominio por el transcurso del tiempo. El acreedor que deja pasar cierto tiempo sin exigir el pago de una deuda, se supone que la abandona y pierde el derecho de reclamarla.
El poseedor de una finca gravada con una carga real queda libre de la carga, abandonando la finca en favor de aquel que tiene derecho a la carga. El censatario se libra del pago del censo abandonando al censualista la cosa acensuada.
Sobre abandono de bienes embargados debe consultarse la sentencia de 3 dic. de 1870. T. S. El deudor desgraciado y de buena fe que no se halla en la posibilidad de pagar sus deudas, puede abandonar sus bienes en favor de sus acreedores para librarse de las reclamaciones de éstos; lo que si mejora de fortuna, no le exime de pagar lo que los bienes no llegaron a cubrir. Abandono de bienes hipotecados. La ley hipotecaria autoriza al tercer poseedor de bienes hipotecados para desampararlos si vencido el plazo y reclamado el pago por el acreedor no lolas cosas aseguradas; entendiéndose por tal la que disminuya en tres cuartas partes el valor asegurado. Los demás daños se reputan averías.
No procede el abandono si el buque náufrago, varado o inhabilitado pudiera desencallarse, ponerse a flote y repararse para continuar el viaje al puerto de su destino, a no ser que el coste de la reparación exceda de las tres cuartas partes del valor en que estuviere el buque asegurado. Verificada la rehabilitación del buque, sólo responderán los aseguradores de los gastos ocasionados por la encalladura u otro daño que el buque hubiere recibido.
En los casos de naufragio y apresamiento, el asegurado tendrá la obligación de hacer por sí las diligencias que aconsejen las circunstancias, para salvar o recobrar los efectos perdidos y el asegurador habrá de reintegrarle de los gastos legítimos que para el salvamento hiciese.
Si el buque quedare absolutamente inhabilitado para navegar, el asegurado tendrá obligación de dar de ello aviso al asegurador por telegrafo, si es posible, y si no por el primer correo siguiente al recibo de la noticia. Los interesados en la carga o el capitán, en su ausencia, deberán practicar todas las diligencias posibles para conducir el cargamento al puerto de su destino; en este caso correrán por cuenta del asegurado los riesgos y gastos de descarga, almacenaje, reembarque o transbordo, excedente de flete, y todos los demás, hasta que se alijen los efectos asegurados en el punto designado en la póliza. El asegurador gozará del término de seis meses para conducir las mercancías a su destino, si la inhabilitación hubiera ocurrido en los mares que circundan a Europa desde el Estrecho del Suud hasta el Bósfolo, y un año si hubiera ocurrido en otro punto más lejano. El plazo se comenzará a contar desde el día en que el asegurado hubiere dado aviso del siniestro al asegurador. En el caso de que las diligencias practicadas por los interesados en la carga, capitán y aseguradores, para conducir las mercaderías al puerto de su destino fueren infructuosas y no encontraren buque en que verificar el transporte, podrá el asegurado propietario hacer abandono de las mismas.
Si la interrupción del viaje se verificase por embargo o detención forzada del buque, tendrá el asegurado obligación de comunicarla a los aseguradores tan pronto como llegue a su noticia, y no podrá usar de la acción de abandono hasta que hayan transcurrido los plazos de seis meses y un año, antes citados. Estará obligado el asegurado a prestar a los aseguradores cuantos auxilios esten en su mano para conseguir el alzamiento del embargo.
El flete de las mercaderías que se salven se entenderá comprendido en el abandono del buque, aun cuando se hubiere pagado anticipadamente, considerándose pertenencia de los aseguradores, a reserva de los derechos que competan a los demás acreedores.
Se tendrá por recibida la noticia para la prescripción de los plazos de seis meses y un año mencionados, desde que se haga publica, bien por medio de los periódicos, bien por correr como cierta entre los comerciantes de la residencia del asegurado o bien porque pueda probarse a éste que recibió aviso del siniestro porque la pérdida sobrevino después de haber terminado su responsabilidad.
Al tiempo de hacer el abandono deberá declarar el asegurado todos los seguros contratados sobre los efectos que abandona, así como los préstamos tomados a la gruesa sobre los mismos; hasta que haya hecho esta declaración no empezará a correr el plazo en que deberá serle reintegrado del valor de los efectos. Si cometiere fraude en esta declaración, perderá todos los derechos que J e competan por el seguro, sin dejar de responder por el préstamo que hubiere tomado sobre los efectos asegurados, no obstante su pérdida.
En el caso de apresamiento de buque, y no teniendo tiempo el asegurado de proceder de acuerdo con el asegurador, ni de esperar instrucciones suyas, podrá por sí, o el capitán en su defecto, proceder al rescate de las cosas aseguradas, poniéndolo en conocimiento del asegurador en la primera ocasión. Éste podrá aceptar o rechazar el convenio celebrado por el asegurado o el capitán, comunicando su resolución dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del convenio. Si lo aceptase, entregará en el acto la cantidad concertada por el rescate, y quedarán de su cuenta los riesgos ulteriores del viaje, conforme a las condiciones de la póliza. Si no lo aceptase, pagará la cantidad asegurada, perdiendo todo derecho a los efectos rescatados; y si dentro del término prefijado no manifestare su resolución, se entenderá que rechaza el convenio.
Si el asegurado se reintegrara en la posesión de sus efectos, por haberse represado el buque, se reputarán avería todos los gastos y perjuicios causados por la pérdida, siendo de cuenta del asegurador el reintegro; y si por consecuencia de la represa pasaren los efectos asegurados a la posesión de un tercero, el asegurado podrá usar del. derecho de abandono.
Admitido el abandono o declarado admisible en juicio, se trasmite al asegurador la propiedad de las cosas abandonadas, con las mejoras o desperfectos que en ellas sobrevengan desde el momento del abandono; no le exonera del pago la reparación del buque legalmente abandonado. Hecho el abandono, el asegurador deberá pagar el importe del seguro en el plazo fijado en la póliza, y no habiendose expresado término en ella, a los sesenta días de admitido el abandono.
El abandono no será admisible: Si las pérdidas hubieren ocurrido antes de empezar el viaje; si se hiciere de una manera parcial o condicional, sin comprender en él todos los objetos asegurados; si no se pusiere en conocimiento de los aseguradores el propósito de hacerlo, dentro de los cuatro meses siguientes al día en que el asegurado haya recibido la noticia de la pérdida acaecida, y si no se formalizara el abandono dentro de diez, contados de igual manera, en cuanto a los siniestros ocurridos de Europa, en los de Asia y Africa en el Mediterráneo, y en los de América desde los ríos de La Plata a San Lorenzo, y dentro de diez y ocho respecto a los demás; y si no se hiciere por el mismo propietario o persona especialmente autorizada por él, o por el comisionado para contratar el seguro. (Código de verifica el deudor. Si el tercer poseedor no paga carta o telegrama del capitán, del consignata Comercio de 22 de agosto de 1885, arts. 789 o no desampara los bienes afectos al gravamen, es responsable con los suyos propios, además de los hipotecados, de los intereses devengados desde el requerimiento judicial o por notario y de las costas que con su morosidad ocasionare. Desamparados los bienes hipotecados por el tercer poseedor, se consideran en poder del deudor a fin de que pueda dirigirse contra ellos el procedimiento ejecutivo (Ley hipotecaria, arts. 128 y 129).
Abandono de cosas aseguradas. Según el Derecho mercantil, en los seguros marítimos es abandono de las cosas aseguradas la cesión de la propiedad de la cosa hecha por el asegurado al asegurador, en los casos marcados por la ley, exigiéndole la cantidad estipulada en el contrato.
Podrá el asegurado abandonar por cuenta del asegurador las cosas aseguradas: En el caso de naufragio; en el de inhabilitación del buque para navegar por varada, rotura o cualquier otro accidente de mar; en el de apresamiento, embargo o detención por orden del gobierno nacional o extranjero, y en el de pérdida total o de algún corresponsal. Tendrá el asegurado el derecho de hacer abandono después de haber transcurrido un año en los viajes ordinarios y dos en los largos, sin recibir noticia del buque. En tal caso podrá reclamar del asegurador la indemnización, sin estar obligado a justificar la pérdida del buque; pero deberá probar la falta de noticias con certificación del cónsul o autoridad marítima del puerto de donde salió, y otra de los cónsules o autoridades marítimas de los del destino del buque y de su matrícula, que acrediten no haber llegado a ellos durante el plazo fijado.
Se reputan viajes cortos los que se hicieren a la costa de Europa y a las de Asia y África por el Mediterráneo; respecto de América, los que se emprendan a puertos situados más acá de los ríos de La Plata y San Lorenzo, y a las islas intermedias entre las costas de España y los puntos designados.
Abandono de buque. Acto en virtud del cual un armador, naviero o co-propietario de buque desampara la nave, a fin de librarse de la responsabilidad que puede pesar sobre ellos por los actos del capitán. Si la nave estuviese asegurada, este acto se ajustará a las reglas establecidas para el abandono de cosas aseguradas.
El naviero, el dueño y los copropietarios de un buque son responsables civilmente de las indemnizaciones en favor de tercero que ocasionare la conducta dAbandono De Nave o DE BUQUE, al acto del capitán de refugiarse en un bote y desamparar la embarcación, cuando perdiere toda esperanza de poder salvarla. En este caso deberá oír a los oficiales de la tripulación. Abandono de fletamento. V. Fletamento.
Abandono de mina. Puede ser expresa o tácita. Es expresa, cuando el propietario renuncia a la pertenencia o pertenencias que le correspondan, en comunicación dirigida al gobernador civil de la provincia. Es obligación del registrador de una mina rellenar las calicatas y cerrar los pozos que haya abierto, y participar al gobernador su determinación de abandonar la mina, bajo la multa de 250 pesetas. (Ley de Minas de 6 de julio de 1859, reformada por decretos de 4 de marzo y 29 de diciembre de 1868. Artículos 61 y 65 de la Ley y 23 del Decreto de29 diciembre de 1868.) Se supone el abandono, cuando el dueño no satisface el canon, o no cumple las condiciones de la concesión consignadas en el título de propiedad, o no ejecuta las obras de desagüe o fortificación de la mina que los ingenieros propongan y el gobernador apruebe, o no sostiene labores lo menos 183 dias al año o no hace la labor mínima que se le señale cada año. (Artículos 65 a 70 de la Ley de Minas reformada.) A las mismas reglas se ajusta el abandono de escoriales y de terreras o depósitos de minerales no fundidos, y el abandono de las oficinas de beneficio. V. Caducidad De Mina.
Abandono de mercancías. Con arreglo al artículo 687 del Código de Comercio de 22 de agosto de 1885, los fletadores y cargadores no podrán hacer, para el pago del flete y demás gastos, abandono de las mercaderías averiadas por vicio propio o caso fortuito. Procederá, sin embargo, el abandono si el cargamento consistiese en líquidos y se hubieren derramado, no quedando en los envases sino una cuarta parte de su contenido.
Para los efectos de la Renta de Aduanas el abandono de mercancías es la renuncia de su propiedad hecha por el consignatario. El abandono es expreso cuando el interesado hace la renuncia en escrito dirigido al Administrador de la Aduana: es de hecho cuando consta o se deduce de actos del interesado que no dejen lugar a duelo. Se consideran abandonadas de hecho las mercancías cuando presentado el manifiesto por el capitán y designado en él el consignatario, no se le encuentre o haya fallecido sin dejar quien le sustituya, o renuncie el designado y no quieran admitir la consignación el Cónsul de la nación del cargador o el Presidente de la Junta de Comercio en el caso de ser español; cuando pasen los plazos concedidos para el almacenaje en la Aduana o para el depósito, y dados los avisos oportunos al consignatario no se presente; cuando habiéndose presentado el consignatario a hacer el despacho, verificado éste y liquidados los derechos, no acuda a satisfacerlos después de tres comunicaciones; cuando los viajeros conduzcan mercancías ocultas y no se sometan a la penalidad que se les hubiese impuesto; cuando verificado el pago de derechos no saca el interesado los géneros del almacen de la Aduana al tercer aviso, transcurrido un mes del uno al otro; y en cualquier otro caso no previsto en que la voluntad del dueño pueda inferirse tan claramente como en los cinco citados. Si el interesado acude dentro de los plazos expresados, no puede hacerse la declaración de abandono; pero pagará los derechos de las mercancías, el de los recargos en que pudiera haber incurrido, el de los gastos de almacenaje y otros cualesquiera ocasionados.
La manifestación explícita de abandono puede hacerse en cualquier tiempo desde el momento de presentarse la declaración hasta inmediatamente antes de verificar el pago de derechos. El abandono del género exime al interesado del pago de los derechos, pero no de las multas y recargos en que haya incurrido.
Pueden abandonarse todas las mercancías, excepto las estancadas y aquellas cuya importación está prohibida, respecto de las cuales debe proceder la Administración en la forma prescrita en las Ordenanzas y en las disposiciones especiales que tratan de contrabando y de la defraudación. Las mercancías no se consideran abandonadas sino después de la declaración de Administrador, prévio el oportuno expediente. Declarada definitivamente la procedencia del abandono, el Administrador se incautará de las mercancías a nombre de la Hacienda y procederá a su venta. Del producto de la venta se deducirá relativamente el importe de los derechos, de las multas y de.\\i:.\\:los gustos de almacenaje o depósito, y después cualesquiera otros a que pudieran estar afectas las mercancías. Se dará a las cantidades restantes el destino que previenen las Ordenanzas, y si no lo tuviesen especial ingresarán en el Tesoro como productos de mercancías abandonadas. Cuando se hayan declarado abandonadas las mercancías por no haberse encontrado al consignatario o por haber éste fallecido o por haber transcurrido los plazos concedidos para el almacenaje o depósito, se conservará el sobrante en la caja de Depósitos, a disposición del interesado durante dos años; pasando este período ingresará esta cantidad en el Tesoro Público. (Ordenanzas de Aduanas de 19 de nov. de 1884, arts. 221, 222, 223, 224 y 225 y Apéndice n.o 6.) El Reglamento para la cobranza del Impuesto de Consumos de 16 de junio de 1885, en el artículo l.º, dispone que las especies que permanezcan abandonadas en los depósitos más de un año se tasarán y venderán en publica subasta. Del valor obtenido se deducirán los derechos y recargos, los gastos de almacenaje y los que se cansen en las subastas; el remanente se consignará en las Cajas del Tesoro hasta que sus dueños o herederos se presenten a reclamarlo. Transcurridos cinco años sin que nadie reclame la entrega, se dará ingreso en Tesorería a la cantidad depositada (arts. 109 y l.°.)
III. ABANDONO DE DERECHOS. El menor no puede abandonar sus derechos: al mayor de edad (sui juris) es lícito abandonar sus derechos en lo civil; pero, estando interesada la sociedad en la averiguación y pena de los crimenes, no es permitido al acusador el abandono de la acción intentada, cuando el delito no es de los que sólo se persignen a instancia de parte, ni al acusado el derecho de defensa. (A esto se refieren las leyes 8, ll y 12, tít. 7, Part. 3, y 17 y 18, tít. 1, Part. 7. Consultense: ley 9, tít. 22, Part. 3; ley 6, tít. 4, lib. II, Nov. Recop.) Los funcionarios del Ministerio fiscal ejercitan todas las acciones penales que estimen procedentes, haya o no acusador privado, o en el caso de que el que las ejercita las abandone; se exceptúan los delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte interesada.
Abandono de la instancia. Se conceptúan abandonadas las instancias en toda clase de juicios y caducan de derecho, aun respecto de los menores o incapacitados, si no se insta su curso: dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare en primera instancia; de dos, si estuviere en segunda instancia; de dos, si estuviere pendiente de recurso de casación. Los términos se cuentan siempre desde la ultima notificación que se hubiere hecho a las partes. (Ley de Enjuiciamiento civil de 21 de jun. de 1880, art. 411.) V. Caducidad De La Instancia.
Abandono de apelación o recurso. Es la renuncia expresa o tácita hecha por el litigante del derecho que las leyes de procedimiento le declaran para sostener los recursos legales intentados contra las resoluciones judiciales. El desistimiento es expreso cuando se hace por escrito. Para tener por desistido al recurrente es necesario que su procurador presente poder especial o que el mismo interesado se ratifique en el escrito. Tanto en el procedimiento civil como en el criminal puede hacerse el desistimiento en cualquiera estado del recurso, pero se le condena al que lo haya intentado en las costas ocasionadas con la interposición. Si el asunto es criminal y las partes estuvieren citadas ante el Tribunal supremo para la decisión del recurso, pierde el particular que desista la mitad del depósito, si lo hubiese constituido; si es civil y el desistimiento del recurso por infracción de ley o de doctrina legal se hace antes de ser admitido por la Sala, se devuelve todo el depósito; sólo la mitad cuando se haga después de admitido y antes del señalamiento para la vista. En los recursos por quebrantamiento de forma se devuelve la mitad del depósito, cualquiera que sea el tiempo en que tenga efecto la reparación antes del señalamiento de día para la vista: señalado éste no se verifica la devolución. (Arts. 410 y 1791 de la ley de Enjuiciamiento civil de 3 de feb. de 1881, y 907 de la ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de setiembre de 1882.)
El desistimiento es tácito cuando se dejan transcurrir los términos señalados para preparar, interponer o mejorar cualquier recurso sin haberlos utilizado, o cuando el apelante no se persona en forma ante el Tribunal Supremo dentro del término del emplazamiento: en el primer caso se da por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada la resolución judicial a que el recurso se refiere, sin necesidad de declaración expresa; y en el segundo se declara desierta la apelación, sin necesidad de que se acuse la rebeldía, y de derecho queda firme la sentencia o auto apelado, sin ulterior recurso. (Arts. 408 y 840 de la ley de Enjuiciamiento civil, y 228, 866,878 y 926 de la ley de Enjuiciamiento criminal.)
Abandono de querella. Es el desistimiento de la acción criminal comenzada a ejercer contra alguno en juicio. Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el juez o el tribunal así lo hubiese acordado. También se tendrá por abandonada la querella cuando por muerte o por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la citación que al efecto se les haga dándoles conocimiento de la querella. (Artículos 275 y 276 de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de set. de 1882.)
Abandono de pleito contencioso o administrativo. Se tiene por abandonado el litigio cuyo curso se detenga un año por culpa de las partes. (Consultense: R. D. de 20 jun. 1858; Sent. del Consejo de Estado de 29 jun. 1862.)