Abdicacion

s. f. El acto de renunciar voluntariamente a un puesto o dignidad, o a las comodidades del lujo o de la fortuna.

Abdicación

s. f. Dejación y abandono de un credo político; como cuando se dice: nos uniremos a nuestros afines, pero sin ABDICACIÓN de ninguno de nuestros principios políticos.

Abdicación

Legisl. La acepción jurídica del vocablo abdicación tiene que ser estudiada en dos conceptos generales: l.º En sus relaciones con el derecho civil; 2.º En sus relaciones con el derecho público.

L. De La Abdicación En Sus Relaciones Con El Derecho Civil

Sus casos pueden reducirse a dos grupos: a) Abdicación de la familia (nunca en uso entre nosotros); b) Abdicación del estado civil (prohibida en nuestras leyes);

A) Abdicación De La Familia

En lo antiguo era el acto por el cual un padre separaba a un hijo de sí y de su familia.
El origen de esta clase de abdicación se remonta a la historia de la antigua Grecia. Las causas que la motivaban eran la desobediencia del hijo o su falta de respeto o de consideración para con el padre, o la conducta libre y disipada.
Para la validez legal de esta abdicación eran necesarias ciertas formalidades: el padre había de presentarse a los magistrados y hacer constar ante ellos las causas que le movían a expulsar al hijo del seno de la familia.
Semejante declaración eximía al padre de todas sus obligaciones respecto al hijo abdicado, y podía ya arrojarlo de su casa, despojado de sus vestidos y sin derecho a la herencia. Pero el padre tenía siempre derecho a anular los efectos de su abdicación.
Podía ser temporal la abdicación; tenía ésta por objeto observar el padre si el hijo se corregía de sus vicios y cumplía con sus deberes.
Esta clase de abdicación no estuvo en uso entre los romanos, ni en nuestro país ha sido nunca autorizada; antes bien las leyes han creído que jamás cesan las obligaciones de los padres para con los hijos y su abandono se ha considerado siempre como delito. V. Abandono.

B) Abdicación De Estado

Era en Roma la renuncia que el hombre libre hacía de su condición para pasar a la de esclavo; y la del ciudadano que abdicaba el derecho de ciudadanía y los privilegios que concedían las leyes al que gozaba de ella.
En los países donde no es conocido el estado de esclavitud no existe ni puede existir esta clase de abdicación. Se da algunas veces el caso de que el ciudadano deje de estar en el uso de sus derechos políticos; pero esto sucede solamente cuando por sentencia de los tribunales se impone esa privación.

Ii. De La Abdicación En Sus Relaciones Con El Derecho Público

a) Abdicación de dignidades y cargos públicos.
b) Abdicación de la Corona del Imperio, del Pontificado y de la Presidencia.
c) Abdicación de la patria.

A) Abdicación De Dignidades Y Cargos Públicos

Entre los romanos abdicatio significaba el acto de dimitir un cargo antes de terminar el tiempo señalado para su desempeño. Así, los dictadores, los pretores, los cónsules, y en general los magistrados todos, podían abdicar sus respectivas funciones. La costumbre hizo extensiva esta facultad a toda clase de puestos elevados y a toda especie de dignidades.
Sucedio al principio, y la costumbre le dio como fuerza de ley, que cuando se trataba de destituir a un funcionario elevado, o de privarle de su jurisdicción y autoridad, se anticipaban ellos a deponer sus cargos, con lo que resultaba a salvo su buen nombre y el decoro de su categoría. Habla Cicerón en su libro De Natura Deorum, a este propósito, de un caso muy curioso: habiendo manifestado los augures al Senado que convenía la dimisión de este alto cuerpo, todos los senadores abdicaron.
Esta costumbre de los romanos subsiste vigorosa y arraigada en casi todos los países modernos, donde son muy contados los casos en que se destituye a un funcionario de cierta categoría; porque lo usual es invitarle a que presente su dimisión, que en seguida se le admite.
∞∞b) Abdicación de la Corona, del Imperio, del Pontificado y de la Presidencia∞∞∞Es la dejación voluntaria de la dignidad real y del ejercicio del poder supremo propio del monarca, así como la renuncia del Imperio, del Pontificado, de la dictadura y de la presidencia en las repúblicas.
Si tratándose del simple ciudadano es de derecho natural la facultad inherente en todo funcionario de renunciar a sus cargos y dignidades, en opinión de muchos legistas no es potestativo a los Jefes del Estado llevar a cabo la abdicación del supremo poder.
En opinión de algunos escritores no debe confundirse la abdicación con la renuncia: la primera se refiere al poder supremo que se posee; mientras la segunda se aplica a la dignidad real que se espera, pero que no se posee todavía. Así pues, no quieren considerar como abdicación la renuncia que hizo del trono la reina de Castilla doña Berenguela, al ser llamada a suceder a su hermano D. Enrique, movida por su modestia o por el amor entrañable que profesaba a su hijo el rey de León D. Fernando, cuyas sienes deseaba ver ceñidas con ambas coronas (véase más adelante).
Pero la historia no confirma estas diferencias de acepción. Felipe V de Barbón empleó la palabra renuncia, así refiriéndose a los derechos que creía tener al trono de Francia, que no había ocupado aún, como al poder real de España, del cual se desprendió en favor de su hijo Luís.
Sostienen otros publicistas que la abdicación se diferencia de la renuncia, por sus efectos. Creen que la abdicación no es más que la cesión de un usufructo, o sea el traspaso de la corona durante la vida de la persona en cuyo favor se ha hecho el traspaso; de modo que al abdicante le quedan reservados sus derechos absolutamente, y entre ellos el de la reversión de la corona, en el caso de fallecer o ser depuesto aquel en quien abdicó. La renuncia, por el contrario, implica desapoderamiento absoluto de la cosa renunciada y de sus derechos de reversión próxima o remota.
Esta distinción formulada por Monje en su Tratado histórico sobre renuncias y abdicaciones ni es exacta ni ha tenido jamás realidad. Ni la corona, ni la nación son patrimonio de los reyes. No pueden estar los pueblos a merced de los caprichos de las personas reinantes; si tal doctrina prevaleciera y se admitiese en alguna nación, sería germen de permanentes guerras civiles. La razón, el bien del Estado y el orden público exigen que las abdicaciones sean irrevocables. Además, las constituciones o leyes fundamentales de cada nación establecen las líneas y grados de personas llamadas a suceder en la Corona y el orden de llamamiento. Esto en las monarquías hereditarias, que son la mayor parte; en las electivas, el pueblo recobra la soberanía que había delegado en el monarca o Jefe del Estado y nueva designación de la persona que debe desempeñar tan elevado cargo. No falta quien opine que extinguida la dinastía debe el monarca abdicante ceñirse de nuevo la corona. Más racional es que, llegado este caso, haga el país nueva designación.
Distingue algún publicista la renuncia de la abdicación, en que la primera se refiere a los derechos del que la efectúa y trasciende a toda la dinastía, en tanto que la abdicación se limita en sus efectos a la persona abdicante.
Carecen de fundamento histórico y científico todas estas distinciones. En España se usaron indiferentemente las palabras abdicar y renunciar, tratándose de la corona. El Diccionario de la Academia no establece fundamental diferencia: Abdicar es: Ceder o renunciar voluntariamente el dominio, la propiedad o algún derecho. Usase principal y exclusivamente hablando de las dignidades soberanas.)) Renuncia es: Dimisión o dejación voluntaria de una cosa que se posee, o del derecho a ella.)) La única diferencia que pudiera señalarse es la de que la abdicación es respecto de la renuncia, lo que la especie es respecto del género. De ordinario la abdicación es la renuncia de la dignidad real o de la jefatura del poder supremo: la renuncia es específicamente abdicación.
Más importante es la distinción entre abdicación y resigna o resignación de la corona. La resigna es la renuncia en favor de una persona no llamada a sentarse en el trono por la ley fundamental. A este orden pertenece la renuncia hecha por Fernando VII y su padre Carlos IV en favor de Napoleón. Suelen hacerse estas resignas bajo la presión de la persona en cuyo favor se renuncia y, careciendo de libertad el abdicante, adolece la resigna del vicio de nulidad. Nula es también la resignación, porque en las monarquías hereditarias. la ley hace el llamamiento del sucesor, y el monarca no puede variar la ley fundamental de sucesión en la corona; el derecho hereditario pertenece a toda la dinastía. Menos puede designar sucesor en las monarquías electivas, porque este derecho corresponde a la representación del pueblo.
Puede ser la abdicación expresa o tácita. Es expresa cuando el monarca manifiesta su voluntad de abandonar sus funciones en un documento. Es tácita si el rey la expresa por medio de actos u omisiones que, según la ley, deben entenderse como renuncia del poder supremo.
La abdicación ha de ser de todo el poder del supremo imperante sobre todo el territorio general de la nación, no sobre una parte del territorio.
El Sr. Chao, en la continuación de la Historia de España de Mariana, opina que no es legítima la abdicación de los soberanos que buscan en Dios el origen de su autoridad. "Si reciben su poder de Dios, claro es que sólo Dios puede deponerlos, y despojarse de él por voluntad propia debe ser tan criminal como quitarse la vida."
A estos argumentos contestan Black y Escriche, que de ser la monarquía una institución divina, se sigue que el monarca tiene el deber de hacer todo lo que es necesario para que surta completo y cumplido efecto la misión que Dios le confió, aunque para ello tenga que desaparecer de la escena política cuando juzgue que el interés general exige este sacrificio. Tal sucedería cuando el rey se viera en la imposibilidad de desempeñar su difícil cargo por falta de capacidad, energía, o por no conservar el prestigio necesario entre sus súbditos. En estos casos se presume haber puesto término a la soberanía la misma Providencia, al permitir o suscitar obstáculos que impidan al monarca el perfecto ejercicio de sus funciones. De ninguna autoridad
Entre los grandes publicistas partidarios del derecho divino no ha arraigado la teoría de que los reyes desempeñaran sus funciones por disposición divina; antes bien han afirmado que si bien la autoridad es de origen divino, la persona que ha de ejercerla no viene al mundo designada por Dios, sino que recibe la investidura del poder de manos del pueblo, o se la arrebata a éste por la fuerza. El mismo Aparisi, en su opúsculo La Cuestión Dinástica, hablando del rey absoluto, decía: Que rige (a la sociedad) por la gracia de Dios, pero mediante un día la voluntad del pueblo que, expresa o tácita, consintió en manos de un hombre un cetro, que por virtud de costumbre o de ley fue pasando de generación en generación a los individuos de la privilegiada y augusta familia llamados a reinar. Según este escritor, el rey, aunque se diga absoluto, no puede por sí solo establecer, ni derogar, ni modificar una ley fundamental. Esta doctrina ha prevalecido entre los más distinguidos publicistas partidarios de la teoría del derecho divino y del régimen absoluto. Para ellos el derecho de abdicación no arranca de la omnímoda e ilimitada voluntad del monarca, como pretende un distinguido escritor español, sino del derecho del abdicante, que por ninguna razón puede ser obligado a continuar desempeñando un cargo para el cual en conciencia no se considera apto, y de la conveniencia del pueblo que no debe estar sometido a la dirección de un hombre que ha perdido las condiciones de inteligencia y energía, o que siente repulsión invencible al desempeño de las complicadísimas y difíciles funciones que corresponden al monarca. Cualesquiera que sean las obligaciones que se impongan a un hombre, súbdito o monarca, nunca pueden contrariar las leyes de la naturaleza ni exceder los límites de la energía y de la voluntad.
No partiendo la investidura del rey, la designación de la persona que ha de desempeñar el cargo, de Dios, es indudable que aun dentro de la teoría del derecho di vino puede el rey abdicar la corona. La autoridad, dicen los partidarios de esta teoría., es de origen divino, así en las monarquías como en las repúblicas. Lo divino está en la autoridad, no en la persona que la ejerce; luego el monarca llamado de derecho divino puede abdicar, cuando crea que así lo exige el bien de su persona o el bien de sus vasallos.
Por último, es imposible obligar a reinar a quien no quiere hacerlo. Tanto en el orden ele! derecho como en el terreno de la práctica, es incuestionable el derecho de abdicar. Polonia prohibió a sus reyes terminante y expresamente el derecho de abdicar, y en ningún pueblo fueron más frecuentes las abdicaciones que en aquella desgraciada nación.
En todos los códigos se consignan formalidades para la validez del acto de abdicar, admitido en todos ellos como el ejercicio de un incuestionable derecho. Y aquí se repite lo mismo que al hablar de los monarcas absolutos: ¡quién puede hacer reinar al que no quiera!
Inspiradas las constituciones modernas en un criterio ecléctico, hállase en todas admitido el principio de la abdicación, pero no de un modo tan absoluto que en todas no se consignen condiciones especiales para que el acto tenga validez.
Según ya queda dicho, en los códigos fundamentales de 1869 y 1876 la abdicación ha de ser realizada y formalizada ante las Cortes y aprobada por las mismas.
En la primera parte de este trabajo queda manifestado que la constitución francesa de 1791 y la española de 1812 establecieron la abdicación tácita; mejor dicho, establecieron la pena de deposición si el rey verificaba ciertos actos u omisiones. Los políticos ingleses del siglo xvii entendían que el monarca abdica cuando comete actos que son subversivos del sistema de gobierno de que forma parte. Fundadas en este principio, las dos Cámaras del Parlamento inglés en 1688 decretaron que el rey Jacobo II, habiendo tratado de subvertir la Constitución del reino y violado las leyes fundamentales, había abdicado la corona.
A siete pueden reducirse las conclusiones en que están conformes los más y más distinguidos tratadistas de derecho público:
l.º No debe ser válida una abdicación, no estando hecha con arreglo a las leyes que traten del particular.
2.º En los gobiernos representativos se requiere, para abdicar, la previa autorización de las corporaciones legislativas. En los demás gobiernos es necesaria la intervención de las corporaciones y de las dignidades, cuya importancia política tenga la significación y la influencia suficientes para tomar parte en tal acto.
3.º Antes de la abdicación, el monarca manifestará por escrito su resolución voluntaria de renunciar la corona.
4.º Admitida por las Cortes la renuncia, podrá el monarca abdicar.
5.º A las Cortes toca, y no al rey, llamar al trono al sucesor del monarca abdicante.
6.º Una vez abdicada la corona ante las Cortes, se entiende completamente extinguido el derecho a reinar; y, así, toda acción intentada para recobrar el poder se considerará esencialmente nula y culpable, por lo que, si por circunstancias extraordinarias, las Cortes llevaran nuevamente el abdicante al poder, su nueva elevación no le conferiría las prerrogativas anejas a la majestad real, pues únicamente como medida de orden público obtendría el abdicante la regencia del reino, a nombre de la persona a quien por la ley correspondiera la corona.
7.º No tendrá efecto ninguna. abdicación del poder supremo sobre una parte del territorio: la abdicación ha de ser de todo el poder del supremo imperante sobre todo el patrimonio general de la nación.
Las anteriores conclusiones están de acuerdo con la historia de España, donde los reyes no abdicaron a su antojo, sino sujetándose a las leyes: sólo en el período del absolutismo los monarcas atropellaron las leyes y las costumbres en materia de abdicación. El Sr. Colmeiro en el Curso de derecho político, según la historia de León y Castilla, cap. xxvi, -Renuncia de la corona- dice: No es lícito al rey abdicar con la libertad del que renuncia un mayorazgo o arroja al suelo la carga que oprime sus hombros. La razón no lo consiente, la justicia lo reprueba y tampoco lo autoriza la historia. Y en otro párrafo, hablando del juramento que mutuamente se prestaban el rey y el pueblo: Era por tanto cosa llana y comunmente recibida que los reyes no podían renunciar la corona a su voluntad, a la manera que una persona no puede faltar al contrato sin la vénia de la otra parte con quien su fe la tiene ligada. La doctrina del pacto indisoluble, salvo el caso de avenencia, es el asiento más firme de los tronos, porque la no reciprocidad de los derechos y deberes del príncipe y los súbditos conduce a la peligrosa teoría, que si el primero es libre en descargarse a su capricho del peso del gobierno, los segundos habrán de ser también libres en negarle la obediencia y deponerle de su dignidad. Intervinieron en las renuncias las personas o corporaciones que juraban fidelidad al Rey y al mismo tiempo le exigían juramento de respetar las libertades y fueros. Martinez Marina, en su obra Teoría de las Cortes, reseña la abdicación de Wamba en los siguientes términos: Renunció la corona en el año 680, y a consecuencia de esta renuncia los condes palatinos eligieron por monarca a Ervigio, el cual, para asegurarse en el solio de los príncipes godos, tuvo necesidad de acreditar legalmente ante toda la nación la plena libertad con que Wamba había abdicado la corona y la legitimidad de su elección y elevación al trono. Con este fin convocó un concilio nacional que fue el XII de Toledo, y presentándose con la mayor veneración y humildad al Congreso, le entrego un memorial comprensivo de los puntos que se habían de examinar y resolver, presentando al mismo tiempo varios documentos relativos a la renuncia del rey Wamba: el primero firmado por tres grandes y condes palatinos, que como testigos oculares daban fe de que Wamba había recibido la tonsura y hábito religioso: el segundo firmado por el mismo Wamba, acreditaba la libre renuncia que hizo del reino, y el deseo que en este acto manifestó de que Ervigio le sucediese en la corona. Los vocales desde luego aprobaron estas escrituras, y dieron por legitima la elección de Ervigio y la confirmación. Y a consecuencia de esta resolución, absolvieron al pueblo del juramento de fidelidad hecho a Wamba, y recomendaron a todos la sagrada obligación de respetar y obedecer al nuevo príncipe. Después de la invasión de España por los árabes, el primer caso de abdicación es el del rey de Asturias Bermuclo I el Diácono, que renunció la corona en favor de Alfonso II el Casto. Los próceres y magnates daban entonces la corona y ellos fueron los que legitimaron con su voto la abdicación y la elevación al trono de Alfonso. Año de 797.
D. Alfonso III el Magno abdicó la corona en su hijo D. García: abdicación a que se vió obligado, después de 44 años de reinado glorioso, porque su hijo D. García, unido a muchos grandes del reino, se levantó en armas contra su padre. Los antiguos cronicones guardan silencio sobre un punto tan importante como os el consentimiento o aprobación de la nobleza. Se verificó la renuncia el alto 910.
D. Alfonso IV, llamado el Monje, renunció la corona de León en su hermano D. Ramiro II, con acuerdo de los grandes de León y Galicia reunidos en Zamora. Sentidos los asturianos de no haber sido convocados a Zamora como lo fueron los leoneses y los gallegos, tomaron por rey a otro D. Alfonso, hijo de Fruela II. Año 933.
Doña Berenguela fue proclamada a la muerte ele su hermano D. Enrique, reina de Castilla en las Cortes de Valladolid en 1217. Se resistió con tenacidad a aceptar la corona, porque sus deseos de vivir retirada del mundo le hacían creerse poco idónea para el trono y renunció sus derechos en su hijo el infante D. Fernando, con aprobación de las Cortes. Así fue proclamado rey Fernando III el año 1217.
Juan I de Castilla consultó a los de su Consejo sobre la renuncia de la corona de León y Castilla, reservándose ciertas rentas y los señoríos de Sevilla y Córdoba. Proponíase coronarse rey de Portugal por los derechos que correspondían a su mujer doña Beatriz. Los del Consejo, en un largo dictamen nutrido de buena doctrina, le disuadieron, y aun le requirieron que no hiciese cosa tan en de servicio suyo y daño del reino. Año 1390.
El año 1556 el emperador Carlos V, I de España, estando en Bruselas abdicó, ante los Estados de Flandes y Brabante, en su inmediato sucesor, Felipe II, sus Estados de los Países Bajos. No hizo lo mismo con España: se limitó a renunciar en escritura pública, sin el concurso de las Cortes, sus dominios de Aragón y Castilla. En tierra extranjera abdicó Carlos y en tierra extranjera aceptó Felipe II. En las cláusulas de la escritura palpitan las tendencias de la época a convertir los pueblos en patrimonio de los reyes: se inspiró Carlos en el absolutismo a que había aspirado toda su vida. Más parece que so trate en este documento un asunto de familia que de trasmitir un cetro. Dice: Vos cedemos, renunciamos y refutamos… los nuestros reinos de Castilla y León, Granada, Navarra, Indias… para que los administréis, hayáis y tengáis en propiedad, posesión y señorío pleno de la forma y manera que Nos los hemos tenido… y os damos poder y facultad tan cumplido como de derecho se requiere… para que os llaméis e intituléis rey de Castilla y de León… La cual (carta de renuncia), como rey y señor que en lo temporal no reconoce superior, queremos que sea habida, tenida y guardada por todos, como si por Nos fuese fecha en Cortes a pedimento y suplicación de los procuradores de las ciudades, villas y lugares de los dichos nuestros reinos, etc. No se hallan conformes los historiadores en apreciar las causas que determinaron la abdicación del emperador. Espontáneo cual pocos de la misma índole apareció este acto, y, sin embargo se cuenta que, como el cardenal Granvela dijese en cierta ocasión a Felipe II: Hoy hace un año que abdicó vuestro padre, Felipe II replicó: Hoy hace un año que empezó a arrepentirse de haberlo hecho.
Fatigado de los negocios, resolvió Felipe V abdicar la corona en su hijo Luis I, que subió al trono en 1724. No fue más escrupuloso con las prácticas españolas que Carlos I: no pidió consejo ni acuerdo a las Cortes, y al extender el documento que acredita la abdicación, hizo copiar a la letra las cláusulas contenidas en la ya transcrita carta de Bruselas. Las gentes murmuraron de este alarde de autoridad, pero al fin fue proclamado rey Luis I. Más extraña es esta conducta de Felipe, porque para confirmar la renuncia a sus derechos eventuales de Francia, convocó Cortes en Madrid el año 1712.
Muerto sin sucesión Luis, testó en favor de su padre. El Consejo real procuró que no se instalase la regencia nombrada por Felipe en la previsión de una minoridad, e intentó convencer al retirado rey que él era aun señor natural y propietario del reino, y tenía, en justicia y en conciencia, obligación de ceñir de nuevo la corona. De la misma opinión eran la reina y la corte. En esta situación, consultó Felipe el caso con una junta de teólogos, y aunque no por unanimidad, prevaleció el dictamen favorable a la relajación del voto. Comunicado el acuerdo al Consejo, insistió en las razones ya expuestas, y añadió que de adoptar otra resolución que la suplicada, faltaría el rey al recíproco contrato que por el mismo hecho de haber jurado los reinos celebró con ellos, sin cuyo asenso y voluntad comunicada en las Cortes, no podía hacer acto que destruyese semejante sociedad. En vista de este dictamen, empeñó Felipe de nuevo las riendas del gobierno.
La abdicación de Carlos IV, verificada el 19 de marzo de 1808, es una de las más excepcionales que registra la historia. A consecuencia de una sublevación organizada y dispuesta por Fernando VII contra sus padres Carlos IV y María Luísa de Saboya, el rey abdicó en Aranjuez a favor de su hijo Fernando VII. Carlos IV se arrepintió muy pronto de tal abdicación, y en verdad que con fundado motivo, por tener su origen en un motín erizado de circunstancias agravantes. Surgió, pues, un grave conflicto de derecho público que Napoleón, constituido abusivamente en árbitro entre padreé hijo, resolvió autocráticamente, obligando a Fernando VII a renunciar sus derechos en su padre Carlos IV el día 6 de mayo de 1808, y este había antes renunciado la corona en favor de José Bonaparte, hermano del mismo Napoleón.
Isabel II abdicó en su hijo Alfonso la corona de España. Hizo la renuncia de la corona en París el año 1870, en manifiesto dirigido a los españoles. Sabed, dice, que en virtud de un acta solemne, extendida en mi residencia de París, y en presencia de los miembros de mi familia, de los grandes, dignidades, generales y hombres públicos que enumera el acta misma, he abdicado de mi real autoridad, y de todos mis derechos políticos sin género alguno de violencia, y sólo por mi espontánea y libérrima voluntad, trasmitiéndolos, con todos los que corresponden a la corona de España, a mi muy amado hijo D. Alfonso, Príncipe de Astúrias. La última abdicación en la historia de España es la de Amadeo I de Saboya, efectuada el día 11 de febrero de 1873 en documento dirigido a las Cortes, renunciando a la corona de España por mí y por mis sucesores. Leído el documento, las Cortes aceptaron la abdicación y dirigieron al rey abdicante un afectuoso mensaje.
De reyes españoles son también las abdicaciones de Fortún, rey de Navarra (año 905); la de Sancho II Abarca de Navarra en su hijo García III el Temblador (994); la de Ramiro II de Aragón en su hija Petronila (1137); y la de Petronila en su hijo Alfonso II (1162).

Abdicacion Continuacion

Las más notables abdicaciones que registra la historia del mundo son las siguientes: Pítaco, uno do los siete sabios de Grecia, en 648 antes de J. C., abdicó del poder que ejercía en Mitilene, porque temió verse obligado a convertirse en tirano de su pueblo, como se había convertido Periandro en tirano de Corinto, después de haberle gobernado con bondad paternal.
El dictador romano Sila, después de haber cubierto de sangre y de cadáveres a Roma, abdicó el poder dictatorial por un acto de vanidad, para hacer ver que no temía el peligro a que se exponía reduciéndose a la condición de mero ciudadano (79 a. J. C.).
El emperador de Roma Diocleciano abdicó también el cetro, disgustado del poder y deseando la tranquilidad de su retiro, aunque después le pesó por los disgustos que le proporcionaron sus sucesores (305 de J. C.).

Abdicación De La Patria

Es el acto de renunciar a los derechos de ciudadanía adquiridos en un país cualquiera. Es de derecho natural, la facultad que a todo hombre corresponde de abandonar su patria y de buscar en otros países consideraciones, conveniencia y medios de subsistir.
La abdicación de patria puede ser expresa y tácita. La expresa (o directa) consiste en un acto formal de renuncia a los derechos de ciudadano de la nación a que uno pertenece. La tácita (o indirecta) consiste principalmente en el hecho de adquirir el ciudadano de una nación derecho de ciudadanía en otro país.
La abdicación expresa o directa de patria se realiza muy pocas veces. Al hombre repugna el manifestar oficialmente su resolución de renunciar a la patria de su nacimiento, por muchos y muy poderosos que sean los motivos que a ello le impulsen.
Los historiadores citan como ejemplo de abdicación directa o expresa, la de Juan Jacabo Rousseau, cuyo libro Emilio fue condenado por el Consejo de la República de Ginebra, sin que el autor hubiera sido oído ni emplazado, y sin que ninguno de sus conciudadanos reclamase contra esta violación manifiesta de las leyes. Rousseau, después de haber esperado durante diez meses una reparación, que no recibió, abdicó por escrito su derecho de vecindad y de ciudadanía en 12 de mayo de 1763. También se cita la del conde de Aremberg que renunció la cualidad de ciudadano francés que había ganado durante la República.
La abdicación de la patria supone la adopción directa o indirecta de otra y viceversa; porque el hombre no puede estar sin patria, ni es natural que tenga dos patrias a la vez. Sin embargo, la historia consigna de esto algunos casos: en lo antiguo el de Alejandro, que, sin perder su ciudadanía, fue adoptado por la República de Corinto; y en lo moderno el de General Lafayette, declarado ciudadano de los Estados-Unidos sin perder su condición de ciudadano francés. V. Naturalización.
Aunque de derecho natural, la libertad de abdicar la patria está sujeta a limitación en algunas constituciones. Las ordenanzas del reino de Prusia (1818) y el Código establecieron que la abdicación de ciudadana necesitaba previo permiso del soberano, y antes, en 1807, fue prohibida en Wurtenberg toda emigración menos la de las mujeres. De hecho y prácticamente nunca el inglés cree que pierde su condición de inglés, por larga que sea su residencia fuera de la patria.
Es notable la ley que en 1870 se dictó para la Confederación de la Alemania del Norte. Según esta ley se pierde la nacionalidad alemana tan sólo en virtud de la dimisión del derecho de ciudadanía formulada por el interesado y aceptada por el Gobierno: si el ex-ciudadano no adquiere nueva nacionalidad en el plazo de seis meses, queda sin efecto la dimisión y vuelve a ser considerado ciudadano alemán. En tiempo de guerra puede el presidente de la Confederación establecer reglas especiales sobre aceptación de las dimisiones de ciudadanía: tiene por objeto esta facultad el evitar que los ciudadanos puedan sustraerse al servicio militar.
El alemán del Norte con arreglo a esta ley no pierde su nacionalidad por haberse nacionalizado y adquirido derechos de ciudadanía en otra nación: un alemán puede tener dos patrias a la vez. V. Ciudadano, Naturalización y Renuncia.